Directora General: Carmen Lira Saade
Director Fundador: Carlos Payán Velver
Suplemento Cultural de La Jornada
Domingo 16 de noviembre de 2014 Num: 1028

Portada

Presentación

Bazar de asombros
Hugo Gutiérrez Vega

Revueltas y Paz:
la confrontación
postergada

Evodio Escalante

Pájaros de barro
Juan Antonio González León

Neoliberalismo,
educación y juventud

Miguel Ángel Adame Cerón

Ayotzinapa
Mariángeles Comesaña

Las normales
de Warisata y
Ayotzinapa: puentes

Boris Miranda

Columnas:
Perfiles
Ricardo Guzmán Wolffer
Jornada Virtual
Naief Yehya
Artes Visuales
Germaine Gómez Haro
Bemol Sostenido
Alonso Arreola
Paso a Retirarme
Ana García Bergua
Cabezalcubo
Jorge Moch
Prosaismos
Orlando Ortiz
Cinexcusas
Luis Tovar


Directorio
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La Jornada Semanal

 

Foto: María Rodríguez/desinformemonos.org

Miguel Ángel Adame Cerón

La adolescencia y la juventud fueron –según paleoantropólogos– etapas que se generaron en el proceso evolutivo biocultural, y su peculiaridad consiste en el comportamiento experimental y creativo remarcado. Desde entonces las diversas sociedades humanas han creado diferentes modalidades socioculturales para identificarlas. En las sociedades modernas se ha subrayado a la pubertad, a la adolescencia y a la primera juventud como etapas formativas críticas y transitorias; por esa razón, las diversas instituciones, pero principalmente las estatales, han diseñado directrices específicas para tratar y atender a sus integrantes.

En la época de fuerte crecimiento de la población adolescente-juvenil, el entonces existente Estado benefactor mexicano creó institutos y programas para atender sus necesidades conforme a una perspectiva paternalista y autoritaria, misma que no pudo ni quiso comprender los cambios en la época de la rebelión juvenil-estudiantil mundial. Entonces, ante las demandas democráticas y justicieras de los estudiantes mexicanos en 1968-1971, el gobierno presidencialista autoritario del PRI les dio como única respuesta la violencia policíaca y militar. Ante el clamor juvenil de apertura moral, social y artística durante 1967-1977 (manifestada paradigmáticamente en el festival de Avándaro), el Estado mexicano y sus instituciones públicas y privadas impusieron la cerrazón y la censura.

El neoliberalismo mexicano y los jóvenes

En los últimos treinta y dos años de dictadura neoliberal, bajo el decrecimiento de la población joven y con la efervescencia contracultural radical disminuida, las políticas y opciones para los adolescentes-jóvenes y estudiantes se han ensombrecido más allá de la cooptación política, la comercialización artística y las seducciones postmodernas del placer y el escapismo inmediatista. Junto con la disminución drástica de oportunidades de desarrollo y de reconocimiento a las necesidades y las capacidades juveniles, la represión en todas sus modalidades no ha cejado y, por el contrario, se ha convertido en una constante. Eso explica la anatematización de las huelgas universitarias (por mencionar las más destacadas: dos de la UNAM, y una de la UACM), del ala solidaria de los jóvenes neozapatistas, de los movimientos críticos y pro-aperturistas como el #Yosoy132, así como de la dramática lucha de las escuelas normales, la pugna incisiva del MAES (Movimiento de Aspirantes y Excluidos de la Educación Superior) y el reciente paro estudiantil del IPN, entre otros.

Una rápida revisión general de la situación actual de la juventud y el estudiantado nacional revela que en México hay 38 millones de adolescentes-jóvenes-adultos de doce a veintinueve años. Específicamente hacia 2012-2013, había más de 21 millones de jóvenes entre quince y veinticuatro años de edad, de los cuales, más de 11 millones son adolescentes (quince a diecinueve años) y 10 millones son jóvenes (veinte a veinticuatro años). Para 2010, la juventud representó cerca de diecinueve por ciento de la población total del país y, para 2013-14, cerca de la quinta parte de la población total (aproximadamente 17.8 por ciento).

De acuerdo con indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes que no estudian ni trabajan: 24.7%, entre las treinta y cuatro naciones que integran ese organismo. Suman en total 6.2 millones. Instituciones de magro actuar, como el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), con cinismo se justifican diciendo que ese porcentaje de jóvenes está en la “informalidad”. En efecto, por informalidad se puede entender muchas cosas: desde los trabajos no reconocidos y superexplotados, el vagabundeo urbano, los vendedores callejeros y metronáuticos, la delincuencia y el pandillerismo, hasta la participación de los adolescentes y jóvenes en grupos de edad y de pertenencia en búsquedas de identidades, euforias, compañerismos y canalización a sus inquietudes creadoras, artísticas y/o políticas en las llamadas tribus urbanas: metaleros, punks, anarcos, progres, neomarxistas, neojipitecas, emos, hiphoperos, raperos, góticos, pokemones, reggaetoneros, cholos, raperos, eskatos, darketos, funks, rockabillys, rastas, graffiteros, capoeiros, etcétera.

La precariedad educativa y sus consecuencias

Desde hace catorce años, para contrarrestar las políticas de los gobiernos neoliberales, muchas instituciones educativo-culturales han tenido que adoptar medidas de sobrevivencia, mientras otras han sucumbido a las políticas derechistas. Dos muestras palpables de los resultados de agudización de esta problemática de precariedad educativa son:

1. La violencia, la agresividad, el bullying y el consumo de sustancias alcohólicas y enervantes que ocurren en las escuelas (y sus alrededores), desde las primarias hasta las universidades, y que se extiende al uso de internet para esas actividades: en las llamadas redes sociales, a través de los teléfonos móviles y en blogs, páginas y e-mails se desarrolla toda una parafernalia de ciberviolencia, ciberacoso y “juegos de la muerte” (Véase mi libro Violencias, bullyings y juegos de la muerte, Edit. Navarra, México, 2014.)

2.  Los miles de jóvenes rechazados de la educación media superior y superior se convierten en nonos (no pueden, no los aceptan), en ninis (ni trabajan ni estudian), en “informales” (ambulantes y niños-adolescentes de la calle), o ingresan a las actividades delincuenciales de los mercados negros, destacando la trata de personas, la prostitución, el tráfico de drogas y de otros productos. Investigaciones recientes han mostrado que, en promedio, desde los catorce años los adolescentes ya son reclutados por los grupos de la delincuencia organizada (cuando hace una década ingresaban a sus filas jóvenes entre los veinticinco y los treinta años). En efecto, a quienes conforman este sector se ha dado en llamarles “tonas”, pues dada su situación no tienen ya nada que perder y se juegan el “todo o nada”. Muchos de ellos pierden la vida en los levantones o en las balaceras.

Por otro lado, y como es bien sabido, el estado de la infraestructura de las escuelas primarias, secundarias y de bachillerato es deplorable. La deserción es un mal nacional desde las primarias y secundarias, pues más de un millón de niños y adolescentes las abandonan por falta de recursos; la matrícula de los centros educativos superiores y medio superiores se ha estancado, lo que significa que, en los hechos, ha retrocedido, pues mientras la población joven ha crecido un treinta por ciento o más, los lugares para nuevos aspirantes prácticamente no se han incrementado. Por ejemplo, para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), específicamente para licenciaturas, noventa y uno por ciento de los jóvenes que hicieron examen en 2014 quedaron fuera.

El gasto relativo al PIB nacional que en México se dedica a la educación pública (5.3% aproximadamente) es inferior al de Cuba (14%) e incluso al de Costa Rica y El Salvador; ya no se diga al de los países europeos (España, con cerca de 11%). Para la educación superior no se ha cumplido el mínimo recomendado a nivel internacional (Unesco), que es de 1.5%; sólo se asignó para este año 0.59%. Estos magros recursos han significado, para las instituciones que sobreviven, la paralización e incluso la descomposición de la vida académica, moral y de convivencia. La educación como un derecho humano no se cumple en México en lo absoluto; por el contrario, con los gobiernos neoliberales se maneja-proyecta como un bien mercantil que se vende y compra, quedando precarizados, excluidos y rechazados millones de niños, adolescentes y jóvenes.

A nivel de la educación superior nacional, México sólo cubre oficialmente el treinta por ciento, es decir, sólo tres de cada diez jóvenes en edad de asistir a planteles de educación superior pueden hacerlo. Esta cifra queda por debajo de la media de América Latina que, de acuerdo con datos de la Unesco, es de cuarenta y uno por ciento. El treinta por ciento mexicano es vergonzoso respecto a porcentajes de países como Chile, con sesenta por ciento (aunque aquí con alta participación de las escuelas privadas), Argentina con setenta por ciento o Cuba ¡con noventa y cinco por ciento! El contumaz neoliberalismo mexicano ha deteriorado toda la educación, y si se logra implementar en los hechos (y no sólo en derecho) la llamada reforma educativa promulgada por Peña Nieto, esto se agravará, sobre todo a nivel de calidad, pues la educación superior es el resultado de todos los demás niveles educativos, desde la preprimaria hasta el bachillerato.

Situación de los jóvenes en el medio rural mexicano

Los adolescentes y jóvenes rurales e indígenas son los que menos oportunidades tienen para realizar sus aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, así como de ser útiles profesionalmente a sus comunidades y pueblos. Ante el desastre del campo mexicano y de su modelo agroproductivo, propiciado por el Estado neoliberalizado y por la codicia privatizadora y prospectiva de las trasnacionales bio-fármaco-químicas, los niños, adolescentes y jóvenes del campo se ven presionados a migrar (principalmente a las urbes mexicanas y a Estados Unidos, pues las carencias y pobrezas en sus lugares de origen son enormes). Justo en el despegue neoliberal en la década de los años noventa del siglo pasado, la migración de estos grupos de edad se incrementó, hasta llegar a situaciones desbordantes en los últimos años (no sólo en México sino en todos los países centroamericanos). Otra “opción” que el neoliberalismo les da para resolver esas miserias es la venta de artesanías y toda clase de “chucherías” en las ciudades cercanas, o convertirse en pordioseros, sea ellos solos o con sus padres, o asumir trabajos informales de todo tipo. Uno de los más peligrosos consiste en ponerse al servicio de las bandas delincuenciales (principalmente de narcotraficantes) como halcones –espías–, mandaderos, o aprendices en el “arte” de traficar, extorsionar, secuestrar y matar. Enrolarse en las policías municipales oficiales también se ha convertido en una vía para ganarse “las tortillas de cada día” pero, como ha visto el mundo entero, en el caso de Iguala, Guerrero, entre dichos cuerpos policíacos y las bandas delincuenciales existen contubernios, alianzas y filiaciones mancomunadas –una vigente durante el día y la otra durante la noche.

Situación de las normales rurales

En México, las Normales rurales son una entre las pocas opciones que hay para poder acceder a escuelas de educación superior, mismas que, desde el giro a la derecha –después del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), que fue quien las creó– de los gobiernos del PRI han sido abandonadas y muchas de ellas clausuradas. Las que sobrevivieron lo han hecho de manera precaria y gracias a la movilización, solidaridad y empeño de los estudiantes,* no obstante haber sufrido constantes agresiones y discriminaciones, sobre todo porque los jóvenes de dichas normales, desde su fundación, han mantenido un perfil de lucha y compromiso social con su realidad; también porque su estancia allí es de estudio y vida colectiva. Como afirma Tanalís Padilla en su texto “La criminalización de los normalistas rurales”: “Las excursiones, encuentros deportivos y culturales y la explicación de que su estudio y activismo da al porqué de la pobreza, hacen de estas instituciones experiencias de vida formativas. Las normales rurales son el camino hacia una profesión digna y, a veces, otorgan, despiertan y cultivan el derecho a soñar.”

