En Yasuní se decide el destino de Ecuador Hace unos días, en pleno debate entre el presidente Correa, y la sociedad civil rural y urbana de Ecuador y otras muchas partes del mundo, en torno a explotar o no el Yasuní, la reserva de la biosfera declarada por la unesco, el biólogo Andrés Vallejo cuestionaba: “El gobierno nos plantea una disyuntiva: o explotamos el campo ITT o renunciamos al desarrollo del país. La imagen mental que invoca este discurso es la de la necesidad de sacrificar un pedacito insignificante de selva a cambio de la consecución del paraíso: un Ecuador sin pobreza —‘salir de la miseria’, fueron las dramáticas palabras utilizadas en el anuncio oficial. Esta disyuntiva es falsa. No entraremos a discutir las premisas desarrollistas que sustentan el accionar de la ‘revolución ciudadana’. Incluso desde esa visión reduccionista que nada más contempla lo económico y, a veces, sólo lo contable, la disyuntiva es falsa”1 Vallejo abundaba: “El propio gobierno estima que obtendrá 18 mil millones de dólares del ITT. Pero esos ingresos estarán repartidos a lo largo de 23 años, por lo que se recibirán —siempre y cuando el precio del petróleo se mantenga— menos de 800 millones de dólares al año”. Para Vallejo era escandaloso que, considerando que el presupuesto 2013 del Estado ecuatoriano fue de 32 mil millones de dólares, significa que la aportación de Yasuní será de un 2.5% anual “en el mejor de los casos”. El 12 de abril, Yasunidos, “un colectivo cuya composición social es básicamente juvenil y cuyas formas de acción son muy similares al movimiento de indignados en España, entregó un total de 756 mil 623 firmas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador”, con las que se muestra la decisión de la sociedad civil ecuatoriana de defender el área de mayor biodiversidad en América Latina, pues el colectivo logró presentar 30% más de las firmas exigidas por el llamado Código de la Democracia, que exige un 5% del padrón electoral del país para darle cabida a una consulta popular. Cuando en agosto el presidente Correa declaró que explotaría el crudo existente dentro del Parque Yasuní, el colectivo Yasunidos comenzó su campaña de recabación de firmas y lo extraño es que surgieron otras dos organizaciones —“Amazonia Vive” y el “Frente de Defensa Total de la Amazonia” (FDTA)— que han competido por firmas, supuestamente en favor de lo mismo, pero que en los hechos han dividido la recolección. Según varias fuentes, Amazonia Vive está asociada con la militancia correísta y el FDTA es desconocida. Para Decio Machado, “Llama la atención que incluso la publicidad y propaganda emitida por estas organizaciones fueran plagios de los contenidos y diseños gráficos desarrollados por Yasunidos en su campaña, lo que generó confusión y desconfianza entre los ciudadanos sobre a quién estaban avalando con su firma”2 Cuatro días después de la entrega de firmas, desapareció parte de la documentación, y existen claras evidencias de que funcionarios públicos abrieron las cajas y sustrajeron copias de algunos documentos de identificación de los firmantes, lo que de hecho afecta la consulta popular en su conjunto. Para Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica, “asistimos a una estrategia para invalidar gran parte de las firmas recogidas por Yasunidos, pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que las identificaciones de varios recolectores, entre los cuales me incluyo, han desaparecido del CNE”.3 Para agravar las cosas, las propias fuerzas armadas se han apersonado en el Consejo Nacional Electoral para “custodiar” las cajas con evidencias lo que confunde todavía más la situación. Ante eso, Yasunidos redobla el llamado a la participación para que la gente, desde sus propios espacios, nacionales e internacionales, envíen cartas respaldando la consulta popular llevada a cabo, enviándola al Consejo Nacional Electoral4 con el nombre propio y la organización a la que pertenecen, expresando con claridad el apoyo al colectivo de Yasunidos, a la consulta popular, a las 756 mil firmas recogidas y sobre todo, expresando nuestro rechazo a la explotación de un territorio rico en biodiversidad, con pueblos indígenas que siguen defendiéndolo y viviendo plenamente ahí, “contactados y no contactados” que pueden ser destruidos por el ansia de dinero rápido, obtenido sin miramientos y sin consideraciones hacia la población, los “recursos naturales” y el equilibrio general. Tras analizar los presupuestos militares y de promoción a la industria automotriz por la vía de respaldos y subsidios a las gasolinas, la zozobra central la expresa con claridad Andrés Vallejo: “Se nos quiere hacer creer que la contaminación, extinción de especies y genocidio que ocurrirán en el Yasuní —sólo una fe ciega en quienes han dado muestras de no ser fiables nos puede llevar a creer que no ocurrirán— será en beneficio de los pobres del país, cuando será para alimentar la industria de la guerra y subsidiar la proliferación de todos los problemas sociales que trae el uso suntuario del automóvil”.5 Ojarasca
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