a mayoría parlamentaria integrada por el gobernante Partido Popular (PP) en el Congreso español aprobó ayer una Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana –popularmente conocida como ley mordaza–, que entre otras cosas restringe las manifestaciones ante las sedes legislativas y los edificios públicos e impone multas a los participantes en movilizaciones que sean consideradas discrecionalmente como ilícitas.
El carácter impresentable de esta legislación propició incluso que todas las bancadas de la oposición española hicieran un frente común contra el dictamen aprobado por el PP, y que formularan la promesa de que dicha ley se derogará en caso de haber una mayoría absoluta de signo distinto a los populares
en la próxima legislatura.
En lo inmediato, sin embargo, es probable que la controvertida ley entre en vigor si logra superar la aduana del Senado español, actualmente controlado también por el PP. De ser así, la nación ibérica experimentará una regresión autoritaria lamentable que la colocará con un marco jurídico equiparable al de la franquista Ley de Orden Público –promulgada en 1959–, difícilmente compatible con la jurisprudencia de la Comunidad Europea contemporánea en materia de libre reunión y manifestación.
La aprobación y previsible promulgación de la ley mordaza es particularmente improcedente si se toma en cuenta que las políticas adoptadas en años recientes por la Moncloa –en coincidencia con el retorno del PP al gobierno español, e incluso desde los estertores del último gobierno socialista– amenazan a prácticamente todos los sectores de la sociedad española –los asalariados, los jubilados, los jóvenes, pero sobre todo a grupos particularmente vulnerables, como los desempleados y los trabajadores inmigrantes indocumentados– y que el propio gobierno ha cancelado en los hechos los canales institucionales de expresión de las discrepancias políticas y sociales. Ello genera un caldo de cultivo idóneo para la aparición de protestas sociales como las que protagonizaron los indignados hace dos años. Movilizaciones que ahora quedarán sometidas a la criminalización y la persecución a consecuencia de dicha ley.
Según puede verse, en España persiste la tentación de imponer tales medidas valiéndose de excesos represivos y acciones de criminalización de la protesta social.
Esta combinación –insensibilidad oficial, indignación popular y ausencia de cauces institucionales para expresarla y convertirla en acción política– pudiera resultar sumamente costosa para el actual régimen español, en la medida en que constituye una condición de riesgo de estallidos sociales incontrolables. Es previsible que éstos no podrán ser contenidos con medidas autoritarias como la recientemente aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, sino con acciones que reduzcan el déficit de representatividad y legitimidad que padece la institucionalidad española contemporánea.
