Nayarit

El rechazo a la presa Las Cruces

FOTO: Heimlich Ehrlich Chinaski

Juan García
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La presa de las Cruces es un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo objetivo es la producción de energía hidroeléctrica y que comenzaría a construirse este 2012 sobre el cauce del Río San Pedro-Mezquital, en los municipios de Ruiz y Rosamorada, en Nayarit.

La construcción de esta presa afectaría al medio ambiente, a la sociedad, al desarrollo y a la producción económica, y principalmente a la zona de Marismas Nacionales (MaNa); zonas indígenas; especies en peligro de extinción; modos de vida y producción económica de la población en general (la agricultura, la ostricultura, la producción camaronera entre otras). Los municipios que se verían afectados son El Nayar, Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Santiago. Muchos de los daños, en especial los de carácter ambiental, serían irreversibles.

Los riesgos económicos detectados son: destrucción del desarrollo regional, pérdida de cultivos por reducción de recursos hídricos y por ende empobrecimiento de la tierra, pérdida de la ostricultura, acuacultura y la pesca ribereña, así como todas las actividades económicas que se sustentan en los sistemas de manglares y afectación a la ganadería por pérdida de agostaderos. El proyecto claramente favorece a las empresas involucradas, pero no al desarrollo del país, pues no aumenta la seguridad energética y no conducirá a costos de energía menores, pues la generación seguirá concentrada en muy pocas manos.

Los riesgos sociales son: migración, desintegración familiar, conflictos sociales por invasión de territorio, incremento de alcoholismo (como ha ocurrido en Aguamilpa), destrucción de tradiciones, pérdida de identidad y destrucción del tejido social.

Los riesgos ambientales son: destrucción de ecosistemas, erosión del litoral, salinización de las aguas, pérdida de manantiales y la destrucción de MaNa. La producción de energía hidroeléctrica no es tan limpia: causa más daños que beneficios. Podrían utilizarse otros métodos de producción eléctrica, tales como la eólica, geotérmica o de ciclo combinado.

FOTO: Juan García

Y los riesgos energéticos son: La producción eléctrica sobrepasa el consumo. Es decir, con las presas existentes (El Cajón y Aguamilpa) se logra generar más energía de la que actualmente consume todo el estado. Ello, sin tomar en cuenta que la presa La Yesca iniciará la producción de energía en diciembre de este año.

Las principales afectaciones serían:

1.- Peligro de salinización de toda la zona debido a las alteraciones en la alimentación del agua dulce al combinarse, lo cual reduciría la ostricultura (debido al cambio de la mezcla del agua dulce con la salada), sustento de miles de familias, así como la producción del camarón.

2.- Destrucción de sitios sagrados indígenas (náyeris [coras], que comparten con los wixárikas [huicholes]) al ser inundados por la presa.

3.- Nayarit no necesita más energía ya que cuenta con sus necesidades eléctricas cubiertas al ciento por ciento, tanto domésticas como industriales y de consumo público. Lo que hace falta es que la CFE construya el posteado para la distribución de la energía en las comunidades de la sierra.

4.- Afectación turística por pérdida de paisaje a la isla Mexcaltitán, considerada por algunos cuna de la mexicanidad y orgullo de los nayaritas.

5.- Pérdidas de zonas de cultivo por empobrecimiento de la tierra, debido a la reducción del caudal del Río San Pedro.

6.- Pérdida del área estuarina de manglares, así como de especies acuáticas (mangle blanco que se encuentra en peligro de extinción).

7.- No habría aportación de sedimentos y modificaría la hidrología, lo cual dañaría el equilibrio a la reserva de la biósfera.

En Nayarit y Sinaloa se encuentran los MaNa, que son parte de la Reserva de la Biosfera de Nayarit y es una zona reconocida por la Convención Ramsar (de 1971, sobre la conservación y uso racional de los humedales) como sitio que figura en la lista humedales de importancia internacional, el cual representa un verdadero refugio de conservación para la flora y fauna que habita en él y para las poblaciones que viven a su alrededor.

Además, la región tiene múltiples valoraciones vinculadas con designaciones de conservación, tales como Humedal Ramsar de importancia internacional, Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre, proyectada Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales Sinaloa, Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales Nayarit, etcétera. Recibe anualmente poblaciones masivas de aves migratorias; se le considera un sitio de importancia internacional en las rutas de migración de aves.

En mayo de 2010 la Secretaría del Medio Ambiente decretó como área natural protegida, con el carácter de reserva de la biósfera, a esta región, misma que se localiza en los municipios de Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, Santiago Ixcuintla y Tuxpan, en el estado de Nayarit; los tres últimos municipios se involucran con el desarrollo y la construcción de la Presa las Cruces por lo tanto, la afectación de los MaNa resulta evidente.

