Derecho de piso

Extorsión en el trabajo sexual trans

El bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Chihuahua indica que para ejercer el trabajo sexual en las zonas de tolerancia de la ciudad se requiere de la renovación semanal de un permiso que otorga la oficina de Regulación Sanitaria, sin embargo, el no portarlo acarrea como sanción detenciones de hasta 36 horas. El problema se agrava porque la falta de este permiso detona actitudes de abuso de poder y discriminación hacia las mujeres transgénero que acuden a estas áreas para allegarse algún recurso económico con la venta de sexo.

Leonardo Bastida Aguilar

"La gente sidosa y homosexual debe quedarse en prisión", "pinche jota", "estás bien sidosa", fueron algunas de las frases que custodios de la Comandancia Sur del municipio de Chihuahua repitieron de manera sistemática a Juana las últimas 12 horas de su encierro en dicho lugar, tras enterarse de que ella no quería hacerse una prueba rápida de VIH.

A diferencia de sus compañeras, otras trabajadoras sexuales transgénero, ella no cedió a realizarse la prueba en la Comandancia ante la presión del personal de Regulación Sanitaria municipal, que con el argumento de un reciente "brote" de nuevos casos de VIH, buscaba realizar labores de prevención entre las trabajadoras sexuales del lugar, según informarían posteriormente.

Eran alrededor de las nueve de la noche del jueves 6 de marzo, en la esquina formada por las calles Libertad y 12. Este rincón, conocido por ser un área de trabajo sexual que por las noches está amparada por la oscuridad y donde la estrechez de un callejón es garante de discreción para aquellos que buscan sexo comercial con mujeres trans, fue sede de un operativo de la Secretaría de Gobernación municipal, en el que se solicitó a las trabajadoras sexuales trans apostadas a las puertas de un hotel de paso, sus licencias sanitarias actualizadas.

Algunas les respondieron que no las traían actualizadas, pero que sus exámenes médicos aún estaban vigentes. Ellas mismas propusieron a las autoridades retirarse del lugar y acudir al día siguiente a las oficinas de Regulación Sanitaria a pagar su cuota semanal para que la doctora firmara sus licencias.

La negativa de la autoridad fue absoluta. Con refuerzos de la policía municipal, cinco chicas, entre ellas Juana, fueron remitidas a la Comandancia Sur, donde permanecieron alrededor de 12 horas incomunicadas, sin agua ni alimentos. Una persona que se identificó como el juez en turno, aunque después se enterarían de que sólo era el encargado de tomar las huellas digitales de quienes ingresaban al lugar, les pidió ir a un cuarto para revisarlas desnudas.

Esta persona no era la única en el cuarto, algunos custodios también presenciaron el momento en que les pidieron a cada una de ellas hacer sentadillas frente a ellos, totalmente desnudas en medio de murmullos de sorna sobre su condición sexogenérica. "Hombres vestidos de mujer", era como las llamaban.

A las ocho de la mañana llegó personal de Regulación Sanitaria a pedirles que se realizaran una prueba de detección de VIH para salir rápido sin pagar la fianza. Con cierto recelo, cuatro de ellas accedieron.
Mireya, otra de las detenidas y promotora de los proyectos de detección del VIH patrocinados por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida que se llevaron a cabo en Chihuahua durante 2012 y 2013, afirma que durante el proceso las cuatro fueron picadas con la misma lanceta, además de que no firmaron ningún documento con su consentimiento ni recibieron consejería previa. Una vez tomada la muestra, regresaron a su celda y esperaron hasta que el doctor de la comandancia, quien no se había presentado a tomarles las muestras, les diera sus resultados frente al juez en turno.

Una vez que se supo que todas eran VIH negativas, les pidieron 200 pesos a cada una, como multa para salir. A pesar de las protestas de las mujeres, ya que las autoridades en la comandancia sólo habían condicionado su salida a que se realizaran la prueba de VIH, una amiga fue y pagó las multas. A Juana le negaron la salida y le dijeron que por su negativa a hacerse la prueba, ella tenía que cumplir un arresto de 36 horas.

Mientras Juana cumplía su arresto en la celda de varones de la comandancia, Mireya y sus amigas acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua para informar sobre la situación. La persona de guardia llamó a la comandancia para aclarar que toda persona tiene derecho a una fianza.

La jueza en turno, Mirna Márquez, se negó a aplicar la multa correspondiente y minutos después comentó: "¡Mira! Pinches jotos, ¿cómo se les ocurre?, la juez soy yo, la que decide soy yo, y ahora por mis huevos no va a salir y no se va a quedar 24 horas, sino 36, porque lo digo yo".

Juana salió hasta las nueve de la mañana del sábado, con la advertencia de los custodios de que mejor se cuidara porque la iban a vigilar. Ante esta situación, acudió con sus amigas a la Procuraduría General de Justicia del Estado para interponer una denuncia contra quienes la discriminaron e intimidaron al interior de la comandancia. No pudo levantar ni un acta de hechos ya que, según los encargados de la oficina, no había delito que perseguir.

Ese mismo día, el Secretario de Gobernación del municipio, Mauricio Escobar Valenzuela, anunció en conferencia de prensa que se detuvo a cinco "sexoservidores" por no portar el carnet sanitario. "Cuatro personas sí accedieron a realizarse la prueba de VIH, y una quinta no". Por lo que, dijo, "habrá vigilancia hacia ese chico que podría ser un peligro para la sociedad de Chihuahua".

Transfobia cotidiana
El teléfono celular de Javi sonó mientras tomaba un curso de capacitación en derechos humanos. Era de un hospital de San Diego, California. Personal del lugar encontró entre las pertenencias de "un hombre con tetas" su teléfono. Había ingresado al centro de salud con el intestino reventado y peritonitis. No tenían más datos. Javi tampoco.

Denise, como se llamaba aquella mujer transexual originaria de Monterrey, era recién llegada a Chihuahua. Tenía una semana. Caminaba por la calle con minifalda para atraer clientes cuando una patrulla, con el número de unidad tapado con cinta negra, se detuvo y la subió a empellones. Al interior del vehículo, los policías le pidieron dinero. Sólo traía 30 pesos. Se los quitaron y le dijeron que en dos horas volvían por 500 pesos y si hacía algo "le iban a partir su madre".

Recabó el dinero y lo entregó. Días después la policía la buscó y la llevó a "pasear". Durante el recorrido le introdujeron la mitad de un tolete en el ano, destrozándole los esfínteres. Cuando la encontraron malherida, no quiso ayuda y se fue a Tijuana. Días después le llamaron a Javi, promotor de derechos humanos del Consultorio Virtual "Arturo Díaz Betancourt" (CV) de la organización civil Letra S, desde San Diego, para notificar el fallecimiento de Denise.

Por su parte, Viri ha ejercido el trabajo sexual por años en diferentes ciudades. En Chihuahua, una tarde, mientras platicaba con un hombre afuera de su casa, fue abordada por policías. El acompañante les ofreció mil pesos para que "le pararan". La respuesta de los patrulleros fue que la obligación de dar dinero era del "joto", le insistieron al señor que no se metiera y recalcaron: "que el puto se aguante".

Regulación sanitaria y extorsión
Cada semana, las y los trabajadores sexuales o personas que trabajan en centros nocturnos en el municipio de Chihuahua acuden a las oficinas de Regulación Sanitaria para que les firmen y sellen su tarjeta sanitaria.

Cuando llegan a las oficinas de la dependencia, pasan a la caja para pagar 25 pesos. El costo incluye una revisión médica previa a la firma de la tarjeta. Sin embargo, explicaron algunas trabajadoras, no hay consultas: "cuando te sientes mal y pides una revisión o la receta para algún medicamento, nunca te la quieren hacer o nunca tienen medicamentos".

Al visitar este lugar, Letra S corroboró que el tiempo que pasa una persona al interior de la oficina no es mayor a cinco minutos. Incluso, las pruebas de VIH no son realizadas en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, como en otras entidades del país, sino en laboratorios particulares.

Para Jaime Alberto Montejo, integrante de la Organización civil Brigada Callejera "Elisa Martínez", quien trabaja con sexoservidoras en el Distrito Federal, los registros sanitarios son una medida excluyente. Si bien puede sonar polémico, explicó, todas las personas, incluso aquellas con VIH, deben tener el derecho a ejercer su sexualidad de manera libre y responsable.

"Si se han ganado amparos para militares con VIH expulsados de las fuerzas armadas o la supresión de la prueba de detección obligatoria a las parejas que desean casarse, también se deben iniciar juicios de amparo contra los controles sanitarios de los municipios y estados para revertir ese tipo de políticas violatorias de los derechos de las personas", aseveró.

Cacería de brujas
Anochece y la esquina de las calles 12 y Libertad se transforma. Llegan patrullas con las luces apagadas en espera que las trabajadoras sexuales se vayan con un cliente en un auto para detenerlos y pedirles dinero. En la mayoría de las ocasiones, el cliente se va después de haber sido extorsionado y ellas tienen que regresar a la esquina una vez más. Algunas logran huir y otras caen en manos de sus eternos cazadores nocturnos.

Para los defensores de derechos humanos del CV, Laura Hernández y Jorge Fernández, el marco jurídico local no reconoce la identidad sexo-genérica de mujeres transgénero y no considera a la población transgénero que se dedica al trabajo sexual como un grupo vulnerable a las infecciones de transmisión sexual por sus condiciones socioeconómicas y culturales.

Por el contrario, "las ve como un grupo causante de la infección y criminaliza el trabajo sexual, ya que considera que es una infracción contra la dignidad de las personas y de sus familias, obligando a portar un registro sanitario".

Desde esta perspectiva, comentan, las autoridades chihuahuenses no están dando las condiciones para que las mujeres trans accedan a servicios integrales de salud y gocen de seguridad, pues "quedan inmunes ante la omisión de Estado, ya que los casos de asesinatos de las mujeres transexuales no son clasificados como feminicidios en la Fiscalía de Género".

"Todo es difícil", afirma Mireya desde el boquete que deja el marco de una puerta hundido en la pared, con la suficiente oscuridad para sólo poder identificarla por su voz aguda. Todas mantienen la esperanza de que su caso, presentado ante el relator del Comité de Tortura de la Organización de las Naciones Unidas por más de 11 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. de Chihuahua, en coordinación con el CV, les genere alguna certeza que les permita trabajar y vivir sin esconderse, y se reconozca su identidad femenina. "Todas tenemos cosas que pagar, tenemos que comer y ahora tenemos miedo a que nos quieran detener a cada rato. Sólo pedimos que nos dejen vivir y ganarnos nuestro sustento", sentencia Mireya mientras asoma su rostro para sonreír a los conductores de los automóviles y trabajar, al menos una vez, por esta noche.