a octava Caravana de Madres Migrantes Liberando la Esperanza, en la que participaron 38 familiares de centroamericanos desaparecidos en el país, concluyó ayer tras haber recorrido más de 4 mil kilómetros del territorio nacional durante 19 días, en los que realizaron labores de búsqueda y sensibilización social respecto de la circunstancia catastrófica que enfrenta ese sector en su paso hacia Estados Unidos, en ocasiones frustrado. La movilización obtuvo resultados importantes, entre los que destaca el rencuentro de cinco migrantes con sus familias; la ubicación de seis más que no pudieron ser finalmente localizados por diversos motivos y la recopilación de indicios para encontrar a al menos una docena de ciudadanos extranjeros extraviados en México.

Los avances obtenidos por los integrantes de esta caravana en apenas una veintena de días exhiben, por contraste, la inacción y el desinterés de las autoridades nacionales en la materia, que durante años han transitado de la negación rotunda del secuestro de ciudadanos de terceros países en el territorio a la omisión sistemática de sus responsabilidades para atender, investigar y sancionar las múltiples agresiones en su contra.

Dicha circunstancia no sólo resta autoridad moral a los reclamos del gobierno mexicano por la hostilidad, persecución y precariedad que padecen miles de connacionales en el país del norte, sino que constituye un indicador contundente del declive institucional, legal y ético que padece México: a fin de cuentas, el apego de un Estado nacional a las leyes y a las consideraciones humanitarias más elementales no sólo se refleja en el trato que se da a los ciudadanos comunes sino, principalmente, en el que se dispensa a los estamentos más desprotegidos del conglomerado que reside en su territorio o que transita por él, entre los que se encuentran los indígenas, los grupos vulnerables, las minorías religiosas y sexuales, los discapacitados, los presos y, desde luego, los migrantes indocumentados.

Es meridianamente claro que en el México contemporáneo la autoridad no garantiza el cumplimiento de los derechos de esos sectores, y en particular del último, pero esa omisión no es lo más grave: a ello se suman los abusos cometidos por los propios efectivos gubernamentales –agentes migratorios, militares, policías federales y estatales– y los casos de complicidad entre funcionarios públicos y bandas dedicadas al tráfico de personas. Tal circunstancia, en suma, coloca al gobierno mexicano en una posición de descrédito frente al mundo, que fue expuesta en uno de los discursos emitidos por los integrantes de la caravana: Las autoridades mexicanas no hacen nada para proteger a dicha población vulnerable, e incluso colaboran con los grupos de la delincuencia organizada para seguir asesinando, extorsionando y secuestrando a los trabajadores internacionales, afirmó Martha Sánchez Soler, una de las principales promotoras de ese movimiento, en un discurso pronunciado el pasado domingo.

Ante la indolencia del gobierno federal frente a los atropellos cometidos contra los migrantes, resulta urgente que la sociedad en general construya entramados de solidaridad y apoyo hacia expresiones como la caravana Liberando la Esperanza. Pugnar por la erradicación de las condiciones infernales que afrontan los migrantes en su paso por el país es una forma de contrarrestar la degradación legal, moral y humana que padece México en la hora presente y que afecta, sin distingo, a toda la población.