Ecuador

La Conaie sigue su cauce de legitimidad

Fernanda Vallejo y Ramón Vera Herrera


Oaxaca, 1993. Foto: Luis Jorge Gallegos

A los años de su fundación, la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) resultó ser más que coherente y consecuente con sus principios y con su irrenunciable empeño de promover la justicia para las comunidades, los pueblos y las naciones indígenas en este país de la mitad del mundo latinoamericano.

Parecería un mundo el que nos separa de esas épicas marchas que en sucesión en 1990-1992, en 1996, en 1998, en 2000 y en 2004 se apoderaron de la opinión pública latinoamericana, y en cuatro ocasiones lograron tirar presidentes.

Pero el camino mismo les enseñó que no bastaba con tirar a un gobierno y tampoco basta con la vía electoral que se desdibuja como opción en tanto los poderes logran corromper y amañar las elecciones, por un lado, o logran volver inamovible (por lo menos en ciertos sentidos) la estructura del poder. Es decir, esté quien esté da lo mismo: las relaciones político-económicas siguen sus cauces y expanden sus negocios.

Algunas veces, Conaie intentó acceder, mediante su movimiento hermano, el Pachakutik, a los ámbitos de la clase política, se codeó en esos círculos y fue parte incluso de algunos gobiernos. Algunos líderes se desligaron de las bases sociales de donde surgieron.

No obstante, el paso de los años encuentra a la Conaie entera, combativa, con sabiduría acumulada por sus dirigencias históricas y por la gente de comunidades que fue proponiendo defender los territorios, producir sus propios alimentos, ejercer la autonomía, su cultura y sus derechos como pueblos. Sobre todo su empeño en no desaparecer ni en el desprecio racista de la derecha, ni en la condescendencia progresista de ciertas izquierdas.

Tras ocho años de correísmo y tras años de sufrir la incomprensión y hasta los insultos del primer mandatario en sus apariciones sabatinas, la Conaie enfrenta el embate muy completo de un gobierno empeñado en desaparecer cualquier expresión independiente de organización (no sólo indígena: también han sufrido ya los movimientos magisterial y obrero sindical y ambos salieron mal parados). Parecería que cualquier disidencia le interrumpe el proyecto de país que sueña.

En particular el movimiento indígena independiente no es admitido en el horizonte político de un gobierno que se pregona “progresista”, de “centro izquierda”, inmerso en el ALBA, cuya geopolítica gravita entre Brasil, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Costa Rica y cuyos logros se proclaman Revolución Ciudadana, anunciando en su mismo membrete su predilección por la individualidad urbanizada y su hartazgo hacia lo rural y lo comunitario.

El gobierno ha sido muy concreto en promover una serie muy complicada de políticas y medidas de supuesto progreso que exigen borrar todas las diferencias culturales, todas las historias diversas proponiendo un presente donde la gente podrá acceder a los beneficios del Estado y la modernidad siempre y cuando renuncie a su defensa territorial, a su proclamada independencia moral y se asuma seguidor homologado de la corte de los milagros de las dependencias estatales que reparten paquetes tecnológicos y recursos selectivamente. Éste es un gobierno que reniega de la “larga noche neoliberal”, tal vez porque inaugura un futuro más brutal y coercitivo, más reglamentado, fragmentario y cosificado.

Hoy, haciendo eco de las políticas de la OMC y el Banco Mundial, en Ecuador funcionan tratados de libre comercio e inversión que no sólo activan las reformas estructurales en boga, sino que promueven una carga inaudita de reglamentos, normas, estándares, variables, registros, requisitos, criterios y permisos que, en paralelo a la Constitución o reformándola, en cascada con leyes y políticas públicas, le abren margen de maniobra a extensionistas y corporaciones, y cierran la posibilidad de que la gente proponga su propio camino o se le haga justicia.

Muchos son los rubros. Una ley de aguas que promueve la gestión privada de las fuentes, cauces y cuerpos de agua (que en Ecuador es muy abundante) o si acaso pública ( bajo el control municipal, provincial o nacional) dejando fuera la tradicional gestión comunitaria que situaba en manos de las asambleas de regantes la administración, cuidado y mantenimiento del líquido. Un ley de tierras que mediante estándares de productividad y rendimiento planeados y normados a la distancia y sin consideraciones, pretende arrebatar la tierra a todas aquellas personas, grupos o comunas que no cumplan con las disposiciones o los criterios mínimos fijados por los expertos bisoños y ajenos.

