19 de julio de 2014     Número 82

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Despojo y contaminación de agua, 
por fuerte apuesta industrial de
México: Andrés Barreda

Lourdes Rudiño

El problema ambiental de México debe mirarse sin estereotipos. A diferencia de Sudamérica, en nuestro país el punto clave no está sólo en el extractivismo, sino también en el avance de una industria altamente automatizada que genera pocos empleos y nada de prosperidad y que es muy agresiva en los mercados internacionales –la automotriz, de telefonía celular, autopartes, aeroespacial, aeronáutica, textil e incluso la agroindustrial, entre otras-. Esta industria insume y contamina grandísimas cantidades de agua, además de que utiliza el territorio vía corredores industriales, donde los efectos se observan en daños a la salud humana, crecientes accidentes carreteros y trasvases de agua propiciados por el colapso hídrico que se vive.

Andrés Barreda Marín, miembro de la Asamblea de Afectados Ambientales, afirma esto, y si bien  reconoce que la minería y la extracción de hidrocarburos, incluido el gas shale, representan un conflicto serio, con un descomunal y sistemático despojo de tierras, bosques y aguas, “Hay que entender que el problema no son sólo afecta a los 25 millones de campesinos, sino al cien por ciento de la población”.

Menciona en entrevista datos que sustentan su afirmación: en el mundo México es el octavo productor de automóviles y aspira a ser el séptimo (y cada auto insume en su manufactura entre medio y un millón de litros de agua), además de que es el quinto exportador; es importantísimo productor en aparatos de medición médica, y es líder en refrigeradores, pantallas planas y teléfonos celulares.

En la región de Puebla y Tlaxcala, donde hay también una presencia importante de la industria textil –que es altamente contaminante del agua, y como ejemplo está el desastre provocado al Río Atoyac por las empresas del rey de la mezclilla, Kamel Nacif- está instalada la Volkswagen y se prevé que llegue Audi. Y hay alrededor de14 parques industriales, productores de componentes claves para los autos (cristales, productos electro-informáticos, radios, GPS, aceleradores, elevadores de ventanas, etcétera). Tan sólo dentro de la Volkswagen hay 20 pozos gigantescos de extracción de agua. Pero en la región, en manos industriales, hay más pozos no contabilizados, y los resultados allí son de abatimiento de los acuíferos. “México entonces exporta agua en forma de autos y de todo tipo de productos industriales”.

Alrededor de la Ciudad de México están otras industrias automotrices (en Toluca, Cuautitlán y Cuernavaca, además de la mencionada Puebla-Tlaxcala), pero hoy día “hay un nuevo núcleo que se está emplazando en Guanajuato, y forma un centro industrial junto con Querétaro, donde se está asentando la industria aeronáutica y aeroespacial –que involucra intereses de Diego Fernández de Cevallos, e implica armamento aéreo, lo que hace de México objeto de ataque militar-, todo lo cual utiliza grandísimas cantidades de agua.

Esto se liga con Hidalgo, donde se ubican las grandes refinadoras de Pemex. Este corredor industrial entra en competencia por el agua con la minería y la actividad extractora de gas shale. Y por la parte norte de Guanajuato hay actividades agrícolas intensivas con alto consumo de agua –por ejemplo, en las tierras del rey del ajo, Javier Usabiaga, hay 300 pozos-. “Aquí está el Río Independencia, y debido a la actividad industrial, decenas de pueblos están completamente intoxicados por el fluor y arsénico que contamina el agua. El primero es un descalcificante y el segundo un cancerígeno potentísimo. “Masivamente, la población está perdiendo los huesos; se observa en cualquier niño, todos pierden los dientes. Hablamos de una tragedia de cientos de miles de personas, pues el agua limpia se usa para la agro exportación, y la que no, va a la industria automotriz. La sobre explotación de acuíferos es brutal y por supuesto no alcanza para todas las apuestas industriales que se están llevando a cabo”.

Este corredor toca la frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí, donde hay grandes yacimientos de litio, considerados entre los terceros y quintos de todo el planeta, que son importantísimos para la producción de las próximas baterías eléctricas de la industria automotriz.