FOTO: Juan García

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantiene empeñada en la construcción de esta presa a pesar de romper con su política de responsabilidad social y ambiental, que dice:

“La primera acción para proteger la biodiversidad es tratar de evitar la construcción de proyectos en zonas donde los ecosistemas o las especies presentes son únicos o de gran relevancia. Sin embargo, si esto no es posible –como ocurre cuando tenemos que suministrar energía a asentamientos dentro de áreas naturales protegidas–, se han desarrollado procesos constructivos especiales para aminorar las afectaciones sobre estos ecosistemas, como son, reducir el corte de arbolado, la no apertura de caminos de acceso y el uso de helicópteros o de animales de carga para el transporte de materiales y equipo. Lo anterior se complementa con acciones enfocadas a proyectos específicos de recuperación y conservación de especies prioritarias de flora y fauna (…)”.

Las acciones emprendidas por la CFE son contrarias a ello:

• Oculta información de las posibles afectaciones de la presa, exalta los supuestos beneficios y minimiza los daños a 66 habitantes desplazados, sin considerar la afectación a MaNa, al cual considera un sistema desahuciado.

• No ha consultado a los pueblos costeros que verdaderamente serían afectados; se ha enfocado sólo a convencer con promesas de infraestructura y empleos a las comunidades donde requieren los permisos de ocupación de territorio.

• No ha hecho consulta a los pueblos indígenas que serían afectados en su vida espiritual y su cultura, violentando sus derechos fundamentales.

• Han manipulado con apoyo de la Procuradora Agraria las asambleas comunales, obteniendo los permisos en condiciones de ilegalidad.

• Engañaron a las comunidades con promesas de obras de infraestructura por los permisos otorgados para los estudios exploratorios y no cumplieron.

• Amenazan con retirar los apoyos gubernamentales, si no autorizan.

• En contubernio con las autoridades condicionan los apoyos a cambio de la autorización.

• Amenazan con que la obra de cualquier forma se va a realizar; si ellos no aprueban, se hará aguas arriba y beneficiarán a otros.

• Han confrontado a los habitantes de las comunidades para contar con la aprobación del proyecto, con la idea de que les dará trabajo bien remunerado.

• Talaron un número importante de árboles, abriendo caminos, y se perdieron ojos de agua (manantiales) con las perforaciones que hicieron.

• Han ingresado gran cantidad de materiales como inicio de la obra.

• No ha tomado en cuenta el tratados internacional Ramsar.

Chiapas

Los ríos y el territorio maya

FOTOS: Marco von Borstel

Marco von Borstel
Otros Mundos Chiapas
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La mayoría de las civilizaciones en el mundo se asentaron en los márgenes de importantes ríos, como la cultura maya, que aunque se expandió en una vasta área de Mesoamérica, tiene como base de su construcción cultural, social y política lo que hoy conocemos como los ríos Usumacinta y Grijalva, los cuales hacen nacen en diferentes afluentes en Guatemala; cruzan Chiapas, y desembocan en la región de Chontalpa, en Tabasco, y en la laguna de Términos en Campeche.

Las amenazas socio ambientales que se ciernen sobre las comunidades presentes en este amplio territorio son mayúsculas y son causadas por la visión de desarrollo capitalista, en esta fase que denominamos modelo corporación-nación. La depredación de los bienes comunes, la violación a los derechos humanos, el despojo y la degradación al medio ambiente son intrínsecos de este modelo extractivista, impuesto por las grandes empresas y gestionado y facilitado por nuestros gobiernos.

Ante el reimpulso de cinco proyectos de presas hidroeléctricas sobre el río Usumacinta (uno en territorio nacional y cuatro en la zona fronteriza México-Guatemala) para los cuales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene previsto comenzar licitaciones en 2013, comunidades, movimientos sociales, organizaciones civiles y académicos hemos decidido, a partir de mediados del 2011, construir un proceso de articulación binacional que haga frente a estas amenazas. Esta es la cuenca más grande de Mesoamérica y, a diferencia del río Grijalva, no ha sido tan afectada por la construcción de embalses.

A partir de diálogos y reflexiones colectivas que ocurren desde entonces, se ha encontrado que la amenaza sobre los ríos y territorio mayas no sólo está en las presas hidroeléctricas, sino que hay en la región un gran impulso a la minería, extracción de gas y petróleo, monocultivos, ciudades rurales, turismo depredador y otros megaproyectos que están directamente vinculados a la generación de energía que se produciría en estos embalses.

Asimismo, en el intercambio con más comunidades de ambos países –y tomando en cuenta la multiplicidad de nombres que reciben los afluentes de los ríos en las diferentes localidades y la relación concreta que tienen sobre nuestro espacio geográfico común las cuencas del Grijalva y del Usumacinta, que son espejos comparativos el uno del otro–, se ha acordado ampliar el proceso de articulación a todos los ríos y el territorio maya, con el fin de generar un proceso plural, incluyente y que, fortalecido con las experiencias de los diversos pueblos, pueda generar planes de acción conjuntos.

Pese a que las tácticas y caminos de resistencia de cada comunidad y organización son diversas, los elementos que unifican nuestras luchas son: la defensa de los territorios, los bienes comunes, los derechos humanos y la cultura maya. Otro elemento fundamental para entender la articulación es el hecho de que el río Usumacinta y la frontera no dividen a México de Guatemala; los unen. La división geopolítica, incluidas las subdivisiones internas, son separaciones geográficas ficticias, ya que los pueblos somos los mismos y estamos siendo afectados y amenazados por proyectos de la misma especie, que desenvuelven estrategias para el engaño y despojo similares. Por ello la única forma de defender de forma efectiva comunidades y ríos es replantear nuestra identidad territorial más ampliamente.

Así, se ha visto la necesidad de construir una visión integral de las cuencas hidrográficas desde los pueblos, como espacios geográficos de relaciones socio-ambientales que son interdependientes. Es decir, se está resignificando y conociendo colectivamente, con la ayuda de académicos comprometidos con el movimiento, la interrelación existente entre las cuencas altas, medias y bajas de los ríos que compartimos, y observamos que cualquier actividad que modifique el metabolismo de los ríos en montañas, selvas, planicies o ciudades, afectará directamente a las comunidades río abajo y estos impactos se acumularán en las regiones pantanosas y costeras donde desembocan los afluentes.

Las experiencias de lucha contra represas de los pueblos de Guatemala están enmarcadas por la sangre derramada por la masacre cometida por el ejército en 1983 en contra de 369 campesinos maya achí de la comunidad de Río Negro que se oponían al proyecto de la presa Chixoy. Este proyecto y otros a nivel mundial fueron ejemplo para la constitución de la Comisión Mundial de Represas (CMR), que impulsó el Banco Mundial, para revisar la viabilidad social y ambiental de este tipo de proyectos. La CMR generó lineamientos específicos para la construcción de represas, que pudieran salvaguardar los derechos de la población, pero han sido cumplidos por las empresas y los gobiernos de la región.

Desde hace unos años, y como estrategia de defensa de sus pueblos, las organizaciones y comunidades guatemaltecas se han apropiado del derecho a la consulta que tienen las poblaciones afectadas directamente por megaproyectos, ciñéndose al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. En el Ixcán se celebró el 20 de abril el quinto aniversario de la consulta comunitaria de buena fe realizada en esa municipalidad, donde se declaró el territorio libre de la extracción petrolera y las represas. En el departamento de Huehuetenango se hecho ya 28 consultas comunitarias en contra de la minería de metal y los proyectos hidroeléctricos, y se ha construido organizativamente la Asamblea en Defensa del Territorio de Huehuetenango (ADH).

En Chiapas siguen detenidas las represas Chinín e Itzantún por la resistencia de las comunidades, pero la CFE no sólo está impulsando los cinco embalses en el río Usumacinta, sino pretende construir el proyecto Chicoasén II, sobre el río Grijalva que tiene ya cinco presas hidroeléctricas instaladas. Dicho proyecto afectaría nuevamente a las comunidades desplazadas por Chicoasén I, las cuales aún no han sido resarcidas plenamente. En el mismo sentido, las comunidades desplazadas por los proyectos sobre el río Grijalva no han tenido procesos de resarcimiento justo y las afectaciones sociales y ambientales generadas en toda la región son inconmensurables, por barreras, desfogues y contaminación acumulada en la cuenca.

Una modalidad que se está impulsando actualmente en Chiapas es la proliferación de proyectos que las normas mexicanas denominan “centrales mini hidroeléctricas”, concesionadas a empresas privadas, que pueden generar hasta 30 megavatios y que se les nombra engañosamente minis, para no tener que ajustarse a lineamientos internacionales o normas nacionales, como el Manifiesto de Impacto Ambiental y el permiso de volumen de agua, a pesar de que la International Hidropower Comisson (IHC) considera que a partir de diez megavarios califican como medianas represas, por las afectaciones que conllevan.

Tabasco y los pantanos de Centla son la región más afectada por los impactos acumulados de las represas en el río Grijalva, la contaminación provocada por la minería, industrias, centros urbanos y agroquímicos, la deforestación causada por la ganadería, monocultivos y agronegocios y el cambio climático. Desde 1997, cuando sucedió la gran inundación de Villahermosa, las autoridades han implementado un plan hídrico para rescatar esta ciudad, que ha provocado que las comunidades originarias, las cuales residen en las zonas bajas de humedales donde desembocan estos grandes ríos, estén perdiendo su forma de subsistencia.

La visión conjunta de las problemáticas en los ríos y el territorio maya nos brinda un panorama integral de la situación, y la construcción de una alianza binacional tiene implícitos múltiples desafíos internos y externos como son la criminalización de los movimientos sociales por parte de ambos gobiernos; la cultura hegemónica y el discurso desarrollista que menosprecia los derechos de las comunidades indígenas y campesinas; la dificultad para generar acciones de solidaridad en casos concretos; la generación de una articulación desde las comunidades, que promueva liderazgos colectivos y toma de decisiones horizontales; la incidencia en políticas públicas que den condiciones de defensa legal a las comunidades ante las amenazas, y la creación de un territorio amplio libre de megaproyectos que genere una frontera al sistema depredador capitalista.