Caso aparte merecen todas las normas fitosanitarias y las Buenas Prácticas Agrícolas (diseñadas para cumplir con los requisitos de las grandes corporaciones agroindustriales y las cadenas de supermercados, en aras de la “inocuidad alimentaria”, que en los hechos criminaliza la producción independiente de alimentos, al punto de “hacer redadas” de productores y “requisas” de productos que no cumplan con los criterios “sanitarios”. Pero los criterios van de la higiene más convencional al requisito de una infraestructura de acero quirúrgico y galpones esterilizados que, para ciertas actividades, como los lácteos, puede llegar a los cien mil dólares de inversión, algo que ninguna comunidad podrá cumplir nunca.

“Cómo ser autónomos”, se pregunta la gente “si no se puede matar una res, pelar un cuyo, fabricar quesos, yogurt, leche o panela si para todo se exige un registro agrosanitario, una infraestructura costosísima, transitar en Internet laberintos de burocracia o tener los recursos para contratar compañeros como personal asalariado. Si las semillas deben ser de casas comerciales y más y más se boicotea a quien intercambia sus semillas nativas”.

Si a esto le añadimos los criterios de rentabilidad ya mencionados, es “como darle a alguien un empujón con una mano y quitarle el banquito con la otra”. Porque, cuál rentabilidad van a lograr si tanto requisito esconde la deshabilitación, el desplome expreso de su rentabilidad. Parecería que el sistema pretende estrangular toda producción independiente, todo resquicio territorial de independencia, toda organización independiente.

Tras de todo este embate está el extractivismo. Los territorios de los pueblos acogen verdaderos tesoros: los páramos son la fuente primordial de toda el agua del planeta (o si se prefiere, los puntos álgidos de recarga del complejo sistema mundial del agua); las selvas están plenas de biodiversidad pero también de minerales e hidrocarburos.

La Revolución Ciudadana se devela: bajo las ventajas del progreso que se presume, viene la persecución y el sometimiento de todos aquellos que defiendan sus recursos naturales, que defiendan la selva, que defiendan la posibilidad de disentir, que defiendan el petróleo en el suelo, el agua comunitaria, los saberes y las semillas campesinas, el cuidado de la naturaleza.

Y entonces una de las estrategias es emprender una campaña contra quienes representan una autoridad moral para todos estos defensores. Para el gobierno de Correa es indispensable someter al movimiento indígena independiente junto con todos sus aliados. Ahora, los operadores del gobierno han emprendido una campaña de desprestigio contra la Conaie. Al tiempo que se le pretende desalojar de su sede general en Quito mediante artilugios legales, se levanta una corriente reaccionaria que busca deslegitimar a Conaie con insultos, infundios y alegatos, mientras busca entronizarse a ojos de todos como verdadera representante de la sociedad indígena, ella y sus integrantes sí ligados al motor político de la Revolución Ciudadana.

Correa cuenta con esas huestes sumisas y agresivas para que nadie lo vaya a acusar de racismo anti-indígena. En el fondo se trata de quitarle el piso más profundo, más de base al movimiento indígena con dinero, promoción, cooptación, tejido de nuevas alianzas, giras por todo el país de la nueva corriente: la Alianza Indígena por una Revolución Ciudadana, buscando demostrar que la Conaie está muerta, que no tiene fuerza, cuando que son ellos, movidos, articulados y subvencionados con fondos públicos, los que buscan enterrar al movimiento indígena independiente: tiempo en los medios, apoyos, presencia para amarrar lealtades, todo está en su sitio.

Se trata del gran reacomodo y gesticulación de viejos miembros de la Conaie, Confenaie y hasta de Ecuarunari, ávidos de reconocimiento: Delia Caguana, Gilberto Guamagate, Carlos Viteri, y el ex fugaz presidente Antonio Vargas. Todos echan pleito a sus antiguos compañeros.

Es muy pronto para saber el desenlace. Al cierre de esta edición decenas de buses con compañeras y compañeros del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) fueron impedidos de llegar a Quito a la Cumbre de los Pueblos por la policía. Incluso grupos enteros que comenzaron a caminar fueron cercados pese a saber que no pueden detener su paso libre, pero buscaron entorpecer su marcha y el encuentro. En cualquier caso, la autoridad moral de la Conaie ya quedó establecida por años de legitimidad y consecuencia. El movimiento indígena y campesino continental sigue reivindicando las propuestas y las banderas de la Conaie. Aunque exista el vaciamiento por la cooptación, el golpeteo, las amenazas y la deshabilitación promovida por las políticas publicas, su entereza sigue siendo diáfana. Conaie es una corazona madre de la constelación de comunidades que siguen defendiendo los territorios y sus recursos, la autonomía para resolver por medios y creatividad propios lo que más les importa: alimentación, salud, justicia, educación cultura, dignidad, horizonte propio. Sabedoras y sabedores de que tienen todo para cuidar la vida, a los pueblos, a la naturaleza que somos.