El informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la tortura en México comprueba que dicho fenómeno sigue vigente en el país, gracias a la impunidad de la que gozan sus autores, y aunque el gobierno de Felipe Calderón se empeñe en negarlo, es evidente que son las fuerzas oficiales de seguridad quienes más cometen este delito de lesa humanidad, con el pretexto de la guerra contra el crimen organizado, señalaron activistas de organizaciones de derechos humanos.

Javier Monroy, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario, subrayó que uno de los principales aportes del mencionado documento es desmentir la idea de que la tortura es un fenómeno en vías de extinción en el país, como tratan de hacer creer las autoridades.

Al mismo tiempo, el análisis de AI deja ver que junto con la tortura y los malos tratos ocurren también otros crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que por la angustia y el desgaste emocional que causa en las víctimas y en sus familiares, pueden incluso configurar un problema de salud pública.

Ante las afirmaciones del gobierno calderonista de que sí ha hecho su trabajo para erradicar esa práctica, Monroy aseveró que el Estado no puede eximirse de su responsabilidad, porque aunque la tortura no fuera cometida por el Ejército o la policía, si no investiga los hechos también hay un grado de responsabilidad. El deslinde del Presidente es falso, hipócrita e injusto.

Silvia Vázquez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que tanto el informe de AI como los de otras organizaciones internacionales dejan ver que la tortura es uno de los recursos más utilizados por las fuerzas oficiales de seguridad, en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

Las autoridades nacionales insisten en negar su participación en este crimen, pero la realidad comprueba que hay una coalición de instituciones para encubrir a quienes lo cometen, y negarle cualquier tipo de atención a las víctimas.

“El aumento de la tortura se relaciona directamente con la ‘guerra’ de Calderón, eso está claro, y no puede atribuírsele al crimen organizado. No fueron los delincuentes los que torturaron a 25 policías de Tijuana, o a Miriam Isaura López, sino los militares, y la forma en que quieren atender a las víctimas es ofreciéndoles terapias sicológicas impartidas por la misma gente que los lastimó”, dijo.