Según Barreda, destaca en todo esto la posición de Guanajuato, pues está en el centro del corredor Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo, es decir la conexión del oriente de Estados Unidos con China (centros económicos líderes del planeta), y esto, que evidencia el uso del territorio mexicano como corredor industrial, explica por qué tenemos en esa zona un gran colapso ecológico y de movilidad.

Allí se encuentra el núcleo de movilidad ferrocarrilera más importante del planeta; la extracción de minerales ocurre vía ferrocarril. Asimismo las carreteras de este corredor se manifiestan como las bandas de montaje de la industria global, lo que deriva en problemas de contaminación ambiental de primer orden pero también hay accidentes, con múltiples muertos y heridos, pues los tráilers en México circulan a una velocidad superior en cien por ciento a la permitida en las normatividades del resto del mundo. Estos accidentes han crecido exponencialmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN) y la información al respecto está dispersa, y nadie la monitorea, afirma.

Entonces, señala Barreda, esta gran producción y tránsito de productos industriales está absorbiendo grandes cantidades de agua, y resulta cínica la reciente declaración del presidente Enrique Peña, hecha en un foro internacional sobre este recurso, de que los tiempos del agua fácil y abundante se acabaron.

“Y es que, en verdad, las aguas superficiales y también las subterráneas se han sobreexplotado de forma fenomenal”. Además de las actividades industriales mencionadas, está por supuesto el uso y contaminación del agua que hace la minería, la cual, según datos duros, goza de concesiones en 17 por ciento del territorio nacional, sobre todo en la Sierra Madre Occidental, aunque también en la Sierra Madre Oriental y en el norte de México. Y también están las actividades extractivas de gas shale, tal vez en otro 16 o 17 por ciento del territorio del país. Minería que implica no sólo oro –metal que las mineras canadienses están extrayendo desaforadamente porque tiene preminencia hoy frente a las monedas fuertes del mundo -, sino también las tierras raras (elementos químicos y lantánidos para los componentes electro informáticos). Zacatecas era considerado hace muchos años lugar clave para la extracción de tierras raras, hoy esa posición la ocupa Oaxaca, “pero se carece de información de dónde se están explorando estas tierras raras”. Y está la explotación de elementos tales como el manganeso y el platino, que son considerados estratégicos por el gobierno de Estados Unidos; en el primer caso México no tiene las principales reservas, pero es el principal abastecedor de EU (con explotaciones que van desde San Luis Potosí hasta la Sierra Norte de Puebla).

Así, señala el entrevistado, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales presentó hace un año y medio una demanda contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues lo que estamos viviendo no es una casualidad, es una política hídrica de despojo y una apuesta dura del gobierno al desarrollo de la industria. “Acusamos a la Conagua por una destrucción sistémica del sistema hidrológico nacional”.

Control del agua

Claudia Campero Organizadora para América Latina de Blue Planet Project y Food & Water Watch y participante de la Alianza Mexicana contra el Fracking

Toda actividad humana requiere agua: la agricultura, ganadería, turismo, industria, minería, extracción de hidrocarburos, producción de electricidad, etcétera. Pero las prioridades son diferentes. Difícilmente alguien afirmaría que la actividad industrial es más importante que la sobrevivencia, pero la dura realidad nos muestra que a la industria no le falta agua para operar, y muchas personas, millones de hecho, sí viven sin el agua en cantidad y calidad suficiente. De hecho, la reforma energética en ciernes, de ser aprobada e implementada, reproducirá este patrón. Ante ello, una vez más, se requieren defensas ciudadanas.

En México se vive una situación grave de mal manejo de agua que inicia por el gobierno federal y se mantiene en estados y municipios, y también en el Distrito Federal. No importa de qué color sea el partido gobernante, las políticas de manejo varían muy poco y privilegian al ámbito urbano, que consume el agua en exceso y no sólo para uso humano sino para industria y servicios, generalmente beneficiando a pequeñas élites locales, por encima del ámbito rural que la produce, despojando a éste del líquido. Privilegian el agua para el “desarrollo” económico y las inversiones de la agroindustria, la maquila, la minería, la explotación de hidrocarburos. De hecho, el agua usada en estas actividades se consigue de forma barata y se regresa altamente contaminada al ambiente. Pesticidas, fertilizantes, colorantes, metales pesados y tóxicos diversos van a dar de forma difusa o puntual de regreso al suelo y a los cuerpos de agua obstaculizando o imposibilitando su aprovechamiento por las poblaciones aguas abajo y de generaciones futuras.

