Portada

Presentación

Bazar de asombros
Hugo Gutiérrez Vega

Ayotzinapa
y el drogadicto
que vende armas
Víctor Manuel Mendiola

Cinco vistas
del Monte Fuji
Alberto Blanco

Décimas
Ricardo Yáñez

Emmanuel Carballo
y la autobiografía
Vilma Fuentes

Albert Camus,
el exilio en casa
Juan Manuel Roca

La tercera independencia
de América Latina
Gustavo Ogarrio

Tomás Montero Torres:
el presente es
pasado aún
Sergio Gómez Montero

Leer

Columnas:
Galería
Ricardo Guzmán Wolffer
Jornada Virtual
Naief Yehya
Artes Visuales
Germaine Gómez Haro
Bemol Sostenido
Alonso Arreola
Paso a Retirarme
Ana García Bergua
Cabezalcubo
Jorge Moch
Jornada de Poesía
Juan Domingo Argüelles
Cinexcusas
Luis Tovar

Directorio
Núm. anteriores
[email protected]
@JornadaSemanal
La Jornada Semanal

Jorge Moch
[email protected]
Twitter: @JorgeMoch

El timo

Las telecomunicaciones en México dan sustancia a un engaño perpetuo. Representan una de las facetas más cínicas e innobles de un timo ya histórico. El espectro radioeléctrico, es decir, el conjunto de frecuencias posibles originadas y latentes en los confines territoriales del Estado, sea que existan definidas o como potenciales de ser gobernadas por un dispositivo que las convierta en señal reconocible por otro dispositivo, son propiedad pública, al menos en la frágil teoría de nuestras leyes siempre tan pisoteadas por los mismos que juraron alguna vez defenderlas, o sea que tuyas y mías: de todos. Pero solamente un puñado de mexicanos con mucho dinero y maña se ha ido apoderando del espectro o metiendo zancadilla a otros que quieran participar en el negocio mediante un esquema de concesiones gubernamentales llenecito de corruptelas y manejos turbios. Un buen ejemplo de ello es la constante y ya tradicional cauda de agresiones a las radiodifusoras comunitarias, independientes o indigenistas, por antonomasia opuestas en su interés primordial –lo define su nombre: comunitario– al de la radio comercial que controlan consorcios empresariales que no es extraño que sean propiedad de alguien que ostenta un cargo público; no son pocas ni raras las ocasiones en que se llega al empleo de guardias blancas o grupos paramilitares, que “misteriosamente” nadie reconoce como propios pero invariablemente hacen el trabajo sucio a políticos y empresarios, que atacan a quienes trabajan en esas emisoras y destruyen el equipo de transmisión, o se realizan incautaciones mañosas con fuerza pública y algún leguleyo que levanta actas espurias para darle a todo el tinglado criminal un viso de legitimidad. Se ha llegado al extremo vergonzante del asesinato de locutores y operadores de esas radios comunitarias que con su activismo social estorban los intereses empresariales o políticos de algún desalmado. Las radios comunitarias Triqui en Oaxaca o cierta transmisora en la sierra de Zongolica, en Veracruz, son de los más recientes episodios.

Televisa y TV Azteca, las principales operadoras de las frecuencias asignadas a la televisión, por ejemplo, no son dueñas de las frecuencias que tienen en usufructo. Son simples concesionarias sujetas a revocación de esas licencias por un montón de razones que, si la ley se cumpliera, por ejemplo en materia de pertinencia social de sus contenidos, habrían sido muchas veces ya retiradas de su dominio. Pero los intereses, el sempiterno juego vicioso de toma y daca es primordial para la supervivencia de la élite –que es precisamente élite por tropelías y atropellos condonados desde el poder político– y se ha convertido por uso y costumbre de la descomposición y la podredumbre que engendra la corrupción en divisa de conveniencias comerciales y políticas. Miguel Alemán Valdés fue el presidente que corrompió de origen la vocación pública de la televisión cuando en lugar de un programa artístico o documental se dedicó la primera transmisión a la cobertura de su cuarto informe de gobierno, aburrida perorata de autoelogios, en 1950. Sesenta y cuatro años después la tónica no ha evolucionado: la televisión hace un juego sucio y turbio de distorsión de la realidad –maquilla al muñeco que impuso como presidente, niega y omite los grandes yerros gubernamentales, minimiza las expresiones de descontento popular y ofrece en cambio múltiples recursos de distracción de las masas, de divertimentos fáciles, que emboben a la mayor cantidad posible de gente y de paso se dedica concienzudamente a debilitar la cultura popular, la capacidad de discernimiento y crítica golpeando a los opositores o disidentes– a cambio de la perpetuidad en la renovación de esas sucias concesiones. Sin la concesión gubernamental –Azteca, por ejemplo, no serían más que edificios con antenas y nada más. Pero el esquema de contubernio a espaldas del público se perpetúa.

Porque es un negocio en el que los ciudadanos estamos excluidos. No es gratuito que se nieguen concesiones de televisión abierta a medios que sostienen en sus filas a periodistas incisivos, como es el caso de MVS y Carmen Aristegui. Si con un programa de radio Carmen ha puesto en jaque las desmesuras del gobierno, qué no harían ella o cualquier periodista crítico como ella con un noticiero nocturno en horario de alta audiencia.

Y a eso el gobierno y sus alecuijes televisivos le tienen simplemente pavor.