Ayotzinapa

Incertidumbre y dolor por
la masacre de Iguala


De la Conquista a 1931 (detalle). Diego Rivera, donde se ve quema de códices y libros indígenas por los misioneros católicos


Gloria Muñoz Ramírez 

Tixtla, Guerrero

La escuela Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” parece un campamento de damnificados. La comunidad de 540 alumnos que la conforman y los padres, hermanos, abuelos, tíos, primos y vecinos de los 43 estudiantes desaparecidos durante la matanza de Iguala del pasado 26 de septiembre, han hecho de las instalaciones su centro de encuentro. La ropa tendida en los salones convertidos en dormitorios, los comedores improvisados, el va y viene de autobuses retacados de estudiantes que realizan movilizaciones en las carreteras y brigadas de información, son el escenario que alberga lo que ya se califica como uno de los crímenes de Estado más atroces e indignantes en la historia del país. Otro Acteal, cuando menos.

Los padres y las madres lucen agotados. Se han hecho ya las pruebas de ADN para ver si pertenecen a sus hijos los cuerpos sin vida encontrados en seis fosas clandestinas. Desde el gobierno del estado casi dan por hecho que los 28 cadáveres calcinados y algunos desmembrados son de los alumnos de entre 16 y 20 años que fueron detenidos el 26 de septiembre, luego del operativo de la policía municipal de Iguala que impidió el paso a tres autobuses tomados por estudiantes de la Normal que se dirigían a recaudar recursos para asistir a la marcha conmemorativa de otra matanza de estudiantes, la del 2 de octubre de 1968. Los policías los balacearon y mataron a tres y luego se llevaron, relatan los testigos, a decenas de estudiantes que hasta el cierre de esta edición no habían sido presentados. Otras tres personas fueron también asesinadas en hechos vinculados a la primera agresión.

El domingo 5 de octubre, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Iñaki Blanco Cabrera, informó que 28 cuerpos fueron exhumados de seis fosas localizadas en las faldas de un cerro en Pueblo Viejo, municipio de Iguala. Dijo también que de acuerdo a las versiones de los 22 policías arrestados, al menos 17 fueron llevados a ese lugar, donde fueron quemados y desmembrados. Las cuentas no salen. Son 43 desparecidos, 28 los cuerpos encontrados y 17 los que afirman son de los estudiantes.

En los bloqueos que realizaron los estudiantes y familiares en la Autopista del Sol, y en la cancha de basquetbol de la Normal Rural, donde se concentran todos, rechazan las declaraciones oficiales. Manuel Martínez, vocero de los padres de familia, desmiente que los cuerpos encontrados en las fosas sean los de sus familiares: “Que quede bien claro que desmentimos lo que dijo el gobernador, porque no se vale, es una falta de respeto. Que nos los entreguen el día de hoy porque si no, en sus manos está lo que vaya a pasar en el estado, así de claro quedamos”.

Martínez reclama la renuncia del gobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Aguirre, “y que entregue a los 43 jóvenes, que él sabe dónde están, y que están vivos. Que desmienta la situación que hizo el día de ayer (respecto a las fosas), porque jugó con las mentes de las personas a nivel nacional e internacional. Y que vaya contando sus días en este estado, porque sabe bien que en esta ocasión sí se va de Guerrero”, remata.

Sobre las declaraciones del fiscal del estado, que refieren que el director de seguridad pública municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, dio la instrucción de detener a los 17 estudiantes, y una persona conocida como El Chucky, del grupo Guerreros Unidos, de la delincuencia organizada, ‘‘ordenó’’ a los policías ultimarlos, el representante de los familiares apunta: “no sabemos cómo está la narcopolítica, no inmiscuimos a ese tipo de personas aquí. Los que se llevaron a los compañeros fueron los policías municipales, por eso los culpamos a ellos. Hasta nos sabemos los números de las patrullas: la 017, 018, 020, 021, 022 y la que más anduvo contraatacando a nuestros compañeros normalistas fue la 302. Incluso después de que se los llevaron acudimos a varias instancias para ver si estaban nuestros compañeros, al ejército y nada, a barandillas en la policía municipal, y nada, a hospitales y nada, a Semefo (Servicio Médico Forense) y nada. Entonces, ¿qué está pasando aquí?”. Lo cierto es que nadie da respuestas.

En la Normal de Ayotizanapa se respira la incertidumbre. Grupos de jóvenes curtidos en el arte de pintar mantas, dibujan las que en estos días los convocan: JUSTICIA, se lee en una pintada de color rojo sangre. ASESINOS, se lee en otra. Los padres hablan entre ellos sentados en sillas dispersas. Otros se mantienen en silencio, con la mirada perdida. Hay tensión y zozobra alrededor de un altar con velas y flores colocado al centro de la cancha, frente a un estrado enmarcado por las imágenes de la triada Marx-Engels-Lenin, de un lado, y del otro El Ché Guevara y Mao Tse Tung. Casi no hay espacios sin murales y consignas políticas en esta escuela construida en la década de los treinta, en periodo posrevolucionario, por órdenes del entonces presidente Lázaro Cárdenas. “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”, dice el letrero colocado en la entrada de esta escuela-internado multilingüe conformada por estudiantes de bajos recursos, en su mayoría indígenas, provenientes de diversas partes del país. Aquí se forman los maestros que a su vez forman a los alumnos de primaria y secundaria de las regiones más empobrecidas de México.

Proveniente de Cerro Gordo, en Ayutla, el padre de Carlos Iván, de 18 años, uno de los detenidos-desaparecidos,  ya se hizo las pruebas de ADN para que las comparen con los cadáveres encontrados. Reclama que “no hay resultados. No sabemos nada de ellos, de su paradero, queremos que los liberen ya, estamos desesperados”. Otra madre familia, con los ojos bañados de lágrimas exige sin parar: “Que nos los entregue vivos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Los muchachos no son asesinos ni son vándalos, que nos los regresen”.

Mirada Internacional

Aunque desde los gobiernos federal y estatal se intenta enfocar la masacre en el nivel local, responsabilizando al alcalde de Iguala, a quien se le dieron todas las facilidades para escapar, y al director de seguridad pública municipal, Francisco Salgado Valladares, también prófugo, la prensa internacional recorre Guerrero, el estado que destapó con claridad lo que todo el mundo sabía: la complicidad del Estado con el crimen organizado. Por si faltara más información sobre estos vínculos, el lunes 6 de octubre el grupo delictivo Guerreros Unidos amenazó públicamente al gobierno colocando gigantescas mantas en Iguala, en las que exigen la liberación de los 22 policías detenidos por el caso: “Les damos 24 horas para que los suelten, si no aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno… ya empezó la guerra. atte: GU”.

Mientras continúa destapándose la cloaca, el PRD insiste en la defensa del gobernador que surgió de sus filas, mientras el presidente Enrique Peña Nieto se concretó a lamentar en cadena nacional que “sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos”. Como “afectados” se refirió el ejecutivo federal a los “asesinados”. Y días después de la masacre envió a la Gendarmería y al Policía Federal a resguardar Iguala, mientras el ejército desarmó a la policía municipal.