La publicación de la Ley General de Víctimas generó reacciones encotradas entre organizaciones sociales y legisladores. Tanto México SOS, que encabeza Alejandro Martí, como Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, expresaron preocupación por la viabilidad de este nuevo ordenamiento, contra el cual –en su momento– el entonces presidente Felipe Calderón interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ambas organizaciones fueron cercanas a la pasada administración, a la que respaldaron en buena parte de sus posturas respecto a las políticas de seguridad, e incluso Wallace fue postulada por el PAN como candidata a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Nos preocupa el hecho de que esta normatividad no alcance a cumplir los objetivos en materia de derechos humanos, dijo Martí. Hay vacíos que ponen en riesgo su viabilidad operativa. El principal es que es inconstitucional, aseveró Miranda.

En la Cámara de Diputados, en el contexto de la sesión de la Comisión Permanente, el vicecoordinador de los senadores del PRI, Arturo Zamora, y el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, destacaron la importancia de la publicación. El PRI se siente satisfecho con este compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, ya que la publicación de la Ley General de Víctimas fue uno de los primeros anuncios que hizo en su toma de posesión, dijo Zamora.

Barbosa aseguró que la publicación de la ley es el desahogo de un compromiso con la sociedad y con los involucrados en estos asuntos que construyeron una propuesta aprobada por el Congreso. Hoy se publica, pero inmediatamente va a tener que ser reformada; hay que cuidar su constitucionalidad y prever los elementos para poder aplicarla.

Debemos corregirla

El panista Juan Carlos Romero Hicks precisó: yo respeto la decisión del presidente Peña Nieto, pero no la comparto. Me sorprendió que en su primer día de gestión, el primero de diciembre, el titular del Ejecutivo haya instruido a la Consejería Jurídica para desistirse de la controversia que presentó el presidente Felipe Calderón. Está en un ámbito de competencia, pero lamentablemente no resuelve el problema. Tenemos que corregirla.

Martí cuestionó que la ley no aprueba el control de constitucionalidad (para que se apliquen en México los tratados internacionales sobre derechos humanos) ya que en diversas disposiciones se contrapone con principios constitucionales; esta ley solamente contempla atender a víctimas del fuero federal y no considera a las de delitos perpetuados en el fuero común.

Miranda de Wallace dijo que le preocupa que además de que la ley es inconstitucional y se publica así, no cuente con recursos económicos para atender a las víctimas. Esta ley crea más burocracia y provoca la revictimización; por eso hacemos un llamado urgente a las cámaras a corregirla.