El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto para la promulgación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, y destacó que ‘‘este paso audaz’’ debe consolidarse en la integración de la legislación secundaria.

Durante el acto, en el Museo Tecnológico de la CFE, señaló que la reforma se basa en seis ejes, entre los que destacó que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, con lo que se fortalecen derechos fundamentales de los ciudadanos, como los de información y expresión.

Destacó la restructuración de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y la creación del instituto federal de telecomunicaciones (Ifetel), con facultades para decidir sobre la desincorporación de activos, la aplicación de regulación asimétrica y sanciones para los corporativos que vayan en contra de la competencia, así como la creación de tribunales especializados para que defiendan los intereses de las empresas que sientan afectados su derechos.

El Presidente dijo que la reforma debe redundar en más competencia, mejores servicios y precios más bajos para la población, mientras que los dirigentes de partidos de oposición, integrantes del Pacto por México, aseguraron que además la reforma acaba con privilegios de familias y empresas que han obtenido concesiones por su cercanía con el poder y se han convertido en las más ricas del país; se acaba con la mediocracia y con la concentración de poder político y económico que resulta de la concentración de medios en pocas manos, dijeron.

Servicios de interés general

Peña Nieto señaló que el primer eje en el que se basa esta reforma es fortalecer el derecho fundamental a la información y expresión, al considerar las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general. El segundo, la certidumbre jurídica que se genera al poner en marcha la figura de concesión única como la mejor vía de administración del espectro, y la aplicación de regulación asimétrica para generar condiciones de equidad en el mercado.

En tercer lugar, dijo, están la CFC y el Ifetel, así como la creación de tribunales especializados para que los concesionarios defiendan sus intereses, cuando así lo crean conveniente. El cuarto eje es la apertura a la inversión extranjera directa al ciento por ciento en el sector telecomunicaciones, y a 49 por ciento en radiodifusión, siempre y cuando haya reciprocidad en el país, así como la obligación y a la vez el derecho de todas las televisoras de transmitir y que se transmita su programación entre sus competidores.

Enrique Peña colocó en el quinto eje la agenda digital, con la que se buscará que todos los mexicanos tengan acceso a servicios de banda ancha y tecnologías de la información, así como que al menos 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas puedan descargar información a mayor velocidad. El sexto eje es llevar mayor cobertura de servicios mediante el despliegue de una troncal nacional de banda ancha con fibra óptica y una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo, mediante el aprovechamiento del espectro radioeléctrico de la banda de 700 megahecios (Mhz).

Ante los presidentes de Televisa, Emilio Azcárraga, y del Grupo MVS, Joaquín Vargas, así como el director de Teléfonos de México, Héctor Slim Seade; el de América Móvil, Daniel Hajj; el presidente de Megacable, Enrique Yamuni, y el director de Telefónica Movistar en México, Francisco Gil Díaz, el presidente del PRD, Jesús Zambrano –como ingrante del Pacto por México–, dijo que esta reforma equivale a someter a los poderes fácticos por las vías institucionales.

Citó a Confucio, al decir que ‘‘en un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En uno mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza’’, y criticó que el Estado haya creado condiciones para que 11 familias con fortunas de más de mil millones de dólares ‘‘convivan con 50 millones de mexicanos pobres y 13 millones en la extrema miseria’’.

Recordó a los jóvenes masacrados hace 42 años en el llamado ‘‘halconazo’’, por defender sus derechos. Advirtió que la firma del decreto de promulgación de la reforma de telecomunicaciones no debe ser ser una celebración. Dijo que con la reforma se reconocen los derechos de las audiencias y los usuarios, porque ‘‘atrás quedó la pretensión de apropiarse del espectro radioeléctrico mediante refrendos automáticos permanentes, sin contraprestaciones; es decir, regalados’’.

En su intervención, el presidente del PAN, Gustavo Madero, dijo que la reforma es la trinchera para combatir los privilegios de los monopolios de opinión pública y económicos. ‘‘Hoy fortalecemos al Estado democrático cuando a través de la competencia y la pluralidad en los medios de comunicación conjuramos la mediocracia’’.

Criticó las relaciones de poder y negocios entre el gobierno y los empresarios, al señalar que ‘‘a través (del combate) de las prácticas monopólicas conjuramos el capitalismo de cuates y de privilegiados que prosperan al amparo de las relaciones con el poder y con su régimen de concesiones opacas. No es un dato fortuito que los hombres más ricos de nuestro país son los que ostentan alguna concesión con el gobierno federal’’.

Aseguró que cuando los medios están en pocas manos, ‘‘se concentra un poder político y económico que cada día abre más la brecha entre los muchos que tienen poco y los pocos que tienen mucho; por eso esta reforma incidirá directamente en la tarea más importante del México actual: combatir la desigualdad económica, política y social’’.

Por su parte, el presidente del PRI, César Camacho, dijo que en la elaboración de la reforma ‘‘se pensó y se consiguió no perjudicar a nadie, sino robustecer al Estado y servirle eficazmente a los mexicanos’’. Resaltó que a partir de ayer se inició la carrera de 180 días para reconfigurar a la CFC, crear el instituto federal de telecomunicaciones, reformar y adicionar al menos una docena de leyes secundarias de alto contenido técnico, jurídico y político.