Guadalajara, Jal., 18 de octubre. El gobierno federal solicitó este jueves apoyo a la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y defendió su promulgación a seis años de haber emprendido la lucha contra el narcotráfico.

El cuestionamiento por la supuesta demora es válido, pero debe reconocerse que detrás de la ley existe un trabajo de años de negociaciones, dijo aquí el subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, José Antonio Torre Medina, luego de inaugurar la 20 Convención Nacional de Correduría Pública.

Hay años de negociaciones, de esfuerzo y de trabajo en los detalles, cuyos resultados están rindiendo frutos hasta ahora, abundó el funcionario. Señaló que el gobierno federal realizó un trabajo en muchos frentes a lo largo del proceso de redacción de la ley, y adelantó que lo que surja hasta el final de la administración se seguirá trabajando.

Torre Medina instó a evaluar la ley en función de que México tiene un asunto de seguridad que necesita resolver y el gobierno debe poner de su parte. Si existen restricciones en los montos de las operaciones mercantiles todos debemos apoyarla. Explicó que desde el punto de vista del Estado mexicano, la ley promulgada por el Ejecutivo federal es un tema que fortalece a todos.

En este sentido, Torre Medina adelantó que tras la promulgación de la ley antilavado hará falta capacitación para todos los involucrados dentro de las áreas profesionales, quienes deberán notificar a las autoridades la presunción de una actividad ilícita, entre ellos notarios, contadores y corredores públicos.

Como cualquier entrada en vigor de una nueva ley, ello implica un esfuerzo importante de difusión, capacitación y reflexión por parte de las secretarías de Hacienda y de Economía, dijo Torre Medina.

Evitar imprecisiones

Carlos Porcel Sastrías, presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública, pidió que el reglamento de la ley antilavado no sea elaborado con imprecisiones legales que pudieran poner en riesgo la integridad física de corredores públicos habilitados por el gobierno federal en el país, que hasta este jueves ascendían a 378.

El corredor público es una figura que, de acuerdo con la SE, auxilia a los empresarios en los negocios, funge como perito valuador de bienes, es fedatario y asesor jurídico. Así como los contadores o notarios, los corredores públicos deberán reportar la presunción de lavado de dinero ante autoridades en operaciones mercantiles.

Porcel Sastrías consideró positiva la ley como una buena herramienta para combatir el lavado de dinero y el crimen organizado, pero al gremio nos preocupan las posibles imprecisiones que tenga la ley.

Los corredores públicos, dijo, pueden trabajar sin mayores problemas porque la profesión se basa en principios de ética, moral, honorabilidad y responsabilidad, y reportar a las autoridades cualquier operación mercantil inusual.

Dentro de esta ley serán solidarios responsables si se tienen sospechas suficientes para determinar que se está efectuando una actividad ilícita. Sin embargo, el reglamento debe establecer las precisiones necesarias que permitan emitir una sospecha de lavado de dinero. Podemos fluir conforme a las necesidades del gobierno, siempre y cuando no sean situaciones en que podamos tener un riesgo personal.