Movilización para defender la tierra,
el agua, la biodiversidad y los sueños

“Por la tierra, por el agua y por la vida”, un conjunto de organizaciones, asociaciones, redes y ciudadanos en lo particular se movilizarán a partir de agosto, primero en un gran encuentro, el día 16 en San Salvador Atenco, y luego en jornadas nacionales de resistencia que se desarrollarán durante tres meses, para culminar con una acción conjunta y pública el 6 de diciembre, el aniversario cien de la entrada a la Ciudad de México de los ejércitos campesinos de Emiliano Zapata y Francisco Villa con la consigna “Tierra y libertad”, bandera ésta que –dice Milton Gabriel Hernández García, uno de los organizadores- “nos sigue unificando”.

Toda esta movilización, señala Hernández García, quien es investigador del Centro de Investigación y Capacitación Rural, AC (Cedicar), “surge porque el despojo del agua, del aire, de la biodiversidad, del patrimonio familiar y comunitario, de los bienes comunes, de los derechos individuales y colectivos, de la salud, de la cultura alimentaria, e incluso de nuestros sueños y esperanzas, se ha vuelto una realidad cotidiana”, intensificada por el neoliberalismo y apuntalada con modificaciones a la Constitución y sus leyes, modificaciones que iniciaron en 1992 en el 27 constitucional y la Ley Agraria para privatizar el ejido y la comunidad; que siguieron con la Ley minera, para darle prioridad a la extracción de minerales sobre cualquier otra actividad, y que hoy se observan con la reforma energética y con la amenaza de la reforma del campo, esta última encaminada a facilitar el paso al dominio pleno de las tierras de propiedad social.

En este marco, dice el entrevistado, “las expropiaciones se han vuelto canallas, pero afortunadamente crecen también las resistencias”.

El documento preparatorio de la movilización precisa: “Nos despojan la minería a cielo abierto, las grandes presas, las carreteras y ductos, la urbanización desordenada, los grandes desarrollos turísticos, los privatizadores del agua, los que se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio, los que comercializan y empobrecen nuestra riqueza cultural, los agro negocios, la publicidad y omnipresencia de la comida chatarra, los talamontes, los empresarios turísticos que se adueñan del paisaje, los cárteles del narco… Pero también nos despojan quienes monopolizan el espectro electromagnético y quienes mediante los transgénicos colonizan nuestro genoma. Nos despojan un sinnúmero de corporaciones trasnacionales y mexicanas, y nos despojan los gobiernos que son sus personeros y cómplices, que además criminalizan a quienes defienden la vida y se oponen a la muerte que significa el avance de la barbarie”.

Entre los organizadores –quienes prevén delinear mecanismos de defensa y esbozar proyectos de futuro- están la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la AC Agua para Tod@s, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y la Sierra Oriental (CODHHSO), El Poder del Consumidor, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, El Barzón, Semillas de Vida y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC).

El carnaval de la vida, el agua y la alegría

Otros pueblos que habitan, trabajan y tienen a sus muertos en lugares amenazados por presas, son los que afectarían los 112 proyectos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha diseñado para Veracruz, entre ellos Zongolica, sobre el Río Apatlahuaya; Jalcomulco, sobre el Río Pescados-La Antigua, y Tlapacoyan y Atzalan, sobre el Río Bobos-Nautla. En el mismo estado, la hidroeléctrica El Naranjal, sobre los ríos Blanco y Metlac, requeriría un canal de 22 kilómetros a cielo abierto y afectaría a pobladores de cinco municipios, que para impedirlo formaron el colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, que desde 2011 tiene frenada la obra.

De entre estas amenazas destaca la defensa de sus aguas que están haciendo los pueblos ribereños del Río La Antigua, que se verían afectados por una represa que planea el gobierno del estado en asociación con la trasnacional brasileña Odebrecht Participacoes e Investimentos, y que almacenaría 135 millones de litros destinados a la ciudad de Xalapa a la que llegarían por bombeo. El proyecto fue aprobado por el Congreso del estado en 2013, pero se oponen a él el Comité de Pueblos Unidos Contra las Presas, el Movimiento en Defensa contra la Presa de Jalcomulco, la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados, así como el movimiento Pueblos Unidos en Defensa de La Antigua.

El 14 de marzo de 2014, unos ocho mil habitantes de siete municipios veracruzanos marcharon a la capital, Xalapa, al ritmo de tambores y trompetas, disfrazados como botargas y portando globos verdes y azules en una acción airada pero festiva a la que llamaron Carnaval Vida, Agua y Alegría. En una de las mantas del campamento que instalaron en la congregación de Tuzamapan se lee: “Disculpen las molestias, estamos salvando la vida”. Dice uno de los activistas:

“Aquí nadie se ha rajado. Nos estamos jugando nuestro patrimonio, la vivienda, el trabajo por el cultivo de limones en las áreas verdes cercanas al río y la pesca, así como la seguridad en tiempos de lluvias.”

