Hacia la renovación del consenso
“no podemos dar lugar al juego
del gobierno”: CRAC-PC de Guerrero

Gloria Muñoz Ramírez y Jaime Quintana Guerrero


Estudiantes en Tihosuco, Quintana Roo, 1971

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero se encuentra en un proceso de reflexión interna en el que está en juego el camino que seguirá una de las organizaciones de seguridad y justicia autónomas más notables del país, y que depende en gran medida del modo en que se relacione con los gobiernos estatal y federal.

Desde hace dos años, señala en entrevista Valentín Hernández, asesor de los comunitarios, “se plantea la necesidad de revisar la estructura de la crac para formalizar lo que ya se está haciendo en áreas distintas a las seguridad y justicia”. Por un lado, indica, “estamos ante una organización comunitaria que ejerce justicia, y que debe consolidarse con un modelo de gobierno propio, desde los pueblos, que tenga que ver con áreas de desarrollo tales como la salud, la comunicación y la producción, aspectos en los que ya se trabaja aunque no formalmente, pues no existe aún la discusión de fondo”.

En estos momentos, reflexiona Hernández, “en los hechos se está dando la revisión del reglamento interno y la incorporación de nuevas comunidades y regiones, pero hace falta la posición de la crac en relación con los gobiernos del estado y federal”.

Es justo la manera en que se relaciona esta organización autónoma con las instituciones del Estado lo que está juego. Para algunos, explica el asesor, esta relación “no debe ser determinante en el desarrollo, sino sólo un elemento que debe tomarse en cuenta, sabiendo que no es el único y que no debe determinar la conducción de la organización, de lo que se haga o se deje de hacer”.

Al interior de la Policía Comunitaria, sin embargo, existen otras posturas. Y una es que la CRAC debe estar sujeta al gobierno del estado y a lo que conceda el gobierno federal. “Esta es una discusión que se está dando”, reconoce el entrevistado.

La reestructuración, la revisión del reglamento y la ampliación de las regiones son temas que se abordarán en las próximas asambleas, en las que también se fijará una postura frente a los gobiernos estatal y federal y se discutirá la participación de la Policía Comunitaria dentro del Movimiento Popular de Guerrero, tema en el que tampoco hay consenso.

La Policía Comunitaria de Guerrero nació hace 17 años en La Montaña y en la Costa Chica de Guerrero. Actualmente tiene presencia en más de cien comunidades atendidas por cuatro Casas de Justicia, y cada vez amplía su margen de acción. De la persecución de delincuentes comunes pasó a la lucha contra el narco y, lo más importante, a la defensa del territorio en contra de las empresas mineras. Recientemente se unió a la lucha del magisterio del estado en contra de la reforma educativa, y éste es precisamente el contexto en el que el pasado 6 de mayo elementos del ejército, la Marina y la Policía Federal, detuvieron a dos integrantes de la Coordinadora y a cuatro policías comunitarios.

“Ésta es una agresión al sistema de seguridad comunitario por apoyar al magisterio, que permite ver que el gobierno de Guerrero y el gobierno federal actúan con la lógica de golpear y deslegitimar a la organización, buscando su desarticulación”, denuncia Valentín Hernández. Lo que les importa, dice, “es tener el campo libre para implementar los megaproyactos de despojo y saqueo”.

La CRAC no tiene un pensamiento único, lo que puede fortalecerla si se toman como base los acuerdos de las asambleas regional y microreginales. Frente a la represión, debe destacarse, la postura es única pues, indican, “no podemos dar lugar al juego que quiere el gobierno”.

En estos momentos los retos de la CRAC, en opinión de Hernández, son mantener la integridad de la organización, fomentar la discusión, buscar salidas alternativas a las diferencias y caminar juntos. “Y a nivel externo caminar de manera conjunta con otros movimientos, pues tenemos un respaldo jurídico y social, y somos una autoridad moral para algunos movimientos”. Por eso, indica, “vamos a seguir apoyando al magisterio, pues es una decisión mayoritaria, y vamos a seguir con el Movimiento Popular de Guerrero”.

Nuevos golpes a las organización interna

El pasado 6 de mayo fueron detenidos por elementos de la Marina, el ejército y la Policía Federal, los coordinadores regionales Raúl de Jesús Cabrera y Eliseo Villar Castillo, y los policías comunitarios Iván López González, Leonel Vázquez Leal,  Israel Reyes Cruz y Fermín Raymundo Martínez. La respuesta de la CRAC fue la movilización inmediata exigiendo su libertad.

La Policía Comunitaria de Guerrero nació hace 17 años en La Montaña y en la Costa Chica de Guerrero. Actualmente tiene presencia en más de cien comunidades atendidas por cuatro Casas de Justicia, y cada vez amplía su margen de acción

Un dato que resalta es que precisamente Eliseo Villar Castillo y Raúl Cabrera de Jesús, coordinadores de la sede de San Luis Acatlán, anunciaron en días pasados que el gobernador Ángel Aguirre instalaría la primera piedra para la construcción de la Casa de Justicia, hecho que motivó una fuerte discusión al interior de la organización. Lo curioso es que justo estos dos representantes fueron aprendidos por el mismo gobierno.

La detención se llevó a cabo cuando Villar y Cabrera viajaban a Acapulco para realizar análisis clínicos a dos menores intoxicados con enervantes. Las autoridades comunitarias desde siempre han viajado para hacer este tipo de investigación fuera del  territorio comunitario.

Para Hernández, con esta acción “ya se está aplicando el decreto del gobierno que fue rechazado por las comunidades, y que consiste en no dejar que los pueblos ejerzan la justicia en sus pueblos”. Esto, agrega, como parte de “una práctica del gobierno de Aguirre que habla, engaña, utiliza y encarcela. Ya lo vimos con los estudiantes de Ayotzinapa, y  con los maestros”.

El comunicado de la crac advierte que “es clara la intención y objetivo de desarticular nuestra institución comunitaria, reprimiéndola, hostigándola, orillando a nuestros pueblos a asumir una posición defensiva”. Se trata, indican, de desconocer el trabajo de la policía comunitaria “que en los últimos 17 años ha resuelto de manera eficaz el problema de la inseguridad y la justicia en la región de La Montaña y la Costa Chica”.