¿Y cuál es la solución gubernamental a este problema de mal manejo y contaminación? Traer agua de lugares cada vez más lejanos o de acuíferos más profundos, incurriendo en costos energéticos, sociales y ambientales altos e innecesarios. Así lo muestran los planes que pretenden invertir en más macro infraestructura –proyectos desquiciados como el Monterrey VI, la presa El Zapotillo y Atotonilco, entre muchos otros–, aun cuando la experiencia internacional nos dice que si bien es deseable invertir en agua, existen opciones más inteligentes y sustentables que megaproyectos costosos.

El panorama no es alentador y todo indica que empeorará. A pesar de que en 2012 se logró reconocer al nivel constitucional el derecho humano al agua, la nueva Ley General de Aguas, que debiera implementarlo, no ha sido presentada oficialmente, pero los borradores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) denotan un soslayo del líquido como derecho humano, pues buscan continuar profundizando el modelo del agua como bien económico, de grandes infraestructuras, de participación de la iniciativa privada. Y a pesar de que se está elaborando una iniciativa ciudadana con un proceso amplio de organizaciones y academia cuyo principal objetivo es democratizar la gestión del agua, las y los legisladores no han mostrado interés en esto.

A este escenario preocupante se añade la propuesta de reforma energética, que promueve la extracción de hidrocarburos por medio del fracking –que utiliza y contamina irreversiblemente entre nueve millones y 29 millones de litros de agua por pozo– con disposiciones que obligarán a las y los dueños de la tierra a rentar sus tierras (a beneficio del contratista) o a enfrentar la expropiación. Es, sin exagerar, un auténtico despojo promovido por el Ejecutivo y que busca ser legalizado por el Congreso. El gobierno está preparando todas las fichas para sustraer a comunidades de sus tierras, al tiempo que garantiza a las empresas la disponibilidad de agua en regiones que están lejos de la abundancia, en el norte del país. Así, agricultores en Piedras Negras viven en incertidumbre pues la Conagua decretó a finales del 2013 reglamentar la zona, que previamente era de libre alumbramiento, y quienes no se enteraron y no procesaron su concesión o asignación a tiempo enfrentan la posibilidad de perder su derecho de uso de agua.

El gobierno federal y los gobiernos estatales ya han mostrado su posición. Queda a la ciudadanía alzar la voz y buscar formas creativas para defender el agua y el territorio. Es urgente encontrar viejos y nuevos aliados. Los movimientos campesinos tienen claro el diagnóstico y la agenda de movilización para impedir el despojo. Más vale ir sumando pues no habrá espacio para lamentaciones.

Minería en el capitalismo del siglo XXI:
despojo de territorios rurales

Violeta R. Núñez Rodríguez

En los 20 años recientes, del territorio de la nación mexicana se ha extraído ¡cuatro veces el oro! y casi el ¡doble de plata! de lo que se extrajo durante los tres siglos que duró la Colonia.

Junto a esto, las exportaciones minerometalúrgicas han crecido de manera importante. Esto implica que la extracción de los minerales está cubriendo las necesidades de otras naciones. En particular, 70 por ciento de las exportaciones de oro y más de 80 por ciento de las de plata se dirigen hacia los Estados Unidos.

San Luis Potosí

Wirikuta. Un territorio
de valor simbólico

Queremos defender este lugar sagrado (…) que no se saque el corazón y la sangre de Wirikuta, porque está vivo. Si lo hicieran, el pueblo wixárika desaparecería.

Palabras del mara´akame, Cerro del Quemado, Wirikuta, San Luis Potosí.

Todos preservamos el orden cósmico de a poquito con los pequeños ritos privados y sociales de los que está empedrada la cotidianidad, pero los wixárica asumen la compartida responsabilidad cósmica de manera excepcionalmente entusiasta, generosa y colectiva, además de periódica, ritual y estetizada. Así, las peregrinaciones que 30 mara´akate o jicareros realizan todos los años al cerro sagrado de Wirikuta, donde por medio de visiones propiciadas por el largo viaje, el ayuno y el hicuri o peyote, recrean el mundo de la luz, son eventos que nos incumben a todos, por muy agnósticos que algunos seamos.

Pero la peregrinación anual de los chamanes huicholes está en riesgo y por ende también peligra la armonía cósmica. Grandes partes del Desierto del Amanecer fueron cedidas en 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón a la minera First Majestic Silver, que tiene 22 concesiones que abarcan seis mil 327 hectáreas, y a la Revolution Resources, cuyo Proyecto Universo está previsto para ocupar 60 mil hectáreas, la quinta parte de la reserva. Por decreto estatal este Desierto es Área Natural Protegida; se le considera Área de Importancia para la Preservación de las Aves; desde 1988 fue incorporado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a la Red Mundial de Lugares Sagrados Naturales, y desde 2004 está en lista de espera para ser reconocido Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.

Aunque divididos por un siglo de disputas territoriales, representantes de los 45 mil wixáricas que habitan partes de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, se congregan año tras año para cumplir el compromiso que tienen con ellos mismos, con nosotros y con el universo. Y en 2013 lo hicieron también para defender sus territorios sagrados. El Frente Tamatsima Wahaa puso en acción a los indígenas, pero movilizó igualmente a un amplio segmento de la opinión pública integrado por quienes sabemos que permitir la destrucción de la base territorial del imaginario wixárica y con ella la destrucción de los huicholes como pueblo, es aceptar que se violente el orden cósmico: un delicado equilibrio sostenido sobre la pluralidad dialogante de las culturas. Primero se fueron sobre el Desierto del Amanecer y si los dejamos después se irán sobre los territorios significativos de todos los demás. Por fortuna de momento los detuvimos gracias a un amparo judicial interpuesto por la comunidad en 2013 (AB).

¿Cómo ha sido posible esto? La contrarreforma agraria de 1992, no sólo incluía la modificación del artículo 27 y de la Ley Agraria, también abarcaba la Ley minera y la Ley de Aguas Nacionales. Es decir, la contrarreforma, que ya de por sí era mayúscula, no sólo contemplaba la cancelación del reparto agrario y la posible privatización de la propiedad social (del ejido).

La Ley minera formaba parte del Programa Nacional de la Modernización de la Minería 1990-1994, cuyo propósito era “aumentar significativamente el crecimiento de la actividad minera mediante su modernización y diversificación, fortaleciendo la comercialización de sus productos a través de una mayor productividad y competitividad que permita obtener mejores beneficios”.

Como parte de este Programa, se estableció la necesidad de crear un nuevo marco jurídico a fin de “facilitar” la inversión en esta actividad. En este contexto la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal expresó: “se eliminaron requisitos, se simplificaron trámites y se unificaron criterios para facilitar la concurrencia de los particulares a la exploración y explotación del territorio nacional, propiciando mayor afluencia de las inversiones”.

Así, la minería se circunscribía a la lógica neoliberal imperante en México y en el mundo. Lo importante era convertir esta actividad, todavía en mayor medida en manos del Estado, en una actividad productiva y competitiva que fuera atractiva a la inversión privada.

En este contexto emergió la Ley minera. Entre otros, la Ley estableció tres artículos que han impactado el territorio nacional. El artículo 6 estipula que la minería es una actividad de utilidad pública, por lo cual será preferente sobre cualquier otro uso del terreno en donde se localicen minerales. Junto a esto, el artículo 10 establece que esta actividad se realizará mediante el otorgamiento de concesiones (otorgan derechos sobre el terreno, mas no la propiedad), las cuales podrán tener una vigencia, según el artículo 15, de ¡50 años!, con posibilidad de ampliarla por el mismo periodo.

Es decir, las concesiones pueden ser por ¡cien años!

A partir de estas disposiciones legales, una parte importante del territorio de la nación mexicana se ha concesionado para esta actividad. En los 20 años recientes se han entregado más de 47 mil títulos que abarcan casi cien millones de hectáreas. No obstante, el Primer Informe de Gobierno de la actual administración gubernamental, indica que sólo 30.7 millones de hectáreas tienen concesiones vigentes.