El 13 de marzo la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados sentó un precedente jurídico al presentar en el juzgado una demanda de acción colectiva por “acción de obra peligrosa”, en la que se exige suspender el ingreso de maquinaria y parar los trabajos de construcción de la presa Jalcomulco.

En 2014 se creó en el mismo estado la convergencia llamada La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) que, entre otras afectaciones se opone a las grandes hidroeléctricas (AB).

Cherán: el narco y el bosque

En abril de 2011, los comuneros purépechas de Cherán, Michoacán, emprendieron la defensa de sus bosques y de sus vidas contra organizaciones criminales que combinan el negocio del narcotráfico con el de la extracción de la madera.

“Eran entre 150 y 200 camionetas -cuenta Jesús Silva Tomás, del Consejo de Bienes Comunales-. Alcanzaban a sacar dos viajes diarios, pues está relativamente cerca la carretera, como dos mil árboles verdes cada día. Y pues veíamos cómo se devastaba nuestro monte, sobre todo el que llamamos ‘El San Miguel’. Me tocó ver que esos, los talamontes, pasaban por el centro del pueblo aun cuando la calle era de sentido contrario. Pasaban y nadie decía nada. Al contrario, creo que hasta nos agachábamos para no tener problemas. Hasta que la gente se fue hartando. Y más cuando empezaron a derribar cerca del ojón de agua que nosotros conocemos como La Cofradía. Eso fue lo que hizo que nos levantáramos”.

Y “nadie decía nada” porque los rapamontes eran parte de “los malos”, “los armados”, “los mañosos”, grupos criminales fuertemente pertrechados que además del tráfico de drogas se apropian de recursos mineros y forestales sobornando y aterrorizando a la población. A la postre, los de Cherán no se dejaron. Hartos de esperar que la intervención de la fuerza pública resolviera y les devolviera la seguridad, pusieron retenes armados a las puertas del pueblo y en las noches encendían fogatas donde los vigilantes velaban. Hoy Cherán es Municipio Autónomo y referente de todos los que resisten desde los territorios y, en mayo de 2014, se anotó un tanto de gran importancia para todas las comunidades indígenas que exigen que se haga valer su derecho a la consulta, cuando la Suprema Corte decidió que la reforma constitucional aprobada por el Congreso de Michoacán en marzo de 2012, debía ser anulada pues no se había recabado el punto de vista de Cherán (AB).

Estrategias y respuestas jurídicas
exitosas, a favor de los pueblos:
López Bárcenas

FOTO: Colectivo Ecologista Jalisco

Lourdes Rudiño

Si bien es cierto que hay una tendencia global brutal a mercar con los recursos naturales, como el agua y el aire, así como con la tierra, despojando a los pueblos, y que la reforma energética apunta a situaciones tan graves como “ocupaciones temporales”, esto es una especie de arrendamientos forzosos, también es cierto que hay una corriente igualmente global de derechos humanos que ha permeado en la población y en las organizaciones sociales de México, y ante las andanadas de despojo a las comunidades rurales hay respuestas jurídicas novedosas que en muchos casos se concretan exitosamente.

Así lo considera Francisco López Bárcenas, prominente abogado en derecho indígena comprometido con causas sociales y asesor agrario. Afirma: “En términos jurídicos, la globalización tiene una doble cara”: abre las posibilidades para el despojo y la contaminación de los recursos, “pero también hay una tendencia de derechos humanos que hay que saber usar y que se puede usar a favor de los pueblos”.

Comenta que él ha hecho un seguimiento durante diez años a las demandas, y sobre todo al tipo de demandas, que emprenden los pueblos para defenderse, y observa que hay planteamientos y estrategias novedosos e inteligentes, en buena parte basados en instrumentos internacionales, como es el caso de la invocación del derecho a la consulta, en demandas que piden al presidente de la República que no abuse en su derecho a otorgar concesiones y que consulte a los pueblos.

“Por ejemplo, en Chihuahua hay casos donde los pueblos están demandando territorios, no tierras. En ese estado hay varias sentencias importantes, una de ellas un amparo ganado contra el proyecto turístico Barrancas del Cobre, que invadía y destruía territorios indígenas; la sentencia ordena la modificación del proyecto. Asimismo, en Creel se frenó un aeropuerto porque lo construyeron sin consultar a la gente y destruyó sus accesos y el lugar donde tomaban agua. Los cucapás en Baja California están demandando que se modifique el Área Natural Protegida porque no dejan pescar; en Campeche dos comunidades demandaron a Monsanto porque la miel que ellos producen se contamina con la soya transgénica de esa empresa, y acaban de ganar un amparo que obliga a frenar la siembra de esa soya. En San Miguel Progreso, Guerrero, los me´phaa (tlapanecos) dijeron: ‘vamos contra la Ley minera y contra las concesiones mineras’, y les dieron el amparo contra las concesiones mineras, no contra la ley, eso lo están apelando, pero tuvieron un éxito”.

