La nueva Ley de Consulta Popular que aprobó recientemente el Congreso prácticamente hace inviable su aplicación y uso por parte de los ciudadanos que pretendan participar en decisiones fundamentales para el país, debido a que de forma inconstitucional se le añadieron más requisitos a los señalados en la Carta Magna, sostuvo el senador de Manuel Bartlett (PT), quien calificó de farsa esta nueva forma de participación ciudadana.

Durante el foro ¿Amplía la ley de consulta popular los derechos de participación de los mexicanos?, organizado en Casa Lamm, el ex consejero electoral Jaime Cárdenas destacó que México va a la zaga en materia de esquemas de participación social en relación con países como Colombia o Brasil, entre otros, donde verdaderamente hay canales de participación e incidencia real en decisiones importantes para la sociedad. En el caso de México, dijo, la ley incluso va por debajo de lo ordenado en la Constitución.

En su oportunidad, el abogado Netzai Sandoval consideró que la forma en que quedó concebida la Ley de Consulta Popular es una pantomima, además de ser contraria a la Carta Magna, porque impone nuevos requisitos.

Sin embargo, los tres ponentes destacaron el papel conservador asumido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dejó en el limbo el recurso promovido por el PRD, pues resolvió no resolver, y el sol azteca, que había condicionado todo a que se aprobara esta Ley de Consulta Popular, determinó que va a reponer el procedimiento, dijo Bartlett.

Asimismo, cuestionó el papel del perredismo en el proceso, pues con su participación en el Pacto por México de alguna manera avaló la reforma energética que privatizó el petróleo. Mas tarde, señaló, reivindicó una consulta popular, conjuntó las firmas necesarias en la Constitucón (1.6 millones) y las entregó la Corte, que eludió entrar al fondo. Y el PRD, agregó, no cuestionó nada y determinó reponer el procedimiento.

Cárdenas señaló que la Ley de Consulta Popular involucra a la Corte para revisar la viabilidad de la consulta, pero sobre la base del carácter conservador que ha tenido siempre esa instancia, es muy difícil que sea viable el proceso sobre la reforma energética. Se argumentará –vaticinó– que es improcedente porque se trata de una reforma constitucional y por el incumplimiento de requisitos.

Sin embargo, aseveró, la propia reforma al artículo primero constitucional, que amplió la defensa de los derechos humanos, debería ser suficiente para tener una interpretación de mayor protección a las garantías y a la participación ciudadana.