En Santa Cruz Barillas, Guatemala: pulso entre el pueblo y el poder hegemónico
 Fotos: Agustín Jimémez. Maguey, 1931 |
Jacqueline Torres Urízar.
Ciudad de Guatemala, 5 de junio.
El primero de mayo, indígenas y campesinos de Santa Cruz Barillas,
Huehuetenango, fueron agredidos por empleados de seguridad de Hidro Santa Cruz, trasnacional que construye la hidroeléctrica “Canbalam”, quienes asesinaron al líder Andrés Francisco Miguel e hirieron a Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Gaspar. El gobierno del ex general Otto Pérez Molina decretó un Estado de sitio que debió levantar 17 días después ante la resistencia popular.
La pequeña sala de audiencias del Juzgado Tercero Penal ubicada en el segundo nivel de la Torre de Tribunales, en el centro cívico de la ciudad de Guatemala, se encontraba abarrotada por algunos periodistas, acompañantes de derechos humanos, y principalmente familiares de los sindicados por la muerte de Andrés Francisco Miguel en Santa Cruz Barillas. Esteban Bernabé, Pablo Antonio Pablo y María Francisca Marcos, viuda de Andrés, todos qanjobales, son querellantes en el proceso y junto a sus abogados y el fiscal del Ministerio Público (MP) esperaban con paciencia la llegada de Ricardo Arturo García López y Oscar Armando Ortiz Solares, presuntos responsables de la muerte de Andrés.
En las casi cuatro horas que duró la audiencia, los abogados desplegaron un discurso racista y de criminalización de los actos de la comunidad, con el que dejaban entrever que aquello que les sucedió a los tres hombres era un final casi merecido por los actos de oposición a la instalación de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. En sus declaraciones, García López y Ortiz Solares negaron ser trabajadores de la empresa de capital vasco, aunque las investigaciones judiciales los ubican como miembros del equipo de seguridad de la transnacional. También afirmaron que fueron los campesinos quienes iniciaron el incidente con armas de fuego y machetes, y que después de disparar en defensa propia, huyeron y se resguardaron hasta ser detenidos a casi un mes del incidente.
“Si no hubiera reaccionado, quien estuviera muerto sería yo, y quien estuviera del otro lado sería mi mamá”, se justificó García López. En tanto Ortiz Solares, al final de su declaración pidió disculpas por lo sucedido.
Las pruebas de balística y los testimonios de los acusados fueron suficientes para que el juez Óscar Sagastume Álvarez decidiera ligarlos a proceso por asesinato y homicidio en grado de tentativa. Tres meses servirán para continuar con la investigación, en tanto que permanecerán en prisión preventiva hasta el 9 de octubre, fecha de la próxima audiencia.
Lucía Xiloj, abogada de uno de los querellantes, manifestó que estaban satisfechos con la resolución. “Es un alivio para las personas que han sufrido por los delitos cometidos y el rompimiento de la tranquilidad comunitaria. Esto anima a las personas y a mí a seguir contribuyendo en que se haga justicia”.
¿Experimento que no resultó? Tras el incidente en Barillas, el Ejecutivo decretó Estado de sitio, ratificado por el Congreso de la República a pesar de la oposición. Aunque fue planificado para un mes, la presión de las comunidades organizadas, buena parte del movimiento social y la comunidad internacional, logró que sólo permaneciera 17 días.
Para la analista Quimy de León, Barillas ha sido una especie de ensayo que confirma la continuidad de la implementación de un modelo de acumulación capitalista que, en el caso guatemalteco, ha recurrido al terror por medio del ejército. Así se va reconfigurando un nuevo régimen hegemónico: oligárquico, militar y transnacional. Tras escuchar los testimonios de mujeres y hombres de la comunidad, el incidente nos remite a los años 80, la época más álgida de la guerra. “Tiene los mismos actores, métodos y fines, donde el miedo es uno de los recursos que utiliza el Estado para el control social”.
Existe una continuidad de los dos gobiernos anteriores (Óscar Berger y Álvaro Colom), cuando se prepararon condiciones jurídicas para la nueva fase del modelo. De León asegura que a diferencia de los gobiernos que anteceden al del general retirado Otto Pérez Molina, las estrategias de cómo enfrentar los conflictos tienen un estilo autoritario y militarista que viene desde el Ejecutivo.
El laboratorio Barillas falló por la decisión de la comunidad, sobre todo las mujeres, de denunciar el abuso de la empresa y el respaldo que ésta recibió de las fuerzas de seguridad del Estado, así como por las movilizaciones de apoyo a los pobladores y las contradicciones internas del gobierno, reflexiona de León. Será importante seguirle el rumbo en los tribunales, ya que puede marcar un precedente en la forma de hacer justicia en casos relacionados con la defensa del territorio en Guatemala.