La directora general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), Gricelda Nieblas Aldana reconoció que en los meses recientes, hechos delictivos, como extorsiones, múltiples robos e incendios, ocurridos en ciertas entidades federativas han provocado algunos casos de crisis financieras en empresas que debieron recurrir al concurso mercantil.

Al rendir ayer su quinto informe semestral de labores ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la funcionaria hizo un llamado a reformar la Ley de Concursos Mercantiles a fin de incluir nuevos esquemas de concurso mercantil.

Explicó que se hacen necesarias dichas reformas para introducir en el contexto legal esquemas diferenciadores, que produzcan un trato equitativo en los costos asociados al concurso mercantil y que faciliten el acceso al procedimiento a todas las empresas,

Hemos externado sugerencias en torno de los ajustes pertinentes a la citada legislación, a fin de lograr mayor facilidad de acceso a los procedimientos, claridad de sus disposiciones, destacar el respeto a las garantías y obligaciones contractuales contraídas y la incorporación de esquemas de trato diferenciado a las empresas que por su complejidad y condiciones especiales deba corresponder, entre otros aspectos, destacó.

Además, dijo, se pretende la incorporación de normas que propicien mayor celeridad en la resolución de este tipo de conflictos económico-jurídicos, sin soslayar que haya los plazos necesarios cuando exista la real posibilidad de conseguir de los objetivos que persigue la ley.

Los desafíos de la actual crisis financiera internacional, con sus efectos en nuestra economía y la realidad social que hoy se presenta en nuestro país, nos exigen emprender con urgencia las acciones necesarias para materializar los ajustes a la legislación concursal, precisó.

La funcionaria informó que en los pasados seis meses se admitieron a trámite 16 asuntos, todos relativos a personas morales, de los cuales 33 por ciento corresponde a industrias manufactureras, 27 por ciento a servicios, 13 por ciento a comercio, 13 por ciento a construcción, 7 por ciento a transportes, correos y almacenamiento y 7 por ciento a agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza.