Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará la estrategia de la Procuraduría General de la República (PGR) aplicada en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada los pasados 26 y 27 de septiembre.

Lo anterior es parte de un convenio de asistencia técnica delineado ayer entre el Estado mexicano y la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, rechazó que el gobierno mexicano esté rebasado, aunque en ‘‘este caso tan doloroso, la suma de esfuerzos es bienvenida’’, dijo al término de la reunión privada a la que asistieron funcionarios federales, el relator para México de la CIDH, James Cavallaro, y representantes de dos grupos civiles acompañantes de las familias de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

La subprocuradora señaló que el Estado mexicano ‘‘está actuando de buena fe’’ en el marco de todos los convenios internacionales suscritos por nuestro país; en este sentido ofreció plena disposición de colaborar y de recibir asistencia técnica de la CIDH.

–¿La asistencia técnica se da cuando el Estado mexicano ha sido rebasado? –se preguntó a la subprocuradora.

–Yo no diría que un Estado reciba asistencia cuando no puede (con la tarea). No lo frasearía (sic) así; es una colaboración y una asistencia que brindaría a través de grupos de expertos para coadyuvar en las investigaciones en el contexto del esquema internacional del que México forma parte integral.

Benítez agregó que la investigación sigue para esclarecer en profundidad el caso. ‘‘No es que el procurador (Jesús Murillo Karam) se desdiga, simplemente dio los avances hasta ese momento (el viernes pasado, cuando presentó testigos de los hechos, quienes hicieron referencia a que los estudiantes de Ayotzinapa habrían sido asesinados y sus cuerpos calcinados hasta convertirlos en ceniza).

A su vez, la subprocuradora de Derechos Humanos, Eliana García, subrayó que ‘‘la asistencia técnica’’ de organismos internacionales ya es común en la PGR. ‘‘No es nada extraordinario, es parte sustancial del fortalecimiento de capacidades de la procuraduría’’.

En la información hubo matices; por un lado, el gobierno federal (secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la PGR) informaron en un comunicado conjunto: ‘‘México suscribe acuerdo de asistencia técnica con la CIDH’’, y precisaron que ‘‘la semana entrante se oficializará la suscripción del acuerdo’’, donde se espera la presencia del secretario ejecutivo de la citada comisión, Emilio Álvarez Icaza.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez explicó que el siguiente paso será la revisión y oficialización del acuerdo, a cargo de la Organización de Estados Americanos, para que ello dé paso a la integración del grupo de expertos internacionales, ‘‘quienes revisarán la actuación del Estado en este caso’’. El acuerdo se formalizará en fecha próxima, con la presencia de familiares de los estudiantes.

El Centro Pro agregó en un boletín que la asistencia técnica incluye la verificación de los planes de búsqueda de los 43 muchachos; la verificación de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y el análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas.

El grupo de expertos podrá formular recomendaciones para que la indagatoria de la PGR se ajuste a los más altos estándares en la materia. ‘‘Podrá exponer recomendaciones estructurales dirigidas a fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano frente al grave incremento de la desaparición forzada’’, advirtió el centro.

El documento en el que se detalla la ‘‘asesoría técnica de la CIDH’’ fue firmado por Cavallaro, el embajador Emilio Rabasa, representante permanente de México ante la OEA; la subprocuradora Benítez, y la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón.

Compromisos del 29 de octubre

También firmó Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Augstín Pro Juárez, en representación de los beneficiarios de las medidas cautelares dictadas por la CIDH el 3 de octubre pasado, así como de los compromisos de la reunión del 29 de octubre entre los familiares de las víctimas y el presidente Peña Nieto.