Actualidad de la revolución
campesina de 1910

FOTO: Martha Olivares

Rememorar la toma de la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914 por los ejércitos de Villa y Zapata no es ejercicio de nostalgia, sino necesaria actualización de experiencias que hoy, cuando nuestros campos van pasando a manos de los nuevos latifundistas de la minería, el gran turismo y los desarrollos urbanos, son más importantes que nunca.

El panel Actualidad de la Revolución Campesina de 1910 contó con participaciones que ligaron la realidad de un siglo atrás con la que hoy vivimos. En la mesa hubo reflexiones relativas a la concepción de la posesión de la tierra y cómo fue sólo a partir de la Independencia que se incorporó la posibilidad de la “disposición” de este recurso –pues antes de ello, e incluso apoyado por los españoles colonizadores, la tierra era vista como un bien social y los intereses privados eran fuertemente limitados-; se habló también de la relación fraterna entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, comprobada por el contenido de un intenso intercambio epistolar; y de los motivos que impulsaron la rebeldía en un norte muy despoblado a fines del siglo XIX, en principio ligados más a la democracia pero luego con contenido agrarista. Por último, representantes campesinos de Milpa Alta, y de la Bahía de Tobari, en Sonora, hablaron de las luchas sociales contemporáneas.

Armando Bartra, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X), moderador del panel, calificó el encuentro de Villa y Zapata en Xochimilco y su entrada al centro político de la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914 como “una conversación entre el norte y el sur; entre la gente de Aridoamérica, la parte ancha de la República, y una representación muy auténtica de la gente de centro-sur. Un encuentro entre un hombre de comunidad, quizá de hablaba náhuatl, y otro hombre representante de los rancheros del norte, con una forma diferente de entender la libertad, la reforma agraria, la visión comunitaria e indígena”. Ese encuentro, dijo, mostró y muestra que discursos políticos diferentes pueden ponerse de acuerdo y dialogar. “Somos lo que somos porque norte y sur pueden marchar juntos”.

Emilio Plutarco García, miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), dijo que tanto Villa como Zapata incorporaron el agrarismo, el carácter de clase y el antiimperialismo al movimiento revolucionario iniciado en 1910, y si bien fueron derrotados, su presencia ideológica y simbólica ha nutrido y sigue nutriendo a las luchas sociales.

Los ejércitos de Villa y Zapata estaban integrados por obreros fabriles, peones súper explotados de las haciendas, indígenas despojados de sus tierras y jóvenes cuyos padres habían sido avanzados por la leva (reclutamiento forzoso para combatir a los opositores al régimen) impuesta por el porfiriato.

“A diferencia de los soldados federales, los zapatistas contaban con apoyo de la gente de los pueblos y podían volver a sus comunidades en épocas de siembra y de cosecha, sin abandonar su compromiso revolucionario. Ciertamente se trataba de campesinos que no querían cambiar, pero en el sentido de no abandonar sus pueblos y aldeas, es decir, su territorio con todo lo que ello implica desde el punto de vista de su cosmovisión y su cultura”.

El representante de CNPA destacó la cordialidad y el respeto con que Villa y Zapata se trataban epistolarmente. “En su correspondencia nunca se vio alguna expresión de molestia o tensión entre ambos.

En vísperas de la Soberana Convención de Aguascalientes (25 de agosto de 1914), en una de las muchas cartas que Zapata preocupado por quien sería designado presidente provisional, se dirigió al general Villa, diciéndole:

“(…) nuevamente manifiesto a usted que ha llegado el momento solemne de que el gobierno provisional de la República se establezca y ahora más que nunca debemos tomar empeño para que los ideales del pueblo mexicano, que están bien definidos en el Plan de Ayala, no sean burlados, pues el gobierno provisional debe ser netamente revolucionario para garantía de la causa del pueblo, que es el Plan de Ayala, pues nada más justo que el presidente provisional sea electo por votación directa de los jefes revolucionarios del país, tal como lo dispone el artículo doce del Plan de Ayala, porque de no ser así esté usted seguro que guerra continuará (….)”.

