Con total opacidad, el Senado mantiene un fideicomiso de mil 200 millones de pesos, denunciaron senadores de PRD y PAN, quienes advirtieron que esa cámara debe dar ejemplo de transparencia y aclarar el manejo de los recursos presupuestales públicos que recibe.

No sabemos por qué está ese dinero guardado, de donde proviene, advirtió la senadora del PRD Dolores Padierna. Agregó que los órganos de gobierno deben aclarar por qué se constituyó ese fideicomiso y transparentarlo; precisar si se trata de ahorros y economías de otras legislaturas o son partidas integradas a los grupos parlamentarios.

En ninguno de los dos casos se justifica que se haya constituido ese fideicomiso; el Senado debe transparentar sus propios fondos, insistió Padierna.

Igualmente, la senadora panista Marcela Torres Peimbert señaló que el juez por su casa empieza, y la mesa directiva del Senado tiene que dar respuesta a cada una de las observaciones que formuló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la opacidad en el manejo de más de mil 200 millones de pesos.

Durante la sesión de ayer, Padierna y el coordinador del PT, Manuel Bartlett, impidieron que se aprobara la firma de un convenio millonario que el PRI pretendía firmar con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para capacitación legislativa.

Cuando se pretendía aprobarlo ante el pleno, Padierna dijo que los senadores no tenían conocimiento de ese convenio, y preguntó si cámara no tiene capacidad para aprobar leyes y requiere de la asesoría de la OCDE.

¿Cuánto se va a pagar a la OCDE?, insistió e hizo notar que el gobierno de Enrique Peña Nieto contrató como asesor al titular de ese organismo, José Angel Gurría, por 36 millones de dólares. Se trata, dijo, del responsable del Fobaproa, al que se dio una pensión vitalicia millonaria.

Bartlett señaló que no se puede firmar ningún convenio con un órgano como la OCDE, que impone una política neoliberal.

El presidente senatorial, Miguel Barbosa, aclaró que la mesa directiva ya había acordado retirar el punto, pues ningún legislador puede firmar convenio alguno por sí solo. Lo impulsaban los priístas Roberto Albores y Ana Lilia Herrera.