El sector energético es probablemente al que más recurren los promotores del mercado de carbono para incursionar en el negocio de captación y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para ello se valen de uno de los instrumentos más establecidos por los organismos internacionales, los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).

Si bien no han sido los más promovidos en las más recientes negociaciones de las conferencias de las partes firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), estos mecanismos, dentro de la matriz energética, son vitales para las trasnacionales, las instituciones financieras internacionales (IFIs) y los gobiernos participantes, convirtiéndose en un negocio hecho a partir de la crisis climática. Se ha denominado así “transición energética” a una forma distinta de seguir contribuyendo al calentamiento global y sus cambios en el clima.

México se encuentra en cuarto lugar mundial en proyectos de MDL con 304 registrados (debajo de la India, China y Brasil), siendo las paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) las que más proyectos han incluido dentro de esta modalidad de mercados de carbono.

De estos proyectos, 178 ya están aprobados o con carta de no objeción por la CMNUCC para los mercados de carbono. El rubro de manejo de residuos pecuarios es el que tiene más proyectos aprobados, y le sigue la producción de energía en distintas modalidades (hidráulica, eólica, incineración y/o coprocesamiento de residuos y extracción de gas de rellenos sanitarios cerrados).

FOTO: Jorge Tadeo Vargas

Dentro de estos mecanismos el más socorrido a escala global es la creación de hidroeléctricas, las cuales son parte de la lista de proyectos que aplican como MDL desde principios de este siglo. Asia y Latinoamérica son las regiones más afectadas por la construcción de hidroeléctricas, aun antes de su incursión en los MDL.

El Comité Intersecretarial para Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de GEI (Comigei) –integrado por varias secretarías de Estado– es la autoridad competente para decidir en México qué proyectos van a la aprobación internacional para entrar en mercados de carbono.

La razón principal por la cual se permite la inclusión de las hidroeléctricas en los MDL es que no producen energía a partir de la quema de combustible fósil, por lo que se considera que no contribuyen al aumento de las emisiones de carbono. Pero, dejando de lado los impactos que las hidroeléctricas producen al ambiente, muy bien documentados en la ecología de los ríos, y partiendo de una visión ecosistémica, la contribución de carbono biológico es muy alta debido a las grandes cantidades de material orgánico que es retenido en los embalses y por la destrucción de grandes extensiones de tierra que se necesitan para la construcción de estas infraestructuras.

Según el International Rivers, las emisiones de CO2 que generan las presas (tanto hidroeléctricas como de abastecimiento y control de avenidas) representa un 18 por ciento del total de las emisiones globales de CO2 antropogénico. La contribución en las emisiones de otros GEI, como podría ser el metano (veinte veces más agresivo que el carbono), convierte a las hidroeléctricas en un punto focal de riesgo a la crisis climática global. Son una falsa solución de mercados de carbono y más agresiva que otras opciones de producción de energía eléctrica.

Además de la emisión de contaminantes a la atmósfera, la construcción de hidroeléctricas genera un gran número de desplazados ambientales (humanos, animales y ecosistemas en general), al igual que la pérdida de zonas riparias con un alto valor ambiental para el funcionamiento de los ciclos vitales del planeta.

Aunque la participación de las hidroeléctricas en los MDL es tan vieja como los mercados de carbono, no ha tenido el impacto esperado por sus promotores en México –cosa contraria al programa Reducción de Emisiones producidas por la Deforestación y la Degradación Forestal (REDD), que ha sido visto como la panacea contra el cambio climático.

FOTO: Jorge Tadeo Vargas

Existen algunos mega proyectos en los MDL, principalmente en algunos países asiáticos y en el cono sur de Latinoamérica, pero su impacto no ha sido el esperado. Las razones son variadas y sobresalen las luchas históricas de los afectados por la construcción de presas; la apuesta por mega proyectos que no siempre son viables a mediano plazo –y que atrasan por un lado el apoyo del mercado de carbono y por otro la construcción del proyecto–, y la dependencia ciega a los combustibles fósiles. No obstante las nuevas propuestas de los mercados de carbono, la idea de un fondo verde y la urgencia en los cambio de matríz energética hacia las falsas soluciones son el detonante ideal para pintar de verde proyectos que de entrada siguen siendo rechazados por las comunidades, por su carácter privatizador, desarrollista y extractor de recursos vitales para dichas comunidades.

El mercado de carbono y sus mecanismos no son sino falsas soluciones que buscan adaptar en papel, y sin ningún fundamento respaldado por la mejor ciencia posible, proyectos que a la fecha siguen impactando negativamente a las comunidades locales y al planeta, sin aportar medidas reales de mitigación (global) o de adaptación (local) necesarias ante la crisis climática actual.

Es necesario repensar las políticas públicas con una visión más local encaminadas a una justicia global. Desde ahí la matriz energética debe de rediseñarse hacia una matriz comunitaria, con una participación ciudadana real, partiendo de necesidades reales más allá de la lógica del consumo actual, motor vital que mueve el sistema y que ha visto en la crisis climática una salida a su crisis económica, con lo que ha resultado mucho más beneficiado que perjudicado.

Es importante observar el panorama desde una perspectiva nueva, observar que las propuestas de soluciones basadas en el mercado son soluciones que han sido rechazadas históricamente por los pueblos que han visto en ellas el riesgo de perder sus formas de vida, mismas que están intrínsecamente ligadas a un ecosistema sano. Las falsas soluciones propuestas por el mercado al cual le sirven fielmente los gobiernos cómplices no son más que una forma de seguir contribuyendo con una crisis climática, sin buscar realmente medidas de adaptación que en suma son medidas de mitigación que involucre un cambio de sistema de producción, de consumo y de desarrollo como el actual.

