La lucha actual es resultado del último ataque contra los pueblos indígenas de Panamá, que se resisten a los planes para explotar minas de cobre y establecer plantas hidroeléctricas en beneficio de las transnacionales a expensas del medio ambiente, la tierra y la supervivencia de los 200 mil ngäbe-buglé que habitan la región. En 2010, el gobierno derechista de Ricardo Martinelli aprobó una reforma que modificaba más de 60 artículos de la Carta Orgánica Administrativa del Congreso General Ngäbe-Buglé, para aniquilar la autonomía política de este pueblo. En 2011, Martinelli propuso a la Asamblea Nacional reformar la Ley de Minas para arrendar a extranjeros una extensa mina de cobre, Cerro Colorado, en territorio ngäbe, cuyos pueblos, con el apoyo de la mayoría de los movimientos sociales de Panamá, defendieron su autonomía en febrero de 2011 bloqueando la carretera Panamericana. Desafiaron una terrible represión que costó varias vidas. La nación Ngäbe-Buglé obligó al gobierno a un acuerdo que prohíbe la explotación minera y los proyectos hidroeléctricos en la comarca.

La victoria fue efímera, escribe Joubert-Ceci. Este año, el gobierno rompió su palabra y una vez más los ngäbe-buglé se levantaron. Durante seis días bloquearon la carretera Panamericana para obligar al gobierno a negociar, pero el 5 de febrero Martinelli ordenó de nuevo la violencia policial contra miles de residentes que bloqueaban la carretera, matando a dos personas, hiriendo a decenas y deteniendo a muchas otras.

Silvia Carrera, digna mujer que ha enfrentado constantes humillaciones por el gobierno y sus medios de comunicación, expone: “Tuvimos que llamar al mediador y a la relatora de la ONU porque el gobierno no se había pronunciado, nada más salió con que el diálogo es importante, pero no dijo más nada. Estábamos preocupados y tuve que llamar al mediador y la observadora de la mesa, y entonces les solicitamos qué mensaje tenía el gobierno y ellos dijeron que tampoco sabían, y dijeron que podían apoyar que el diálogo fuera en la ONU en su oficina en Ciudad de Panamá. Llamaron al gobierno y aceptó”.

“Lo único que se pudo hacer fue ponerse de acuerdo en formar dos mesas de diálogo. Una para discutir sobre el artículo 5 (que autoriza la minería) porque el pueblo se tuvo que manifestar para que se eliminara. Solicitábamos la no explotación minera dentro de la comarca y áreas anexas y comunidades adyacentes. La otra es sobre la hidroeléctrica que está en construcción”.

Martinelli rehúsa cancelar la planta hidroeléctrica, afirmando que beneficiará al pueblo de Panamá. Sobre esto Carrera comenta: “Es porque hay interés del gobierno en el recurso. El gobierno decía que cancelar la hidroeléctrica sería condenar al país. Y no es así. Ahora mismo la generación eléctrica que sabemos es de mil 700 mega watts, y solamente se usan mil 200. Los 500 en reserva se venden a otros países. Por eso el gobierno tiene interés y hay un sinnúmero de hidroeléctricas en construcción. Panamá, tan chiquito, está lleno de hidroeléctricas”.

Igual la minería: “No es necesaria para el país. Para estas empresas, la vida del ser humano no tiene protección”. Según Carrera, los empresarios vienen de Estados Unidos, Honduras, Canadá. “Y de aquí son un grupito como de 10 personas”.

Una de las plantas hidroeléctricas es operada por AES Changuinola, que es parte de las operaciones en Latinoamérica de la Corporación AES, una de las empresas de energía global más grandes en el mundo.

El gobierno estadunidense sostiene oficialmente que “Panamá es una de las economías que crece más rápidamente en Latinoamérica, expandiéndose un 6.2 por ciento en 2010, con semejante crecimiento anual pronosticado hasta el 2015”. La expansión de esta economía sin embargo no beneficia a la mayoría de la población, y mucho menos a los indígenas. Las cifras oficiales muestran que un 84.2 por ciento de la población indígena en Panamá vive bajo el nivel de pobreza. Para los ngäbe-buglé, el pueblo más pobre, la tasa de pobreza es aún más alta.

La cacica Carrera habla sobre las condiciones sociales: “El gobierno dice a otros países que aquí anda bien pero no es así. Los millones de dólares que entran son para unos cuántos. Todo ha subido, es caro, la canasta básica ha subido. Ahora estamos confrontando graves problemas aquí”.

La educación ha sido privatizada. “No hay libertad para las instituciones, todo está condicionado. Se habla de billones y billones, pero la población ngäbe-buglé no se ha beneficiado. A los niños se les discrimina, no saben hablar el idioma castellano y por ello no tiene oportunidades. Porque si no hablan bien español, no aprenden, y por tanto no tienen derechos. Aunque se les den becas, no las pueden aprovechar por la distancia, por la falta de escuelas en la comarca. Los niños tienen que caminar cuatro o cinco horas, y si tienen que cruzar el río y está hondo, entonces no llegan y no pueden completar estudios.”

Los índices de mortalidad infantil y por parto son muy altos. “En la comarca no tenemos centros de salud. Hay que caminar de tres a cinco días si se está enfermo, para llegar a un centro de salud”, y allí “no hay ni siquiera una pastilla para un dolor de cabeza”.

Sobre el papel de la mujer, la cacica expresa: “Está en todo. Si hay una reunión de la escuela, de la educación, los que llegan son más mujeres. Igual en la manifestación. En todas las luchas siempre está junto con el hombre. Su papel es estar constantemente en la lucha”.

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