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Le quitaba atribuciones para fijar las tarifas de transporte

Veta el gobernador de Nuevo León reforma aprobada por el Congreso
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 4 de junio de 2013, p. 31

Monterrey, NL, 3 de junio.

El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz vetó la reforma aprobada por las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y legisladores independientes en el Congreso local, que quita al Ejecutivo la facultad de fijar las tarifas del transporte público y las otorga al Congreso.

El priísta Medina sostuvo en un documento enviado al Legislativo que las reformas a la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable y la Ley de Metrorrey, aprobadas el 22 de mayo, violan las esferas de poder, pues la legislatura carece de expertos en la materia.

Las reformas, por las cuales el Congreso podría aprobar las tarifas del transporte público, del Metro y del Transmetro fueron aprobadas por 22 votos, ante la ausencia de 20 integrantes de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y del Trabajo (PT), quienes no pasaron lista para evitar la aprobación del dictamen avalado por la Comisión del Transporte.

Con base en el Reglamento del Congreso, que ante la carencia de quórum permite aprobar por mayoría los dictámenes en la sesión siguiente, convocaron a una sesión extraordinaria y pasaron la reforma.

Luego de conocer el veto del Ejecutivo estatal, los legisladores que aprobaron la reforma señalaron en conferencia de prensa que el gobierno estatal defiende los intereses de un pequeño grupo de transportistas, por encima de los de un millón 800 mil usuarios.

Según los diputados, el veto revela que el supuesto pleito entre el gobierno estatal y los transportistas no era sino un circo mediático y exigieron a Medina respetar a los ciudadanos.

El presidente de la Comisión de Transporte, Jesús Hurtado Rodríguez, señaló que aun cuando los legisladores no cuentan con los 28 votos que se requieren para superar el veto, acudirán al Congreso de la Unión y al Presidente de la República para denunciar al gobernador.