Villa le respondió así: “He tenido verdadera satisfacción en leer su indicación referente a la necesidad que hay de evitar que ocupen los puestos políticos personas que por sus antecedentes inspiran desconfianza y aunque eso ha sido lo que siempre he procurado, me complace oírlo de labios de Ud. porque eso me da a entender que los dos somos de la misma opinión y que caminamos de acuerdo en todos los asuntos relacionados con nuestra patria”, reseñó Plutarco Emilio García.

El historiador Jesús Vargas habló de los motivos que influyeron para que la población de Chihuahua participara en el movimiento revolucionario. Explicó que a diferencia de las tierras del sur de México, en ese estado había una situación de despoblamiento. En noticias estadísticas escritas por José Agustín Escudero en 1832, se calculaba que en ese momento Chihuahua sumaba 130 mil o 140 mil habitantes mestizos. Ello, además de los cien o 120 mil indígenas, sobre todo rarámuris, calculados cien años antes por el obispo de Nueva Viscaya. “En un territorio de casi 50 millones de hectáreas había sólo 250 mil personas”.

Así, en Chihuahua la revolución no estalló por la cuestión de la tierra. “Hay un mito que viene de generalizar las causas de la revolución por medio del hambre, la lucha por la tierra, la concentración de la propiedad y el abuso de los caciques. En Chihuahua los movimientod prerrevolucionarios tienen su raíz en los fraudes electorales, en pro de la democracia y en defensa de la Constitución de 1857.

De cualquier manera, sí hubo un contenido agrario, aclaró. Previo a la revolución, en 1883, el presidente Manuel González ordenó un trabajo de deslinde de los terrenos de la nación y de los privados. Para ello se formaron compañías deslindadoras, que en Chihuahua eran en realidad “compañías despojadoras, formadas por agrimensores y abogados que tenían todo el apoyo del ejército”. Éstas iban a las comunidades, a las colonias formadas desde la época colonial y exigían títulos a la gente, títulos que no tenían. Registraron más de diez millones de hectáreas que no tenían titulación y por tanto se las adjudicaron a la nación. Las compañías recibían como pago la tercera parte de esas tierras y además podían comprar al gobierno otra tercera parte a precios de regalo.

“Los habitantes de estas comunidades obviamente estuvieron en la revolución y combatieron para que se les restituyeran sus propiedades, pero originalmente se lanzaron junto con los clubes anti-reeleccionistas y no enarbolan un plan que la historiografía haya recogido como un plan en el cual demandan que se recuperen sus tierras. En el movimiento donde participa Francisco Villa desde sus orígenes vamos a tener que él como bandolero se liga a jóvenes bandoleros de familias despojadas de tierras que habían ocupado por generaciones”.

Además, comentó Vargas, hubo una experiencia pre-revolucionaria muy importante de defensa de la tierra. A fines del siglo XIX, un cacique del distrito de Guerrero, Joaquín Chávez, con el apoyo del gobierno porfirista, presionó a la población de Tomochi –mestizos que antes habían despojado a rarámuris- para quitarles sus tierras, unas dos mil 500 hectáreas, por ser una región importante para la minería. El pueblo entero se defendió, salió cuatro veces a enfrentarse con el Ejército, y al final cayó vencido, pero se convirtió en un símbolo para la revolución de 1910. El último enfrentamiento fue de dos mil soldados contra 200 “rifleros”.

Por su parte, Francisco López Bárcenas, abogado oaxaqueño involucrado en causas de defensa del territorio, afirmó que los criollos que se hicieron del poder en la guerra de Independencia adoptaron por primera vez en México la idea clásica romana de la propiedad, que implica no sólo uso y disfrute de los bienes, sino también su disposición. Esta idea fue impulsada a lo largo del siglo XIX vía dos instrumentos: uno, desaparecer totalmente la existencia de los pueblos indígenas (con excepción de Oaxaca, donde una ley de 1825 reconoció los municipios con menos de mil habitantes que se regían por usos y costumbres, o sea las repúblicas de indígenas, aunque ello por motivos económicos pues con ellos comercializaban grana cochinilla), y dos, desaparecer los territorios ocupados por pueblos indígenas.

