La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue promulgada sin evaluar la dimensión real de los problemas que enfrentan los menores de edad, y deja en la indefinición las facultades de los tres niveles de gobierno, por lo que si no se corrigen pronto estos aspectos, la norma podría no cumplir sus objetivos e incluso hacer más difícil la protección de las garantías de los infantes.