La gran duda es por qué tantas concesiones han perdido su vigencia. Es decir, qué pasó con más de 60 millones de hectáreas concesionadas. Esta duda surge, considerando que la legislación tan laxa y permisiva (entre ellas no sólo la Ley minera, sino la Ley Federal de Derechos), ha convertido a México en un paraíso minero, y consideranto también el alza internacional que experimentan los precios de los minerales y las ganancias importantes de la empresas mineras en bolsa de valores.

De cualquier forma, 30 millones de hectáreas es una cifra espectacular. No está de más decir que después del triunfo de la Revolución Mexicana pasaron nueve periodos presidenciales para que, producto de la reforma agraria, se entregara esa cantidad de tierras.

Así, la contrarreforma no implicó cambiar el régimen de tenencia de la tierra, sino “conservarla”, aunque cediendo el derecho sobre el terreno en su conjunto a empresas mineras. Dicho en otras palabras, las empresas llegan a explorar, sacar y beneficiar el mineral (dejando todos los desperdicios de la minería a cielo abierto), y después se van.

De acuerdo con los Panoramas mineros por estado, la mayor parte de la superficie concesionada, más del 60 por ciento, se encuentra en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Sonora, Baja California y Durango. A estas entidades, la Secretaría de Economía agrega San Luis Potosí, Guerrero, Estado de México, Colima y Oaxaca, como estados prioritarios debido a su intensa actividad minera.

Tan sólo a Guerrero se ha dirigido el 20 por ciento de toda la Inversión Extranjera Directa nacional en minería. Diversos ejidos y comunidades son afectados. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), “existen más de mil 600 contratos entre empresas mineras y comunidades ejidales”. A decir del responsable de esta Secretaría, la minería podría convertirse en un problema si no se atiende “bien”. En el mismo tenor, la Secretaría de Gobernación, sustentada en el Estudio de la minería en México, alerta al gobierno federal sobre el riego que podría traer la actividad minera.

Pero pese a la alerta, el territorio de la nación mexicana se sigue “ofreciendo”, con el eslogan “Minería en México. Su mejor oportunidad de inversión”, que promueve la Secretaría de Economía. Esto implica que las concesiones seguirán creciendo. El gran y grave problema es que cada vez más, las mineras ponen su mira en territorios pertenecientes a pueblos. y comunidades campesinas, lo que amenaza “la posesión” del territorio, viviéndose en los hechos un despojo “legal” y violento (características similares a las del proceso de acumulación originaria ocurrido mediante la colonización). La gran pregunta es ¿hasta cuándo seguiremos pagando tributo?

Oaxaca

San Mateo contra El Catrín

A Capulalpan, Oaxaca, la explotación del oro y la plata llegó en el siglo XVIII, y pronto los indios que trabajaban en el socavón descubrieron que el nuevo dios del inframundo era El Catrín, quien a cambio de bonanza exigía sacrificios humanos en forma de accidentes fatales. Sin embargo, escribe Salvador Aquino, que recogió la historia, la mudanza de representaciones no fue completa pues “mientras que en el imaginario de los obreros el subsuelo pertenecía a El Catrín, el territorio, el lugar donde llevaban a cabo su vida cotidiana, pertenecía a otra dimensión. A lo largo del territorio de Capulalpan existen sitios sagrados, lugares de peticiones de lluvia, sitios donde generaciones de comuneros han trabajado dando tequios, lugares de cultivo, sitios antiguos de la memoria de la fundación de la comunidad”.

En los años recientes, exploraciones de Asarco, Continuum Resources Sundance y otras mineras concluyeron que, empleando procedimientos novedosos, en Capulalpan aún hay oro y plata que extraer. Pero los comuneros ya lo pensaron mejor y en noviembre de 2012 decidieron en asamblea que no aceptaban la explotación de minerales en su territorio. Después de 200 años de dominio, los tiempos del El Catrín terminaron: Salvador Aquino escuchó decir a los vecinos que en el subsuelo ya no reina más el dios de los mineros, sino San Mateo, patrón de los capulquenses. Rectificación con la que quizá no se restaura del todo pero sí se remienda un poco el desgarrado imaginario que dejaron en los indios formas particularmente cruentas de sometimiento colonial como fue, y es, la minería (AB).

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