A 11 años de la muerte de la activista Digna Ochoa y Plácido, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional al que por lo menos en dos ocasiones en menos de un año, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha solicitado cerrar el expediente, señaló David Peña, abogado de la familia de la luchadora social.

Ante la insistencia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de que la defensora de los derechos humanos se suicidó, pese a que hay pruebas de que se trató de un homicidio, por cuarta ocasión la defensa solicitó la intervención de la CIDH, aunque reconoció que en las tres anteriores la petición no fue admitida.

En un acto realizado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para recordar el legado de Digna Ochoa, David Peña, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), explicó que en octubre de 2011 y a mediados de este año, la cancillería mexicana pidió a la CIDH cerrar el caso, con el argumento de que la familia había perdido un amparo contra la resolución de la PGJDF, que confirmó la tesis del suicidio.

Acerca de esta nueva solicitud de admisibilidad, señaló que lo que se pide es que el Estado, en este caso el Gobierno del Distrito Federal, cumpla con su obligación de abrir la investigación para conocer la verdad, tener acceso a la justicia y reparar el daño.

Añadió que en la insistencia de que Digna Ochoa se quitó la vida, pese a que, afirmó, existen pruebas de que fue asesinada, hay responsabilidad política directa del jefe de Gobierno del Distrito Federal electo, Miguel Ángel Mancera Espinosa, pues en su calidad de titular de la PGJDF, fue quien autorizó la última resolución sobre el caso.

Por la noche, durante la firma de un convenio de colaboración institucional entre la CDHDF y la CIDH, el secretario ejecutivo de la segunda instancia, Emilio Álvarez Icaza, señaló que el caso no había sido admitido por el número de expedientes que la comisión recibió, pero, dijo, está en discusión de admisibilidad, por lo que no descartó que el organismo internacional investigue el caso.

Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la luchadora social, manifestó que es por intereses políticos que las autoridades se niegan a reconocer el homicidio de su familiar, cuya responsabilidad, reiteró, es de miembros del Ejército Mexicano.