a primera reunión del Congreso Popular es una de las expresiones que explican la fragilidad, sometimiento y desprestigio del Poder Legislativo en México. Al mismo tiempo, también es una nueva posibilidad de levantar lo que hoy se halla derruido e influir en la creación de las condiciones democráticas de las que hoy carecen este y los demás poderes públicos.

Históricamente, el Poder Legislativo en México sólo ha respondido en momentos breves al esquema de poderes separados y con la autonomía suficiente como para encarnar la representación que supone su misión y función fundamentales. La última vez que esto ocurrió fue hace ya más de tres lustros y sólo a escala federal. En los estados, salvo alguna excepción, ya fuese con gobiernos priístas o panistas, este poder quedó sujeto a la línea partidaria o a la decisión del presidente de la República y/o de los gobernadores.

El Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos de los estados, como pudo verse en los escasos minutos que les tomó aprobar el cambio constitucional de consecuencias lesivas para el país que requería el proyecto del grupo en el poder para privatizar los bienes energéticos de la nación, no pudieron dar una mayor muestra de quebrantamiento a su responsabilidad de representar los altos intereses populares y de la nación en el presente y para el futuro.

Otro tanto puede decirse de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que venía mostrando mayor autonomía que los demás órganos similares. Respondiendo al pacto convocado por el peñismo, se ciñó a la política policiaca del jefe de Gobierno y criminalizó las manifestaciones de protesta.

A esa ausencia de autonomía –tanto del Poder Ejecutivo como de los poderes fácticos que le dan sustento– y un ejercicio parlamentario contrario a los intereses de la mayoría y de la integridad nacional, el Poder Legislativo ha añadido excesos, corrupción, autoasignaciones dinerarias ofensivas para quienes viven de un ingreso menor, derroche ajeno al espíritu republicano y falta de compromiso con los pobres, adicción a la impunidad y a la prepotencia, y aun alianzas sospechosas con el crimen organizado.

Por ello es importante el hecho de que haya surgido un congreso informal. Su importancia estará condicionada, no obstante, a que se cumplan diversas premisas. En primer lugar, que sea representativo de las corrientes sociales que luchan por la democratización del país en lo electoral y más allá de lo electoral: aún no ha sido borrada del artículo tercero constitucional la concepción de la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo…”

El Congreso Popular puede inaugurar la práctica de la representación como el principal cometido del órgano legislativo, lo cual implica abordar los grandes problemas nacionales (ver, por ejemplo, Los grandes problemas nacionales, coordinado por Armando Bartra; Los grandes problemas nacionales, de Samuel Schmidt; Los grandes problemas de México, coordinado por Manuel Ordorica y Jean-François Prud’homme, y el congreso virtual interinstitucional Los grandes problemas nacionales, organizado por los centros CEDIA y SIA de la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León) como un tema de estudio y debate permanente en la cultura de la asamblea.

El mal ejemplo del Poder Legislativo tendría que ser convertido por el Congreso Popular en su opuesto: en un ejercicio de diálogo, definición ideológica, autonomía, crítica y autocrítica, corrección y autocorrección, transparencia, rendición de cuentas, mecanismos de equilibrio, claro sentido republicano, recuperación de la vigilancia y supervisión de todos los actos de gobierno y de su propia gestión parlamentaria. En estos dos últimos conceptos, el Congreso Popular podría ser la base de un cuarto poder complementario de los tres poderes clásicos: el defensor del pueblo (el ombudsman integral y no sólo circunscrito a la defensa de los derechos humanos). Como pocos países en el mundo, el México de nuestros días requiere de ese cuarto poder complementario (con capacidad de llevar a juicio a los infractores) para erradicar la corrupción y la impunidad que se han tornado en el ADN de su gobierno. La principal obligación de las instituciones públicas en un país capitalista es la de controlar el manejo del dinero. Sin este control, que debe empezar por las campañas electorales, lo demás sobra.

Un nuevo concepto de la mayoría y la minoría en la gestión de las necesidades y demandas de la sociedad podría empezar a perfilarse en el Congreso Popular, y muchas otras cuestiones que hoy son absolutas falencias del Congreso de la Unión, de los congresos de los estados y también de los cabildos municipales.

La representación genuina es la otra cara de la democracia. El Congreso Popular puede iniciar su construcción a partir de su propia conducta. Las promesas discursivas y legales se han vaciado de todo significado. La patria, que unos pocos predadores se encargan de hacer objeto de despojo todos los días, requiere de hombres nuevos y nuevas instituciones. El Congreso Popular puede llegar a ser una de ellas. Tendrá que superar no pocas inercias perniciosas que antes han hecho naufragar buenos intentos.