Antes de eso, explicó, las formas de tenencia de la tierra en la época prehispánica no implicaban el asunto de la disposición, “tenían básicamente el asunto del uso y disfrute y con un sentido de propiedad pública”. En el caso de Aridoamérica, los pueblos en aquel tiempo eran nómadas o semi nómadas y no guardaban una posesión del espacio en que habitaban (hoy eso sigue viéndose con los rarámuris, que en cierto momento del año viven en barrancas y en otro en los bosques, dependiendo del clima y de lo que recolectan). Y cuando llegaron los españoles a colonizar, su concepto era de propiciar la ocupación de las tierras; ellos incluso trajeron el modelo del ejido.

“Entonces hubo una imbricación entre lo que pudiera ser posesión de los bienes públicos en Mesoamérica y la ocupación de los territorios como una forma de ir ejerciendo poder en España y eso va a dar un híbrido, va a haber propiedad privada pero sobre todo propiedad pública tanto en la república de indios como en la república de españoles”. Y eso se mantuvo a lo largo de la Colonia y se rompió luego de la Independencia.

“En 1857 se establecieron reglas claras para la propiedad privada y para seguir con la privatización; se decreta la Ley de Desamortización, se pone a trabajar a las compañías deslindadoras de tierras, y esto va a terminar en una gran desamortización, una gran concentración a nivel nacional de tierras en manos privadas y de la Iglesia, y se va a dar fundamentalmente un gran despojo a los pueblos indígenas”.

Esto fue entonces lo que motivó que los pueblos indígenas se fueran a la guerra contra el Estado. Como resultado de la revolución de 1917, “surgió un nuevo tipo de propiedad que no se había dado en el mundo y que vino a contradecir la idea de propiedad privada heredada de los romanos, esto es la idea de propiedad originaria que todavía tenemos en nuestra Constitución”, y que implica la idea de que la propiedad es de la nación. La elaboración del artículo 27 constitucional emanado de la Revolución considera varios tipos de propiedad que surgen de la originaria: la comunal –con la que se restituye a los pueblos tierras de las que habían sido despojadas-; los ejidos –que tienen el sentido de la distribución y consideran la entrega de tierra a los pueblos que no la tuvieran y la necesitaran-; el reconocimiento de propiedad privada que no hubiera sido construida con base en el despojo, y la propiedad pública, para el funcionamiento del Estado. En la Constitución quedó también plasmada la posibilidad de la expropiación “por utilidad pública y mediante indemnización”, esto es la expropiación en el sentido de devolver a la nación lo que de por sí había sido propiedad originaria.

Esto, dijo, se mantuvo casi todo el siglo XX “hasta que llegaron los neoliberales y le quitaron el sentido social al 27 y lo acercaron a la idea de propiedad del derecho romano, a la idea de que se puede disponer de la tierra (…) existe todavía la idea del ejido y la comunidad, pero no en el sentido que tenía en la época prehispánica ni en el 27 constitucional de 1917; lo que hay ahora es una propiedad privada condicionada, pues la actual legislación establece ciertas condiciones para que llegue a ser propiedad plena, privada”.

Advirtió: las reformas estructurales de las décadas recientes –la del 27 constitucional en 1992, y la energética este año, entre otras- han sido de hecho una segunda desamortización de las tierras. Y en estos momentos, la utilidad de particulares se disfraza de utilidad pública, para despojar de sus tierras a los ejidatarios, comuneros y propietarios privados.

Además el 27 constitucional de 1917 no permitía que los recursos naturales pudieran ser de los privados. Se quedaba el Estado con ellos, pues la idea es que el Estado iba a redistribuir, iba a cuidar que se mantuvieran para que futuras generaciones pudieran disfrutar de ellos. “Ahora vemos que las empresas mineras son dueñas de una tercera parte del país, las eólicas son dueñas de alrededor de 12 por ciento, el agua la tiene la Cervecería Modelo o los agricultores del norte, o sea que se han ido concentrando mucho los recursos naturales, bajo la idea de que los recursos son de la nación y los administra el gobierno federal. Pero como el gobierno federal no representa a la nación, hace con ellos lo que quiere”.

