La constitución, el estado
y la patria (…del criollo)
en Guatemala

Camilo Salvadó *

¿Las reformas constitucionales planteadas por el gobierno del Partido Patriota (pp), representan cambios estructurales o reajustes en el sistema dominante? Dentro de los límites de este texto se entenderá por Estado, según la definición de Gramsci, el conjunto de relaciones representados con la fórmula: “Estado (...) = dictadura + hegemonía”. Es decir, que el Estado tiene tanto de coerción (dictadura) como de consenso (hegemonía). Se entenderá por Constitución la ley escrita donde se establecen las “reglas del juego” de la vida estatal, a fin de construir hegemonía.

El gobierno del PP, si bien dirigido por militares y ex-militares contrainsurgentes, no es un gobierno militar como los de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de un gobierno neoliberal, que da continuidad a las políticas económicas de anteriores gobiernos neoliberales, y utiliza un discurso idéntico al de aquellos, centrado en la inversión y la propiedad privadas.

Al mismo tiempo, dentro del gobierno conviven grupos de derecha y ultra derecha (militares activos, ex militares, empresarios) con un pequeño grupo de funcionarios de centro izquierda, provenientes del movimiento social y con cuotas de poder meramente simbólicas. La propuesta de reformas constitucionales proviene de las negociaciones entre dichos grupos.

Podemos afirmar que la lógica interna de las mencionadas reformas va en la línea de profundizar el sistema capitalista (aumento de la competitividad, apertura a la inversión externa, proyectos e industrias extractivas, modelo militarizado de seguridad).

La propuesta de reformas ignora compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz (Acuerdo sobre Reformas Constitucionales, Acuerdo sobre Derechos Indígenas, Acuerdo sobre el papel del Ejército), así como en el Convenio 169 (1989) y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), entre las que destacan el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Las reformas ni siquiera toman en cuenta promesas contenidas en la Constitución vigente, como la emisión de una Ley de Aguas (artículo127) y de una  Ley sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo 70). Tampoco resuelven las contradicciones entre los artículos referidos a la explotación del agua y otros bienes naturales (artículos 121, 125, 126),y dejan por completo fuera de la mesa la cuestión agraria y el desarrollo rural.

La propuesta original de 55 reformas presentada por el gobierno en marzo, enfrentó la oposición de diversas fuerzas políticas. Las organizaciones campesinas e indígenas se oponían a la evidente tendencia a la militarización de la seguridad. Por otro lado, también hicieron una activa oposición poderosas cámaras empresariales como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, la Cámara de Comercio de Guatemala, la Cámara del Agro y la Gremial de Industrias Extractivas.

Marubai, mujer tupi-kawahib. Foto: Claude Lévi-Strauss

La oposición de las cámaras empresariales no se enfocaba en la militarización de la seguridad —con la cual están de acuerdo por completo—, sino en los artículos referidos al tema fiscal, a la participación estatal en proyectos extractivos, y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas (temas probablemente propuestos por el grupo de centro-izquierda, y hoy eliminados de la propuesta o modificados de forma aberrante).

Las diferentes acciones del gobierno no dejaron lugar a dudas. Por un lado, los grupos campesinos e indígenas que se oponían a las reformas jamás fueron recibidos por el presidente, y en ocasiones se les reprimió duramente, como en la masacre de nueve miembros de los 48 cantones de Totonicapán a inicios de octubre. Por otro lado, los dirigentes empresariales fueron recibidos de forma solemne por el gobernante, se realizaron numerosas reuniones así como comunicados conciliadores, y sin más trámite se retiraron las reformas que estos grupos cuestionaban.

De ese modo, la propuesta original de 55 cambios a la Constitución se redujo a 35 para el mes de septiembre. La  mayor parte de los cambios que se conservan se refieren a la seguridad (21 de 35 artículos), mientras aquellos referidos a la participación estatal en proyectos extractivos y al tema fiscal desaparecieron por completo, y el tema de derechos colectivos de los pueblos indígenas, ha adquirido un tono totalmente coherente con el sistema hegemónico.

A mediados de octubre un terremoto provocó daños en varios departamentos, especialmente San Marcos y Sololá.  A mediados de noviembre, el gobierno anuncia que suspenderá temporalmente las reformas para enfocarse en la reconstrucción de los lugares dañados (en realidad, se trata de la reconstrucción de su maltrecha imagen pública, luego de la masacre de Totonicapán).

A fines de noviembre,  las reformas constitucionales aparentan haber sido abandonadas por el gobierno, pero su espíritu reaccionario aún se percibe.  Un ejemplo de ello es la silenciosa pero inminente aprobación de las reformas a la Ley de Minería, las cuales sólo facilitan las cosas a las empresas mineras, ignorando por completo temas como la consulta previa a las comunidades, o la protección del ambiente.

También se ha reactivado el debate en torno a la Ley de Desarrollo Rural Integral, una lucha que las organizaciones indígenas y campesinas vienen haciendo desde 2000. Desde hace doce años, cada presidente promete que dicha Ley será aprobada, mientras las cámaras empresariales se oponen, temerosas de una “reforma agraria” y denuncian las “posiciones retrógradas” de las organizaciones campesinas e indígenas, sin darse cuenta de lo retrógrada de su propia posición.

También se ha reactivado el debate en torno a la Ley de Desarrollo Rural Integral, una lucha que las organizaciones indígenas y campesinas vienen haciendo desde 2000. Desde hace doce años, cada presidente promete que dicha Ley será aprobada, mientras las cámaras empresariales se oponen, temerosas de una “reforma agraria” y denuncian las “posiciones retrógradas” de las organizaciones campesinas e indígenas, sin darse cuenta de lo retrógrada de su propia posición.

* Del equipo picta-Avancso: Pueblos Indígenas y Campesinos, Capitalismo, Territorios y Ambiente /Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala.