En ciernes, revolución productiva en manos campesinas

Lourdes Rudiño

FOTO: Lourdes Rudiño

TECUALA, Nayarit.- Organizaciones campesinas están iniciando una “revolución productiva” que promete no sólo elevar de manera significativa rendimientos por hectárea y más ganancias por las cosechas, lo cual sería ya un gran logro, sino que ofrece, y ya con experiencias concretas, eliminar enfermedades añejas del campo, como el fusarium –un hongo que por años ha afectado al agave, al sorgo, al frijol, al maíz y otros cultivos en la región del occidente-Bajío–; utilizar insumos de muy, muy bajo costo y en gran parte ajenos a los agroquímicos, recuperar la condición sana de los suelos, y ampliar la oferta alimentaria, su calidad y su sanidad.

De esta revolución hablan con sendas sonrisas de satisfacción y esperanza, productores, técnicos, asesores, directivos y científicos, que se dieron cita el 29 de enero en Tecuala –el principal municipio nayarita productor de granos, y en especial de sorgo, planta que ocupa unas 50 mil hectáreas de cultivo–. Aquí, campesinos socios de la Comercializadora Regional Agropecuaria del Noroeste de Nayarit, SPR, aceptaron exponer sus predios de frijol y sorgo a la asesoría de Juan José Valdespino, experto en agroecología, quien, por medio de un método de diagnóstico molecular de las plantas (con resonancia magnética), determina en cuestión de horas la condición de los cultivos de un predio: si les faltan minerales, si requieren dosis de microorganismos, si necesitan ciertas hormonas, etcétera, y define soluciones baratas con efectos inmediatos en sanidad para los suelos y de mayor productividad.

En visitas de campo a predios de sorgo y frijol (denominados vitrinas, pues exponen el comportamiento de las plantas y son objeto de experimentación), los invitados a presenciar esta revolución pudieron observar cómo “la tecnología del doctor Valdespino” –como se denomina ahora– permitió el incremento de una a dos hectáreas en el caso del frijol, y apunta a un aumento de 30 por ciento en el rendimiento del sorgo, que aún está en desarrollo, pues se prevé alcanzar ocho toneladas por hectárea, contra los seis tradicionales; asimismo mejoró sustancialmente el suelo, que a lo largo de muchos años se había venido compactando por el uso constante de amoniaco como fertilizante (lo ablandó) y redujo de forma muy sustancial los costos de producción, con soluciones muy fáciles, como el uso de agua oxigenada para enfrentar el fusarium.

El trabajo en estos predios en Tecuala es parte de un esquema de colaboración entre la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), y CYCASA, empresa instalada en Guadalajara, Jalisco, que integra a 30 especialistas de punta en agronomía, finanzas, cuestiones fiscales y otras, todas enfocadas al campo. Juan José Valdespino es uno de esos 30 expertos.

En varios municipios de Jalisco, incluido La Barca, en predios de socios de ANEC, la tecnología de Valdespino se ha probado también, fundamentalmente en maíz, dando como resultado no sólo los mencionados de mayor rendimiento, menores costos y mejoras de suelos, sino también de contenido nutricional. Dice Valdespino: “en el maíz hemos logrado subir niveles de moléculas que representan beneficio para la salud pública, por ejemplo ácido salicílico. El incrementado de sus niveles repercute en la salud del consumidor, en la prevención de infartos. También hemos subido la proteína de los productos utilizando el medio ambiente, reteniendo nitrógeno ambiental, para que los animales (consumidores del grano) ganen más peso y sean más sanos”. Para el experto, esta tecnología –en la que México está a la vanguardia con la alianza ANEC-CYCASA– ofrece enfrentar retos principales de la humanidad: el hambre y el cambio climático.

FOTO: Lourdes Rudiño

Antonio Hernández, coordinador nacional de Programa de Desarrollo Productivo Sustentable de ANEC, señala que la tecnología de Valdespino “plantea que hay que estudiar por dentro la planta, no hay que quedarnos con la apariencia exterior, sino revisarla por dentro, y después hay que hacer un análisis no sólo de la situación química del suelo o de la planta de manera estática, sino ver lo que la planta exuda pues eso da información importantísima para saber qué es lo que está demandando la planta”.

Así, en los predios de Tecuala se observó que desde que la planta estaba recién sembrada tenía una mancha roja (el fusarium); algunos productores creían que esa era una característica propia de la planta, cuando en realidad es un enfermedad que se ha generalizado en la región, que inició con una infección hace años del agave y que ha contaminado maíces, sorgo y caña de azúcar. Es un hongo que se extiende en suelos compactados. La solución al fusarium fue poner dos litros de agua oxigenada por hectárea. “Una solución sencilla y económica. A los cuatro días la mancha desapareció”.

“Estamos ante un método de diagnóstico que da una solución inmediata, barata –alternativa a agroquímicos que hubieran costado miles de pesos– y que en cuestión de horas resuelve un problema que tienen miles y miles de hectáreas de aquí hasta Jalisco (…) y eso es lo que hemos visto hasta ahora (…) Para mí, estos son datos duros, muy concretos, que demuestran que existe otra tecnología. ¿Qué va a pasar con Monsanto, Novartis, Syngenta…?, pues que ya no van a poder vender todos sus fungicidas y agroquímicos, porque las soluciones son ya más sencillas, a partir de otra visión que no está dominada por aquellos que fabrican soluciones para que consumas y consumas insumos”, comenta Hernández, y menciona con entusiasmo que el trabajo que están desarrollando “permite recuperar conocimientos tradicionales de los campesinos, incorporarlos con la tecnología moderna, y recuperar la materia orgánica para el futuro”. Aquí, coinciden todos los entrevistados, lo más importante es preservar el patrimonio del productor, que es la tierra y su calidad.

Hernández precisó que la tecnología de Valdespino, más otras más –con visión sustentable también– serán adoptadas el próximo ciclo primavera/verano 2013 en 38 (o incluso hasta 45) organizaciones de 11 (o 13) estados de la República, en predios de socios de ANEC.

El concepto que quiere generar ANEC es el de una producción que respete el medio ambiente, que favorezca a los trabajadores agrícolas (víctimas primeros de la aplicación de agroquímicos), que recupere una condición sana de los suelos, pero además, precisa Hernández, que implique que los campesinos se adueñen de la formulación de sus propios insumos, incluidas las semillas.

De hecho, la Comercializadora Regional Agropecuaria del Noroeste de Nayarit cuenta con una biofábrica. Genaro Uribe, responsable técnico de la organización, explica que tienen la infraestructura, y la tarea por delante es ponerla a producir, lo cual no implica esfuerzo de inversión. “Partimos de muchos insumos que se consideran desechos, tenemos cantidades industriales de cabeza de camarón y de pescado que se tiran y son foco de infección; podemos traducir esto en proteína y en abonos. También hay minas que después de extraer el oro y la plata tienen un excedente y es fuente de minerales que podemos conseguir a bajo costo. Tenemos excremento de res que podemos utilizar, y otros insumos. Mientras sea orgánico todo se puede utilizar. Y tenemos una estrategia muy interesante, usar esos desechos para convertirlos en abono. Y vamos a poner una granja de lombrices que nos va a ayudar a hacer el lixiviado como complemento a las fertilizaciones”.

“Estamos ante un cambio favorable para el campo. Todo se está haciendo en torno a la organización, teniendo al productor y a su familia en el centro de todo. Y no que sea chamba de ilustrados investigadores, o técicos que vengan a servirse y explotar al productor y cambiemos de quien nos explota”, así describe Isaías Solórzano, gerente de Campesinos Organizados en Red Agro-empresarial y de Servicios, ARIC (CORAS) la situación.

CORAS es una integradora donde participan 11 agrupaciones (con tres mil 200 campesinos socios), incluida la SPR mencionada de Tecuala. Solórzano señala que productores de seis de las 11 agrupaciones aplicarán la tecnología de Valdespino. Ésta “permite que nos apropiemos de los medios de producción elaborando nuestros mismos abonos, nuestros mismos foliares para nutrir la planta pero también para controlar plagas y enfermedades, con productos que son inocuos para la salud porque son derivados de la misma naturaleza”.

Cruzada Nacional Contra el Hambre:
un primer análisis con pocos elementos

Julieta Ponce  Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional en México (Fonan)

FOTO: Bart Heird

El decreto publicado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el 22 de enero de 2013, que establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SinHambre) evoca el reconocimiento del Estado del derecho humano a la alimentación en todas las instancias internacionales desde 1945, así como la modificación del artículo 4º constitucional en octubre del 2011 y las leyes generales vigentes con obligación de su garantía y cumplimiento para todos los niveles de gobierno, entidades y sectores.

En el decreto se reconoce la necesidad de acciones integrales para abatir la pobreza, sin llegar a plantear esto como objetivo o indicador del resultado de la Cruzada, y se asigna al Sistema Nacional de Desarrollo Social la coordinación de la instrumentación de todas las acciones destinadas a combatir el hambre.