Un caso emblemático es el de Wirikuta, con el pueblo wixarika (huicholes) como protagonista. Ellos desarrollaron una estrategia con muchos elementos, “y me llamó mucho la atención por lo bien que lo hicieron. Presentaron su demanda contra la minera canadiense First Magestic Silver Corp, pero armaron toda una estrategia de difusión, una red de apoyos, de cabildeo en los tribunales y en el Poder Legislativo, así como en el ámbito internacional, en la bolsa de valores de Canadá, y lograron lo que querían: sacar a la minera. Si el capital combina todo eso, aparte de que tiene de su parte al gobierno, tiene sus cabilderos, sus operadores, su estrategia, nosotros tenemos también que hacer algo así.

“Aunque se piense que el derecho no tiene la función que nos han dicho, de proteger a la sociedad, aunque se sepa que hay corrupción, que hay muchos tribunales que de estos temas conocen poco, la gente está haciendo demandas y obtiene éxito”.

Pero, aclara el entrevistado, “¿dónde hemos visto que se traban las cosas? En la ejecución de las sentencias. Los tribunales no ejecutan las resoluciones, las reenvían al Ejecutivo y el asunto se vuelve a enredar en los intereses políticos, te ponen trabas y tienes que recurrir nuevamente al tribunal para decir ‘oye, no estás ejecutando bien’. Entonces hay pueblos que dicen: ‘ganamos un amparo pero en realidad perdimos’.

“Eso nos decían en San Francisco Cherán, Michoacán. El pueblo ganó una sentencia para que lo reconocieran como municipio indígena, y que el Legislativo del estado hiciera una consulta antes de legislar. Pero el Legislativo dijo: ‘bueno, pues allí cuando yo legisle los consulto, por lo pronto voy a hacer la ley’, y los deja fuera. Es un cinismo terrible desde la clase política; el Legislativo debió decir ‘voy a parar la ley porque me está pidiendo la Corte que los consulte’. Hay una sentencia favorable a los yaquis que suma dos años sin poderse ejecutar, y otra a favor de la comunidad de Huetosachi, de la sierra Tarahumara, que demanda el reconocimiento de su territorio, y lleva como tres años sin poder ejecutarse. Ese es realmente el problema que tenemos”.

Otro caso, el de la Presa Zapotillo en Jalisco, “es terrible para la justicia mexicana porque suma como diez amparos ganados, todos dando la razón al pueblo, y además los ganaderos de Los Altos ganaron un amparo contra el acueducto (no la presa). Y ¿qué dice la Comisión Nacional del Agua? –porque es el gobierno el que se ha visto renuente a cumplir con esta sentencia-. Dice que eso implica mucho dinero perdido… La discusión no es el dinero sino la pervivencia de un pueblo y el cumplimiento de la ley. ¿Por qué el gobierno invirtió dinero sin antes asegurarse de la legalidad del proyecto? Alguien, algún funcionario, se excedió en sus funciones, y en todo caso habría que fincarle responsabilidad a ese funcionario, y no decir ‘no voy a cumplir la sentencia porque invertí mucho dinero’”.

López Bárcenas comenta que esta no es una situación privativa de México; “ocurre en todo el mundo, porque el derecho también se globalizó. Muchas de nuestras leyes no se hacen en el Congreso, se discuten en las grandes empresas, las diseñan los bufetes de las trasnacionales.. Antes uno presentaba un juicio y si tenía razón, lo ganaba, no había tanto interés acumulado en la justicia, ahora eso es imposible. ¿Qué tenemos que hacer?, debemos darle otro sentido al uso del derecho.

“A nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay muchísima jurisprudencia bastante progresista. Por ejemplo, en México cualquier tipo de propiedad se demuestra con documentos -una sentencia o una escritura o una resolución presidencial-. Bueno, pues resulta que la Corte Interamericana ha dicho que los pueblos no tienen por qué presentar un documento para demostrar que son propietarios, porque fundamentalmente su derecho viene de antes de que se formara el Estado. Lo que necesitan los pueblos es demostrar que tienen posesión. Esto es algo muy importante para los indígenas, y es parte del derecho mexicano. Si llega una empresa y pide papeles a los pobladores de un territorio, ellos deben responder que no necesitan papeles. O, según ha dicho la misma Corte, cuando ya sacaron a los pueblos, ellos tienen derecho a regresar aunque no tengan papeles. Esto es algo que los abogados deben ir conociendo como parte del arsenal jurídico con el que pueden defenderse.

“Lo principal, lo central, es crear conciencia en los pueblos y que los pueblos se organicen. Hay procesos importantes, muchos que no vemos, por ejemplo los nuevos movimientos indígenas. Están en un proceso de fortalecimiento interno. Están recuperando parte de sus creencias, cultura, prácticas cotidianas, les están devolviendo el poder a sus líderes de ellos, no a los que se comunican con los agentes externos, sino a sus autoridades, a sus rezanderos. Eso está pasando y es importante porque fortalece el sentido de pertenencia. Lo veo en muchas partes. Eso implica que en algún momento vamos a ver un movimiento nacional grande; por el momento su lógica es esa y van a resistir cosas”.

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