La Procuraduría General de la República (PGR) reactivó la averiguación previa de una denuncia penal presentada hace cuatro años por decenas de familias defraudadas por la sobrevaluación –hasta en 40 por ciento– del precio real de sus viviendas de interés social, adquiridas mediante créditos que se pagarán en 15 y 20 años.

La dependencia federal actuó en respuesta a un oficio emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que el pasado 31 de julio resolvió que Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y la propia PGR violaron los derechos humanos de decenas de afectados por fraude.

En conferencia de prensa, José Humbertus Pérez Espinosa, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, asociación civil que representa legalmente a los afectados, informó este lunes que la resolución de la CNDH agilizará las pesquisas contra los presuntos responsables de la afectación al patrimonio de decenas de familias.

El litigante y activista explicó que después de varios años de enfrentar amenazas de muerte en contra mía y de integrantes del frente, después de toparnos frecuentemente con pared y de enfrentarnos a funcionarios de la PGR omisos, que protegen a los servidores públicos responsables de este monumental fraude a cientos de familias, por fin, ahora, la CNDH nos está dando la razón.

Pérez Espinosa destacó que según se deriva del expediente CNDH/4/2012/88443/Q, la SHF y la PGR deben determinar en los próximos 15 días si aceptan una propuesta de conciliación para llegar, en un periodo de 90 días, a un acuerdo con los afectados y reparar el daño que se les ha ocasionado.

Refirió que entre 1999 y 2011 diversas Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) otorgaron préstamos hipotecarios sobrevaluados en 40 por ciento de su valor real, pero la PGR se ha negado a ejercitar acción penal contra los responsables de este megafraude.

Según Pérez Espinosa, los afectados en todo el país que adquirieron viviendas mediante créditos con las principales empresas del ramo, como GEO, Sadasi y Urbi, entre otras sofoles, las cuales inflaron hasta en 40 por ciento el valor real de los inmuebles, tienen la posibilidad de ser indeminizados con dinero o en especie.

Queremos destacar que estas resoluciones en contra de la SHF y de la PGR son de gran trascendencia para garantizar el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos de segunda generación, es decir, se fortalece el constitucionalismo social de nuestra Carta Magna, en virtud de que la CNDH en sus consideraciones señala que la SHF dejó de observar el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, destacó.