San Cristóbal de las Casas, Chis., 9 de octubre. El grupo de presos Solidarios de la Voz del Amate surgió alrededor de la Voz de Amate, que desde 2006 hace públicas las demandas de justicia dentro de las cárceles de Chiapas, y de libertad para aquellos que se encuentran indebidamente sentenciados. En su historial hay tortura policiaca, no pocas veces atroz. Fabricación grosera de pruebas. Venganzas de particulares que influyen monetariamente en policías y ministerios públicos para aprehender, extraer confesiones bajo tormento y consignar a inocentes. Y los afectados perdieron algo más que su libertad.

En el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 5, los adherentes a la otra campaña Solidarios de la Voz del Amate son: Pedro López Jiménez, Rosa López Díaz, Alfredo López Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Alejandro Díaz Santis y Juan Díaz López. Además, Enrique Gómez Hernández se encuentra en el CERSS 14, El Amate. De la organización primera quedan Alberto Patishtán Gómez (actualmente hospitalizado en la ciudad de México) y Rosario Díaz Méndez.

Cuatro de ellos (Rosa, Alfredo, Juan Collazo y Enrique) comparten causa penal, y su historia demuestra cómo en Chiapas la justicia tiene precio (y no muy alto). Están encarcelados por presuntos secuestro agravado (pidiendo rescate), delincuencia organizada y violación de una menor de edad. La historia la cuenta el que paga, en este caso el cacique priísta de Mitontic, y fallido candidato a edil, Rafael Guzmán Sántiz, padre de la joven Claudia Estefani, quien en la primavera de 2009 se huyó con su novio Juan Collazo, como es muy frecuente en las comunidades indígenas cuando no hay aprobación familiar (por parte de la novia) y para evitar la dote, una costumbre onerosa para muchos.

La historia hay que contarla en clave urbana, aunque se trate de indígenas. Los cuatro radicaban en San Cristóbal de las Casas. Rosa y Alfredo, tzotziles originarios de este municipio, se hicieron amigos de los jóvenes Collazo y Claudia Estefani, y cuando decidieron huir (él la robó como se dice coloquialmente), sus amigos le prestaron su vivienda para encontrarse. Enrique era el amigo de la pareja. Son jóvenes, y entonces lo eran más, chavos urbanos o semiurbanos, como abundan en el valle de Jovel, que por el puro hecho de migrar a la ciudad desafían costumbres comunitarias. En este caso del municipio tzotzil de Mitontic, uno de los más aislados y pobres de los Altos.

La indignación del padre de la novia, el señor Guzmán Sántiz, tuvo en este caso consecuencias penales no sólo excesivas, sino sobre todo producto de la corrupción, la tortura y la impunidad. A la sazón, Rosa estaba embarazada. Fue torturada con ferocidad y dio a luz en prisión a un niño que nació seriamente enfermo y en estado de discapacidad, y sobrevivió pocos años. Las autoridades del penal culpabilizaron a Rosa de las condiciones de su hijo.

El domingo pasado, durante un encuentro de La Jornada con los presos organizados del CERSS 5, Rosa era acompañada por la documentalista chiapaneca Concepción Suárez, quien está por estrenar el relato cinematográfico de Rosa y la experiencia de los cuatro jóvenes indígenas vinculados a esta historia. Alfredo, su marido, es vivaz, igual que Collazo, y revela que en prisión han completado estudios. No pierdo el tiempo. Me preparo para la libertad.

Guzmán Sántiz, el suegro ofendido, reunió unos 30 mil pesos como prueba de que pagó por el rescate de su hija. Y el Ministerio Público aceptó su parte para dar trámite a sus acusaciones. “Vieron que Claudia ya no era virgen, y con eso ‘probaron’ la violación. ¿Qué esperaban? ¿Para qué se huyó con el novio sino para eso?”, comenta Alfredo mirando con ironía a Juan. Todos sufrieron graves torturas que han descrito repetida y consistentemente. Ahora, su caso se encuentra en estudio por la mesa del gobierno para revisar los casos controversiales.

Otra historia de tortura es la de Rosario Díaz Méndez (La Jornada 9/10/12) detenido el 23 de agosto de 2005 en Huitiupan por la policía municipal. Los policías no se identificaron y no mostraron ninguna orden de aprehensión. Tampoco se le comunicó el motivo por el cual lo detenían. Lo trasladaron a la Fiscalía Indígena en el municipio, y de ahí a la procuraduría estatal en Tuxtla Gutiérrez. Luego de sufrir golpes en ambos oídos, una bolsa de plástico en la cabeza y tehuacán con chile para asfixiarlo, atado de pies y manos, confesó lo que le ordenaron su captores.