El reconocimiento de la carencia alimentaria por parte de este gobierno es de la mayor relevancia política para la coyuntura actual del país. Sin embargo, la palabra “hambre” está sin definir en el decreto. Se desconoce si se refiere a la falta de alimento, o a las manifestaciones de la carencia alimentaria como la desnutrición, por cierto íntimamente ligada al sobrepeso en poblaciones vulnerables. Tampoco se aclara si se refiere a la inseguridad alimentaria, o a la alimentación de baja calidad nutricional en poblaciones con pobreza extrema. La conceptualización es necesaria para la determinación del problema a atacar y los resultados esperados.

En México persisten tres mil 200 calorías disponibles por persona diarias, cuando dos mil 600 serían un indicador de partida aceptable. La coexistencia de pobreza y calorías excesivas de baja calidad nutricional es uno de los peores escenarios en la crisis alimentaria actual.

Donde faltan alimentos sanos, llega chatarra a suplir las calorías faltantes con daño a la vida humana y beneficio a la industria. Cualquier nivel de pobreza obliga a ajustar la dieta en las familias, se come lo que hay con lo que alcanza. Entonces, falta definir si es hambre o mala alimentación el problema a solucionar por la Cruzada.

La crisis campesina, alimentaria y nutricional merece un abordaje sistémico de transformación profunda, donde el hambre represente sólo el primer asunto urgente a atender, e inmediatamente después el Estado debería instrumentar la garantía de alimentos sanos a toda la población, donde la mitad padece pobreza y la mayoría sufre consecuencias de la mala nutrición.

Lejos de proponer una transformación estructural, el SinHambre parece ser sólo una estrategia de inclusión y bienestar social para conjuntar esfuerzos y recursos, es decir una alineación de 70 programas de 19 dependencias federales orientados al cumplimiento de cinco objetivos específicos.

La Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) asume casi íntegramente los objetivos mundiales de la Conferencia de Nacional Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río +20, para erradicar la hambruna y la pobreza. Los objetivos de la CNCH son: 1) Lograr el hambre cero; 2) Erradicar la desnutrición aguda infantil y mejorar los indicadores de peso y talla en la niñez; 3) Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de campesinos y pequeños productores; 4) Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y 5) Promover la participación comunitaria para erradicar el hambre. Se esperaría, como en Rio +20, que se asumieran todos los compromisos de protección a la biodiversidad y la vida de los pueblos.

Se omiten en el decreto metas e indicadores de resultados de la Cruzada, y como parece, se pretende mitigar la percepción de la población sobre inseguridad alimentaria, en lugar de combatir las causas de origen de la crisis alimentaria: pobreza y desigualdad; éstos serían los indicadores idóneos para la medición de resultados.

El SinHambre, como sistema, deberá considerar la reactivación del campo y la protección de la vida campesina, rural e indígena como germen del desarrollo local; aún se desconoce qué alimentos, dónde, quién, cómo y cuándo se van a producir. El punto clave es cómo asegurará este gobierno el consumo de alimentos campesinos para ver sus efectos reflejados en el estado nutricional de la población. Se espera sean alimentos de tierras y mares mexicanos para disminuir las importaciones, así como beneficiar a los pequeños productores y no a industrias de gran escala o monopolios, y esto incluye evitar la semillas transgénicas para la siembra de maíz.

La población objetivo de esta estrategia se determinó al ubicar a la población con la carencia de acceso a los alimentos combinada con la pobreza extrema. Se eligieron 400 municipios donde 7.4 millones de personas serán beneficiarias de “algo”, que si no son despensas o transferencias monetarias por el programa Oportunidades, aún no se sabe.

Los componentes del SinHambre consideran una Comisión intersecretarial, figura a que se le otorga el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada, sin mencionar la generación de un nuevo modelo alimentario nacional, es decir, donde todas las dependencias estén involucradas de inicio con un presupuesto especial.

Se decreta el SinHambre en los primeros 60 días del mandato del presidente Enrique Peña y tienen 30 días naturales después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para conformar y sesionar la Comisión intersecretarial y definir las acciones que podrían considerar la modificación de las reglas de operación con fecha límite al 28 de febrero, tiempos apresurados para la conformación de una gran propuesta de solución alimentaria como merece ión en México.

