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Labriegos piden ser consultados para evitar atropellos
 
Periódico La Jornada
Domingo 31 de agosto de 2014, p. 14

Ante la instalación de proyectos hidroeléctricos en Oaxaca, Guerrero y Veracruz, organizaciones campesinas demandaron a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que se concrete el proyecto de una ley de consulta indígena a fin de evitar atropellos por las empresas trasnacionales responsables de esos establecimientos.

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, el Movimiento Social Independiente de Veracruz y el Frente Indígena y Campesino de México manifestaron en un comunicado su oposición a la imposición de megaproyectos sin que medie una consulta libre, previa e informada en nuestras comunidades.

Señalaron que en la cuenca del río Bobos, Veracruz, el gobierno federal ha aprobado seis presas hidroeléctricas sin que medie un estudio de impacto ambiental que abarque todos los proyectos y mañosamente trata cada tema por separado. Se trata de los proyectos Dos Puentes, El Águila, Escalona, Tatatila, Elia y San Pablo. En éstos y otros megaproyectos, afirmaron, los campesinos e indígenas vuelven a quedar excluidos de los debates.

Estamos conscientes de que en esta discusión se pone en juego el futuro de las siguientes generaciones y, por tanto, apostamos a configurar un proceso de diálogo incluyente, en el que nuestras voces sean escuchadas y sobre todo, que sea respetada nuestra decisión final. De esa forma (podríamos) contribuir a la construcción de un espacio donde no permeen los intereses electorales ni las presiones internacionales o las pre­bendas económicas para usar a los cabildos y municipios como ariete para el despojo, indicaron.

Las organizaciones ven en la falta de consulta a las comunidades la posibilidad de que se privaticen los recursos naturales de nuestro territorio. Sobre todo vemos amenazada el agua y con ella la biodiversidad, así como la agricultura.

Infiltrados para dividir

Aseguran que la empresa OHL-México no ha respetado el acuerdo que implica esperar a que exista un protocolo adecuado para consultar a las comunidades antes de continuar con sus proyectos. Ha estado enviando personeros a las localidades, mismos que se hacen pasar por consultores independientes o reporteros. (...) Esto con la finalidad de generar confrontación y división en las asambleas y presionar para que se tome una decisión precipitada respecto de la instalación de la hidroeléctrica Tatatila.