Trampas del lenguaje
para privatizar el agua

ILUSTRACIÓN: Nieves Capote

Mónica Olvera Molina
Geógrafa
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La hidroelectricidad es el principal uso del agua por cantidad de volumen utilizado en México. Sin embargo, la problemática social a causa de esta jerarquía con frecuencia es ignorada o soslayada en las discusiones públicas en torno al agua. Este deslinde no es un hecho casual, sino resultado de un fuerte discurso institucional fomentado desde los organismos internacionales, referido a la multifuncionalidad de las grandes presas, y que recientemente incorporó la clasificación de la hidroelectricidad como un uso no consuntivo del agua.

Contando con el financiamiento de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, el discurso multifuncional catapultó internacionalmente la construcción de grandes presas a finales de los años 40s. Se decía que la misma infraestructura de forma simultánea a la generación eléctrica podría almacenar, controlar avenidas y distribuir el agua para la irrigación y el abastecimiento público e industrial, y que en el embalse también se podría propiciar actividades de pesca, transporte y turismo. Por tanto, la gran presa se constituyó discursivamente como un modelo de desarrollo.

En realidad la construcción de grandes presas en México significó el despojo de comunidades y pueblos, debido a la apropiación autoritaria de los ríos a manos de las instituciones federales. El río se transforma en embalse. El embalse anega los pueblos. Los pueblos son desplazados forzosamente y dejan de ser pueblos al salir de sus territorios. Es un proceso genocida, que afecta profundamente a las poblaciones, principalmente a las indígenas.

Además en las grandes presas se da prioridad a los requerimientos en los tiempos de la oferta y demanda de la hidroelectricidad y se anula el discurso multifuncional. Entre otras muchas afectaciones, la más drástica se relaciona con la decisión entre mantener los embalses llenos, respondiendo a la especulación del negocio energético, y la operación de las presas para controlar avenidas. Al respecto, tenemos de ejemplo el episodio trágico de la inundación de Villahermosa, Tabasco, en 2007.

Así, el desarrollo jamás ha llegado con las grandes presas hidroeléctricas y, por el contrario, su emplazamiento ha implicado el empobrecimiento de las poblaciones. Pese a los resultados históricos, el fantasma de la multifuncionalidad ronda aún los discursos de los funcionarios públicos, y se refuerza con otros, como el de la energía limpia en torno al desarrollo sustentable, que también acompaña la clasificación de la hidroelectricidad como un “uso no consuntivo” del agua.

El uso no consuntivo es definido generalmente por dos características: la devolución al ambiente del total del volumen extraído y la poca alteración que se hace de la calidad del agua. Esta clasificación supone que el agua no se consume y por tanto no compite con respecto a los usos consuntivos. Nada más lejos de la verdad en torno a la hidroelectricidad, si se consideran las alteraciones que se hacen del cauce, su desvío, temperatura, sedimentación, el paso por la turbina, etcétera. Alteran drásticamente las condiciones de calidad del río y con esto también alteran y restringen otros usos.

Y hay que sumar que la hidroelectricidad en su configuración territorial históricamente tiene relación con la conformación de espacios mineros e industriales, que son contaminantes de los afluentes. Si bien el hidroeléctrico puede ser incompatible con otros usos, no lo es con el desagüe industrial, porque la generación eléctrica requiere la fuerza y no la calidad del afluente. Esta es explicación fundamental de la actual condición alarmante de contaminación de varios de los ríos del país, entre ellos el río Santiago, Jalisco. Cabe resaltar que esta configuración espacial debe considerarse también para la minihidroelectricidad.

La división institucional entre los usos consuntivos y no consuntivos es parte de la neoliberalización de las legislaciones hidráulicas en el mundo. La clasificación tiene por finalidad sostener la prioridad del uso hidroeléctrico y fomentar su expansión bajo un esquema privatizador. El geógrafo Carl Bauer ha documentado el caso chileno, y señala que esta clasificación es ambigua, y que su contemplación en el Código de Aguas ha beneficiado a las empresas financiadoras y constructoras de presas, las cuales obtuvieron derechos con el discurso de no afectar otros usos. Sin embargo, mientras que las empresas desean almacenar agua durante el verano para responder a la alta demanda de electricidad en el invierno, los agricultores requieren utilizar esa agua para la temporada de cultivo que es el verano. En esta disputa, más allá del amparo legal que encuentran las empresas hidroeléctricas, a los agricultores les ha tocado perder mediante el control de facto que hacen de la infraestructura las empresas.

La clasificación de uso no consuntivo recientemente se aplica de forma amplia en una temática de “valoración adecuada” de la naturaleza, ya sea de bienes y servicios ambientales, por ejemplo los humedales y las tierras secas, y hasta para la estimación de tarifas en el uso del agua, que por supuesto benefician al uso hidroeléctrico.

En México, la definición de uso no consuntivo ya forma parte de los discursos académicos e institucionales. En la Ley de Aguas Nacionales no aparece aunque sí se hace mención del uso consuntivo. Por tanto, nos encontramos en la antesala de la intención de ahondar la privatización simultánea del agua y la energía por medio de la construcción de presas. Y deberíamos tener en cuenta que la definición del uso no consuntivo puede traslaparse a otras legislaciones que abarquen otros bienes naturales, claro está: con el mismo objetivo de su privatización.