Todas las dependencias involucradas y prácticamente todo el gabinete comprometido en el tema, para atender al 6.5 por ciento de la población, que se espera sea en verdad sólo el primer paso; sin embargo, resulta ilógico pensar en reactivar la producción de alimentos de manera parcial sin considerar un plan de gran visión, o movilizar a todas las dependencias sólo para orientar la operación a 400 municipios, antes bien, el SinHambre puede ser la oportunidad de replantear el modelo económico con base en el sistema alimentario, desde la producción hasta el aprovechamiento biológico en las personas.

Promete la Cruzada abandonar el asistencialismo para convertir el beneficio en desarrollo y participación social generalizada e involucrar rubros de educación, salud, vivienda e ingreso de las familias, lo cual representaría el desafío mayor; si se logra el desarrollo de capacidades, entonces los beneficiarios deberían ser, al final de sexenio, cada vez menos a consecuencia de la generación de empleos formales campesinos, de un mayor nivel de formación escolar, el ingreso familiar asegurado y el mejoramiento de las viviendas, además de un estado de salud con bienestar.

México cuenta con toda la capacidad humana y técnica para combatir el hambre y la mala nutrición sin comida chatarra, sin semillas transgénicas, sin monopolios y sin importar alimentos. El tiempo corre y se esperan noticias, sea para confirmar la sospecha de una estrategia de papel o la sorpresa de voluntad política desde la rectoría del Estado mexicano para enfrentar la crisis alimentaria.

El frente parlamentario contra el hambre, capítulo méxico

Liza Covantes Torres y Jesús Guzmán Flores  Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), Cámara de Diputados

FOTO: FAOALC

En las instalaciones del Senado de la República, el 19 de diciembre de 2012 se reinstaló el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México (FPH) para la actual LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Su objetivo es cumplir los propósitos por los cuales se han constituido Frentes similares en 14 países de América Latina y el Caribe y conformado una instancia internacional integrada por legisladores de los países de esta región.

El hecho de que en la región más de 50 millones de personas padecen hambre y la importancia de contribuir a superar esta situación llevaron a legisladores participantes en diferentes foros internacionales, como el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), a proponer la creación del Frente Parlamentario contra el Hambre para América Latina y Caribe y sus respectivos Capítulos Nacionales, lo cual se ha logrado con el apoyo de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Capítulo México se constituyó en diciembre de 2011 y bajo el acuerdo de que se conformara con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones académicas públicas y privadas, dado el importante papel que tuvieron en la promoción de la reforma constitucional para el reconocimiento del derecho a la alimentación y su reiterado interés por participar en los procesos legislativos que contribuyan a su garantía por parte del Estado mexicano.

De los compromisos acordados en la constitución del FPH, destacamos: “Situar el tema del hambre y la inseguridad alimentaria en el más alto nivel de las agendas políticas y legislativas” y “proponer iniciativas, promover su discusión e impulsar la aprobación de los mecanismos normativos de protección y garantía del derecho constitucional a la alimentación en las distintas leyes, reglamentos y acuerdos internacionales”.

Hoy, como sabemos, el tema del hambre ocupa un lugar relevante en las agendas políticas de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En el FPH que funcionó en la anterior LXI Legislatura, se elaboró y discutió un proyecto de iniciativa de Ley de Emergencia Alimentaria, en respuesta al agravamiento de las condiciones alimentarias de amplios sectores de la población en varias regiones del país por el encarecimiento de los alimentos a consecuencia de las heladas y sequías de 2011 y 2012. También se comenzó a trabajar en un proyecto de Ley General del Derecho a la Alimentación. Al concluir la LXI Legislatura, en agosto de 2012, los trabajos del FPH entraron en receso.

En la reinstalación del FPH se acordó mantener su integración plural y abierta a todos los sectores de la sociedad, condición que otorga gran fortaleza al trabajo legislativo, pues facilita la incorporación de propuestas de la sociedad civil y la academia en sus proyectos legislativos, y se logra un importante consenso social para los mismos; entre estos proyectos está de manera prioritaria la Ley General del Derecho a la Alimentación.

Se incluyen entre sus acuerdos el promover la firma y ratificación por nuestro país del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que próximamente entrará en vigor, al haber sido suscrito y ratificado por diez países, cinco de ellos de América Latina. Con este protocolo se abre la posibilidad que de manera individual o colectiva se puedan presentar quejas ante el Comité del PIDESC cuando se considere que se viola los derechos protegidos por este pacto.

También queremos destacar el acuerdo de promover que la atención de la problemática alimentaria y nutricional de la población indígena sea con base en los derechos reconocidos para los pueblos y las comunidades indígenas.

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