Aunado a lo anterior, en muchas de ellas, como en la de Ayotzinapa en Guerrero, se ha desarrollado una disciplina militante y politizada de izquierda que a los sectores de derecha y conservadores incomoda sobremanera. En el conflicto de 2012, cuando dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados en Chilpancingo, la propia SEP emitió un comunicado que, entre otras cosas, decía que en las normales rurales la “vida interna está marcada por prácticas autoritarias desde el ingreso de la carrera y ese ambiente en ocasiones determina la salida de jóvenes que no se adaptan a la voluntad de una minoría… Las normales rurales tienen el problema de incumplimiento de calendarios escolares, de horarios de trabajo, asistencia, exámenes y acreditaciones, lo cual repercute en el bajo rendimiento escolar”. Amparados en este tipo de descripciones, a las escuelas normales rurales se les ha caracterizado como “nidos comunistas”, “kínderes de bolcheviques”, “semillero de guerrilleros”, “escuelas ácratas”, etcétera. De esta manera han sufrido no sólo la agresión oficial y su ahorcamiento presupuestario, sino al mismo tiempo una criminalización de su funcionamiento y de sus participantes. Es por eso que la exlíder del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, propuso en 2010 convertirlas en escuelas que formaran “técnicos en turismo”.

Neoliberato y narcoestado policÍaco-militar, los responsables

En suma, el capitalismo neoliberal, el neoliberato mexicano –con sus delincuentes de cuello blanco, de uniforme militar/policíaco y los civiles embozados– y el narcoestado policíaco militar mexicano son los verdaderos responsables de toda esta situación de catacumbas que viven la adolescencia y la juventud mexicanas. Y no sólo son responsables; son sus impulsores.

En las páginas de este diario, Alejandro Nadal ha dicho que “los crímenes contra los estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa tienen la huella de un modelo económico en el que los jóvenes campesinos y su cultura son redundantes”.

Insertos en este contexto oprobioso, los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron víctimas, el 26 de septiembre pasado, de una celada criminal en Iguala, Guerrero. Ante las preguntas: ¿quiénes dispararon contra los autobuses que transportaban a los jóvenes?, ¿quiénes hicieron el macabro acto de desollar y desorbitar a un estudiante de Ayotzinapa?, ¿quiénes asesinaron a los cinco jóvenes e hirieron a veinticinco de ellos?, ¿quiénes secuestraron y desaparecieron forzadamente a cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa? Junto con los responsables, que cuentan con nombre, apellido y filiación partidista (desde el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Ángel Aguirre y el presidente municipal José Luis Abarca y su esposa, etcétera), están el sistema y el régimen de dominio explotador, corrupto, racista, entreguista y asesino, como propiciadores.

Hacia la movilización generalizada contra la violencia sistémica

Las respuestas a esas interrogantes hoy se nos muestran horrorosamente patentes. Como explicó Omar García, uno de los normalistas sobrevivientes de la masacre del 26 de septiembre: “Aunque haya quien lo considere un discurso del pasado, es la lucha de clases.” En efecto, se trata de una guerra de clases violenta en todos los planos, particularmente agudizada por la pobreza extrema, el uso de la represión contra movimientos político-populares, por el asesinato, la desaparición y el encarcelamiento de líderes en resistencia, etcétera. Una lucha de clases que ahora se nos muestra más sórdida, maliciosa y sucia, acorde con los tiempos y espacios turbulentos del capitalismo mundial.

Como lo planteara el mismo Omar, contradictoria y dolorosamente la matanza de los de Ayotzi “crea condiciones favorables para impulsar esa movilización generalizada. Esta es una oportunidad única para acabar con la violencia”. La violencia de Estado y de sistema es generalizada, y su contraparte debería ser la movilización generalizada de todos los sectores populares que la padecemos. Pero ésta tiene que ser preparada, organizada, unificada con tácticas y estrategias populares y de clase, pues, como ha señalado Guillermo Almeyra, si se quiere paz y un nuevo orden se necesita una nueva revolución de masas. Revolución que tendría como tarea inmediata desmontar las instituciones represoras del capitalismo neoliberal e instaurar un nuevo gobierno orgánica y democráticamente asentado en la participación y las necesidades colectivas y vitales de las clases y sectores explotados y oprimidos.

*La creación de universidades Interculturales en zonas rurales indígenas de ciertos estados de México es reciente, desde 2003, y son sólo alrededor de una docena. Véase Silvia Schmelkes “Las universidades interculturales en México ¿una contribución a la equidad en educación superior en México?”. Consulta 5 de octubre de 2014.