López Bárcenas comentó que la función de la expropiación ha cambiado radicalmente. La Ley de Expropiación de 1936 ha sido reformada constantemente. Esta acción se usó anteriormente para hacer obra pública nacional y ahora se usa para expropiar ejidos y comunidades y entregarla al capital, con el argumento falso de que es para utilidad pública. “Por ejemplo el artículo 6 de la Ley Minera dice que la extracción de minerales es de utilidad pública; yo sólo veo utilidad privada. Ahora, con la reforma energética, todo es utilidad pública (…) Otra forma que atenta contra la propiedad social son las servidumbres, que no son otra cosa que un uso forzoso que establece alguna autoridad para que las tierras de otro la pueda usar alguien y ahora con la reforma energética han establecido servidumbre de uso y servidumbre de paso. Así, pueden llegar las empresas y decir ‘voy a usar tu tierra porque es de utilidad pública y entonces a mí la ley me permite usarla. Si no quieres negociar, eso lo vemos después, por lo pronto yo uso la tierra’”.

La propiedad social de la tierra hoy

Crece el número de posesionarios pero también el rentismo

FOTO: El Barzón Nacional

México fue escenario de la primera revolución agraria del siglo XX, que dio un drástico vuelco a la tenencia de la tierra. Pese a las reformas privatizantes, las tierras productivas siguen siendo propiedad social y paradójicamente el número de ejidatarios y comuneros aumenta. Pero de manera silenciosa, vía ocupación subrepticia o renta legal cada vez más parcelas campesinas pasan a manos de particulares.

En las Jornadas en Defensa de la Tierra, el Agua, la Vida y la Memoria, la mesa de discusión La Propiedad Social Hoy incluyó la participación de:

Héctor Robles Berlanga, experto en temas agrarios y responsable de la página web Subsidiosalcampo.org, quien habló de cómo la abrumadora realidad (con un creciente número de propietarios de la tierra y población rural) contradice las intenciones del sistema gubernamental de “invisibilizar al campo”.

Carlos Rodríguez Wallenius, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X), quien en contraparte, comentó la concentración de la tierra por medio del rentismo.

Pedro Moctezuma, de la asociación Agua para Todos, Agua para la Vida, quien mencionó logros importantes en la defensa del agua.

Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), quien definió la nueva desamortización de tierras.

Y hubo ponencias de casos particulares de lucha por la tierra: de Ignacio del Valle, de Atenco.

María Luisa Albores, de la organización Tosepan Titataniske,
de Puebla.

Carlos Beas,
del Istmo oaxaqueño.

Héctor Robles afirmó que nunca antes en el país habíamos tenido tanta población rural y tantos propietarios de la tierra como ocurre hoy: “en 1910 en las zonas rurales –que implican comunidades de hasta dos mil 500 habitantes- teníamos diez millones de habitantes, y ahora tenemos 24 millones. En 1910 teníamos 300 mil propietarios de la tierra y hoy suman más de siete millones. Incluso las reformas de 1992 (al artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria), que iniciaron con 5.5 millones de titulares de la tierra, no lograron frenar que cada vez más personas tengan derecho a la tierra y estén en ella”.

“Por eso yo digo que es un movimiento silencioso, que ha ganado, que sigue estando y defendiendo la tierra, y que no es fácil que desaparezca”.

Señaló que el modelo económico al que ha apostado el gobierno en las décadas recientes tenía como productor ideal a aquel de tamaño grande que debía comercializar y dedicarse a cultivos distintos a los tradicionales, “distintos a los granos que nos alimentan”. Y sin embargo, los que predominan hoy día son productores de menos de cinco hectáreas, “son siete de cada diez, y si consideramos a los que tienen menos de 20 hectáreas, son nueve de cada diez”, y siguen produciendo maíz y frijol. “Nunca antes estos campesinos habían sembrado tanto maíz como ahora, siete de cada diez, y en frijol seis de cada diez. Son temporaleros, resistentes a todo”.

Robles Berlanga destacó la resistencia campesina y su determinación para permanecer; sin embargo, afirmó que hay que hacer ajustes legales; mencionó la necesidad de recuperar las asambleas ejidales y comunales, “porque ese era un espacio de defensa, de saber quiénes estaban allí, cómo se controlaba el territorio, cómo se defendía, y eso se ha perdido. En esas asambleas se discutía y se tomaban acuerdos”.

