En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación informaron que el Estado mexicano participó en las audiencias públicas a que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su sede en Washington.

Dijeron que México reiteró su pleno compromiso para avanzar en los esfuerzos nacionales en materia de derechos humanos, profundizar su diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y para mantener la cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americanos.

En las dos reuniones de carácter general, una solicitada por el gobierno mexicano, con el título Prioridades en materia de derechos humanos y armonización legislativa en México, y la segunda denominada Retos en materia de derechos humanos en México, organizaciones de la sociedad civil expusieron algunos desafíos que consideran prioritarios.

Sin embargo, las dependencias federales sólo informaron de la participación del gobierno federal en dos audiencias sobre casos específicos, sin aclarar que uno ellos fue sobre la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, quien fue localizada muerta en su despacho en octubre de 2001, y otro correspondiente a las mujeres agredidas sexualmente en San Salvador Atenco, en mayo de 2006.

En ese contexto, el gobierno mexicano reafirmó la plena disposición de acordar soluciones amistosas, como la forma idónea de reconocimiento del Estado respecto de sus obligaciones frente a las víctimas y de reparación de las violaciones a los derechos humanos en que hubiere incurrido.