Nueva York, 11 de junio.

Mientras el presidente de la Cámara de Representantes calificó de traidor al responsable de filtrar documentos clasificados que revelan programas masivos de espionaje de las comunicaciones de millones de ciudadanos y extranjeros, otros legisladores empezaron a cuestionar las políticas de vigilancia del gobierno de Barack Obama, y la principal organización de defensa de libertades civiles presentó una demanda legal contra el gobierno por estos programas secretos, en un día en el que todos evaluaban las dimensiones y consecuencias potenciales de la crisis provocada por la divulgación de los secretos oficiales.

El gobierno de Barack Obama informó que no sólo se inició una investigación criminal contra Edward Snowden, quien se identificó después de entregar una serie de documentos sobre programas masivos de vigilancia de comunicaciones telefónicas y cibernéticas manejadas por la ultrasecreta Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a los rotativos The Guardian y el Washington Post la semana pasada, sino también una evaluación interna sobre los daños que estas filtraciones podrían tener para la seguridad nacional.

A la vez, altos funcionarios de agencias de inteligencia y del gobierno iniciaron una serie de sesiones informativas, a puerta cerrada, con legisladores para ofrecer su versión sobre los programas revelados y las consecuencias de la filtración que sacudió al gobierno aquí.

Es un traidor, dijo hoy el representante republicano John Boehner, presidente de la cámara baja, al referirse a Snowden, y agregó que la divulgación de esta información pone en riesgo a estadunidenses, muestra a nuestros adversarios cuáles son nuestras capacidades, y es una gigantesca violación de la ley, indicó en un programa de ABC News. Insistió en que los programas de vigilancia son legales y que la privacidad de los estadunidenses se protege absolutamente. Otros políticos de ambos partidos también condenaron el acto de Snowden.

Pero al mismo tiempo, muchos se vieron obligados a investigar no al mensajero, sino el mensaje. Un grupo bipartidista de senadores está formulando un proyecto de ley para poner fin al proceso secreto de supervisión judicial de estos programas y ha solicitado la divulgación de los fallos del tribunal secreto encargado de autorizarlos. Los estadunidenses merecen saber qué tanta información sobre sus comunicaciones privadas puede obtener el gobierno, comentó el senador Jeff Merkley a la agencia Reuters.

Otros legisladores prometieron que habrá numerosas audiencias e investigaciones sobre estos programas, y con ello adelantarán una ampliación de un debate sobre lo que aquí llaman el equilibrio entre privacidad y libertad de expresión y seguridad nacional. De hecho, algunos legisladores evalúan si el gobierno de Obama, sobre todo sus directores de inteligencia, ofrecieron respuestas deshonestas.

El senador Ron Wyden, uno de los legisladores más persistentes y críticos sobre los alcances de los programas secretos de vigilancia, comentó hoy que el Senado no puede ejercer responsablemente su función de supervisar a la comunidad de inteligencia si los senadores no están recibiendo respuestas rectas a preguntas directas.

Mientras tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles anunció que ha interpuesto una demanda legal en un tribunal federal en Nueva York cuestionando la legalidad del programa de vigilancia de registro de llamadas telefónicas revelado por Snowden, que viola las garantías de libertad de expresión y privacidad garantizadas en la Constitución.

Por otro lado, en un anuncio poco sorprendente, la contratista privada Booz Allen Hamilton para la que trabajaba Snowden en la NSA, anunció que lo estaba despidiendo por violaciones a su código de conducta. Informó que sólo había trabajado ahí tres meses con un salario anual de 122 mil dólares, y no los 200 mil que él dijo que recibía. La empresa obtiene casi 23 por ciento de sus ingresos, unos mil 300 millones de dólares, por contratos con agencias de inteligencia estadunidenses, incluida la NSA.

Este escándalo, entre otras cosas, también ha provocado un debate sobre las relaciones entre el aparato de seguridad nacional y las empresas privadas. De hecho, el Departamento de Defensa ha empezado una evaluación de su dependencia sobre contratistas privados, reportó The Guardian.

A la vez, algunas de las empresas de Internet nombradas en los secretos divulgados como cooperadoras con estos programas al permitir el ingreso al contenido de comunicaciones entre sus millones de clientes, buscaron defenderse de una pesadilla de relaciones públicas, ya que todas aseguran que la privacidad de los usuarios son su prioridad. Google, Microsoft y Facebook emitieron declaraciones y cartas solicitando a las autoridades federales permiso para aclarar a sus clientes las dimensiones de su participación en este tipo de programas de vigilancia y así ser más transparentes.

Washington también tuvo que enfrentar la reacción y posibles complicaciones de este asunto en el ámbito internacional. Políticos en varios países europeos están preguntando qué tanto se espió sobre sus ciudadanos y algunos sugirieron que todos los acuerdos sobre el intercambio de datos con Estados Unidos debería ser revisado.

La presencia inicial de Snowden en Hong Kong (desde ayer ya no se sabe de su paradero) también generó especulación sobre el impacto de todo esto en las siempre complicadas relaciones entre Pekín y Washington. A la vez, Rusia anunció hoy que consideraría una solicitud de asilo si Snowden la presenta. Julian Assange, fundador de Wikileaks, sugirió a Snowden que buscara asilo en algún país latinoamericano. En entrevista con CNN el lunes, afirmó que América Latina ha demostrado en los últimos 10 años que está promoviendo los derechos humanos. Hay una larga tradición de asilo.

Por otro lado, después de más de una década de la llamada guerra contra el terror, la opinión pública aquí aún favorece al gobierno. Al inicio del debate detonado por la filtración una encuesta del Washington Post y el Centro de Investigación Pew registra que la mayoría, 62 por ciento, cree que es más importante que investigue amenazas terroristas aun si eso afecta la privacidad personal, mientras 34 por ciento cree que la privacidad es prioritaria. De hecho, 45 por ciento cree que al gobierno se le debería permitir hacer más de lo que hace actualmente.

Mientras todo esto se desencadenaba en Washington, la corte marcial del soldado Bradley Manning procedía en su segunda semana (se calcula que el juicio durará tres meses) acusado de la mayor filtración de documentos clasificados en la historia del país. Algunos defensores de Manning han reiterado que el gobierno tenía la intención, al acusarlo de los delitos más graves –ayudar al enemigo– y buscar la máxima pena, de hacer un ejemplo de este caso para disuadir e intimidar a otros que pretendieran atreverse a divulgar al público secretos oficiales. Con el caso de Snowden, esto aparentemente no funcionó.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks