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Edición: Laura Angulo   3 de febrero de 2015
Número Especial

Cómo garantizar la conservación
de océanos y costas mexicanos

Norma Patricia Muñoz Sevilla
Instituto Politécnico Nacional
Correo electrónico: [email protected]

México se encuentra bordeado por el océano Pacífico y Atlántico con una superficie de territorio marino superior a la terrestre, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de conservar y proteger este medio. En nuestros mares y costas existe una gama de actividades productivas, de transporte, servicio y recreativas, cuya gestión, normatividad y vigilancia compete a distintas instituciones gubernamentales. Al mismo tiempo, existen numerosas actividades realizadas en tierra por diferentes sectores que afectan los ecosistemas marinos de manera cotidiana.

En 2004, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en su evaluación del desempeño ambiental de sus países miembros, observó que “México carece de una comisión u organismo administrativo encargado de la articulación adecuada de las actividades marinas de las secretarías responsables de los sectores económicos”. Asimismo, recomendó un esfuerzo notable en este sentido, debido a la importancia de la gestión integral de las zonas costeras para la economía mexicana.

Al mismo tiempo, el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, representante de la sociedad civil, solicitó a la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la integración de un marco de política para la zona costera. Estas recomendaciones culminaron en la formulación de la Política Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable de Océanos y Costas (PANDSOC) en 2005, que establece un marco estratégico para la conservación y uso sustentable de los océanos y costas de México.

La PANDSOC estableció lineamientos de política ambiental enfocados al alineamiento y articulación de las políticas públicas y sectoriales, proponiendo un modelo de manejo holístico, adaptativo, multidisciplinario y participativo.

Los instrumentos de política ambiental para regular o inducir el uso sustentable de las actividades realizadas en los océanos y costas de México están vinculadas a distintos programas y acuerdos internacionales de los que el país es parte. Y en algunos casos, promotor activo en favor de la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales marinos y costeros. De ese modo debiera ser la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la que trabaje como líder activo sobre una política nacional para el desarrollo sustentable de mares y costas. Y con la identificación de prioridades y responsabilidades dentro de un contexto transectorial y participativo. Con reglas claras basadas en el conocimiento científico y en la participación de los distintos niveles de gobierno y la sociedad.

Con la amenaza constante de los efectos del cambio climático sobre la población, la infraestructura costera y la economía nacional, así como en consideración a la relación intrínseca del océano como regulador del clima global, es urgente hacer un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Y, en paralelo, frenar el deterioro y degradación de los ecosistemas costeros y oceánicos de México. Esto plantea como prioridad alentar el manejo integral de la zona costera con el fin de proporcionar las bases para el desarrollo en esta parte de nuestro territorio.

En México, la Constitución otorga al Estado la tutela sobre los recursos naturales, al considerar los suelos, las aguas, la flora y fauna silvestre y los recursos minerales, incluyendo los marinos, como propiedad original de la Nación. En el orden federal existen diecisiete leyes y ocho reglamentos federales que norman las zonas costera y marina. Asimismo, son doce las dependencias que tienen competencia directa o indirecta en esta zona. Esta materia siempre se ha abordado desde un ángulo sectorial, ocasionando que el marco jurídico que aplica a la zona costera sea amplio y desarticulado.

Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, México logró la conformación de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Sustentable de Mares y Costas (Cimares) publicada en el Diario Oficial en junio del 2007. Por primera vez se reúne a todas las instancias federales involucradas en la zona costera y marina con la misión de realizar programas conjuntos.

La Cimares llevó a cabo diversos programas para dar solución puntual a las situaciones de conflicto sectorial. Entre sus acciones destaca elaborar y publicar la Política Nacional de Mares y Costas (PNMC), documento preparado por un grupo de académicos encabezados por el Instituto Politécnico Nacional. Se publicó en diciembre del 2012.

La Cimares impulsó un esquema de manejo integrado capaz de garantizar el mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas costeros y oceánicos que permita un mejor nivel de vida de los grupos humanos y sectores asociados a estos recursos.

La PNMC cita la necesidad de actualizar y fortalecer el marco normativo de modo que sea posible reconocer con fuerza jurídica la susceptibilidad de los ecosistemas costeros y oceánicos a disturbios específicos, los valores sociales de los núcleos humanos que viven directamente de los recursos costeros y la relevancia ecológica de estos ecosistemas. Igualmente, la necesidad de establecer nuevas áreas naturales protegidas con criterios científicos.

La PNMC contempla ser un instrumento vivo, con la capacidad de aprender y modificarse en función de su desempeño. En su desarrollo deben participar los grupos e instituciones especializadas en investigación costera y marina, especialmente las ubicadas en los estados costeros.

La política nacional (PNMC) reconoce la necesidad de que en sus tareas participen los sectores sociales involucrados en las tareas de consolidar una política nacional sustentable en torno al mar y la franja litoral. Y tener en cuenta los efectos de la falta de empleo y condiciones de pobreza extrema a la hora de establecer políticas referidas al uso y aprovechamiento de mares y costas.

Hay que reconocer que los sectores institucionales, sociales y económicos no siempre se rigen por principios ambientales. Es frecuente tomar decisiones políticas que propician el deterioro de los recursos, en la búsqueda de beneficios económicos en el corto plazo.

En cuanto a la participación de la sociedad, ésta se da en formas y grados muy variables, tratándose de un proceso heterogéneo caracterizado por una diversidad de actores: los gobiernos federal, estatal y municipal, fundaciones, grupos de asistencia, organizaciones de productores, cámaras empresariales, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales, ejidos, comunidades rurales e indígenas, entre otros.

La PNMC reconoce que el futuro de la zona costera debe considerar una estrecha coordinación en los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. Una forma de brindar certidumbre jurídica a los usuarios de la zona costera, garantizando la inversión para el desarrollo sostenible.

Por eso la necesidad de establecer mecanismos de participación que involucren a la sociedad en procesos incluyentes de planificación y toma de decisiones. Además, gestionar el establecimiento de bases jurídico-administrativas que permitan a las instancias gubernamentales actuar bajo un esquema concurrente entre ellas y con la sociedad.

En resumen, se requiere darle valor ambiental a los mares y las costas. Algo nada sencillo debido a que el tema ni siquiera se encuentra integrado dentro de la agenda nacional actual. Bueno es mencionar que México tiene una tradición centralista y que solo el 14 por ciento de la población nacional se concentra en las costas.

Lamentablemente, a dos años del actual gobierno la Cimares quedó guardada en los archivos de la Semarnat, sin actividad alguna, esperando ser reactivada.

En tanto, la ocupación y las actividades en la franja litoral y en los mares nacionales siguen su marcha sin planeación alguna. No extraña entonces que los problemas que allí se presentan continuen sin resolverse y, en no pocos casos, se agraven.

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