Nuevo latifundismo. Carlos Rodríguez Wallenius afirmó que si bien no se ha vendido mucho la tierra de ejidos y comunidades, sí se está rentando, y son las grandes empresas las que están acaparando tierras. En lugar de comprarla, la rentan, la explotan y cuando deja de servirles, simplemente la devuelven contaminada o sin capacidad productiva. “Eso pasa en la minería, que es tal vez el caso más extremo. El 25 por ciento del territorio nacional está concesionado a las mineras. Y algo similar ocurre con las plantaciones forestales comerciales: ahora hay 200 mil concesiones de eucalipto, de teca y otras especies y 80 mil de palma africana; están sobre ejidos y comunidades y pagan una migaja a los campesinos. Son una nueva forma de despojo a las comunidades. Otra forma de arrasar con las tierras de propiedad social aparece con la construcción de unidades habitacionales y va de la mano de la privatización del agua. Por cierto, en Atenco y Texcoco, los campesinos se han mantenido en resistencia pero están queriendo entrar allí; casualmente algunas de las inmobiliarias son las que construyeron su casita a La Gaviota”.

Comentó que Altos Hornos de México tiene en posesión superficies que equivalen al estado de Sonora, similar a como se decía de Enrique Creel Cuilty, que tenía en posesión casi todo el estado de Chihuahua durante el porfiriato. “Hay además un propietario chiapaneco que tiene en concesiones el equivalente a Tabasco, un prestanombres llamado José Jiménez Arana”.

Destacó la reforma al 27 constitucional realizada este 2014 antes de las reformas estructurales, que permite que extranjeros se adueñen de tierras en litorales y en la frontera. “Esto ha desatado una verdadera compra de terrenos para desarrollos turísticos; se han establecido cerca de 80 desarrollos en los dos años recientes; están comprando litorales en toda la parte noroeste del país: en la península de Baja California, en Sonora, Nayarit y Colima, y también en la Península de Yucatán. Eso despoja a campesinos, a pescadores y a pueblos indígenas”.

Víctor Suárez Carrera, por su parte, habló de la resistencia campesindia en defensa de la tierra, el agua y la vida. “Hoy como ayer, las comunidades campesinas e indígenas resisten ante los intentos de despojo y privatización impulsados por una coalición de fuerzas nunca antes vista en la historia de lucha por la tierra: las fuerzas del capital trasnacional aliadas con la oligarquía mexicana y sus operadores políticos: Peña Nieto, partidos del Pacto por México, Congreso de la Unión y congresos locales, gobernadores, centrales campesinas, etcétera”.

Dijo que estamos viviendo hoy una nueva “desamortización de tierras”, pues en la reforma energética se estableció que el suelo –propiedad de ejidos y comunidades en su mayoría- y el subsuelo tendrán una utilización prioritaria para la exploración y explotación de hidrocarburos, misma que es considerada como actividad estratégica, de orden público e interés social. “Es decir, el suelo nacional que está en manos de ejidos y comunidades (y pequeñas propiedades) es considerado como tierra y territorios ‘baldíos’, en ‘manos muertas’, tal y como se pensaba desde 1856 con la Ley Lerdo de desamortización de bienes de corporaciones eclesiásticas y civiles y en1883 con la ley porfiriana de colonización y deslinde de terrenos baldíos”.

Pedro Moctezuma destacó la fuerza social que ha logrado éxitos al frenar intentos embates contra la posesión social de los recursos. Este 2014 se logró frenar la gran reforma del agua al servicio de las trasnacionales, del fracking y de la explotación de energía; esa reforma estaba lista para ser aprobada, fue dictaminada en secreto el 24 de marzo en la Cámara de Diputados. Y gracias a un movimiento nacional en 26 estados de la República, organizaciones de base de todo el país comisiones de cuenca, universidades, ejidos y comunidades, se logró frenar al presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara, que iba a presentar esta ley, que la iba a anunciar previa a la reforma energética. Hubo un nuevo intento de presentar la reforma en la Cámara en noviembre, pero la lucha por los desaparecidos de Ayotzinapa frenó esto.

“Se están logrando formas de articulación nuevas”, dijo, el Movimiento Urbano Popular (MUP) por ejemplo y pueblos originarios antes nos dábamos la espalda. El MUP invadía y los pueblos defendían el territorio. Y hoy hay alianzas entre ellos.

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