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La iniciativa, que se presenta hoy en San Lázaro, busca también facilitar el fracking

Logra el gobierno que PRI, PAN y PRD propongan ley para privatizar el agua

Prevé que particulares participen en extracción, captación, distribución y potabilización del líquido

 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de febrero de 2015, p. 21

El gobierno federal, por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), negoció con PRI, PAN y PRD presentar este jueves en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley general de aguas que apunta a privatizar el servicio público del líquido potable y facilitar la fractura hidráulica o fracking.

Como parte del acuerdo, esos partidos asumirán como propia la iniciativa, porque el Ejecutivo no aceptó enviarla a San Lázaro.

El documento prevé que las autoridades federales deben fomentar la concertación y participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos de agua potable.

El artículo 81 del capítulo II de la iniciativa señala: “La participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos que prevé este capítulo podrá incidir en sus diversos elementos, tales como extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas.

En todo caso el prestador de esos servicios será responsable de su actividad en los términos que disponga la ley.

La iniciativa está firmada por los presidentes de las comisiones de Agua Potable y Saneamiento, Kamel Athie Flores (PRI); de Agricultura y Sistemas de Riego, José Antonio Rojo García de Alba (PRI), y de Recursos Hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), así como por el secretario de la de Recursos Hidráulicos, Sergio Augusto Chan Lugo (PAN).

Los detalles del proyecto fueron afinados ayer en la oficina del presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal (PRI), en reunión con un representante jurídico de la Conagua.

En los considerandos, los cuatro diputados aseguran que la ley general de aguas es reglamentaria de la reforma al artículo 4º de la Constitución, del 8 de febrero de 2012, para garantizar el derecho humano al agua.

Sin embargo, al definir el mínimo vital, el proyecto propone que el volumen para consumo personal y doméstico que permite al individuo cubrir sus necesidades básicas corresponde a 50 litros diarios por persona.

El PRD logró que se suprimiera todo un capítulo que el proyecto original de Los Pinos incluía sobre el uso del recurso para la extracción de gas de lutita mediante la fractura hidráulica, consistente en la inyección de millones de litros de agua al subsuelo.

Sin embargo, quedó firme la definición de uso industrial, que deja abierto el uso del líquido para cualquier actividad.

Dice el texto referido: Es la aplicación de aguas nacionales en la extracción, conservación o transformación de materias primas, el acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como en parques industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, en las salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias.