Santiago Xochiltepec, Oax., 31 de mayo. Viudas y madres de 26 indígenas zapotecos de esta comunidad, asesinados el 31 de mayo de 2002 en una emboscada, exigieron a los gobiernos federal y estatal reabrir las investigaciones para que los asesinos sean encarcelados, y que no se cancele el fideicomiso creado para becar a los huérfanos.

Ni todo el dinero del mundo nos servirá para dejar atrás lo que pasó, pero si nos quitan la ayuda, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos que aún están en la escuela? Si no nos hicieron justicia, por lo menos que nos ayuden, afirmó Angélica Ruiz Ramírez, representante de las familias de los zapotecos asesinados.

El homicidio múltiple ocurrió alrededor de las 19:30 horas del 31 de mayo de 2002 en inmediaciones del paraje Agua Fría, cuando regresaban en un camión de volteo después de laborar durante una semana en el aserradero La Cofradía, del pueblo San Pedro El Alto. Otros dos más resultaron heridos, y dos ilesos, entre ellos el chofer del vehículo y su hijo.

Según los sobrevivientes, los agresores, quienes iban encapuchados, dispararon desde ambos lados del camino en contra del camión, y posteriormente robaron los salarios que las víctimas acababan de cobrar.

El primero de junio de 2002, la Policía Ministerial implementó un operativo en la agencia municipal Las Huertas, municipio de Santo Domingo Teojomulco, para detener a 17 pobladores como presuntos responsables del asesinato múltiple. Sin embargo, al paso de los años, todos salieron libres sin cargo alguno.

Angélica Ruiz , hija de Eucario Ruiz Ruiz y esposa de Maximino Peña López, dos de las víctimas, dijo que el entonces gobernador José Murat Casab y la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, acudieron a Santiago Xochiltepec para ofrecer casas y empleo a las viudas, así como becas a los huérfanos a través de un fideicomiso.

Expuso que los gobiernos federal y estatal solamente cumplieron con el fideicomiso integrado con aportaciones iguales de 2 millones de pesos, de donde se destinan 500 pesos mensuales a cada uno de los huérfanos para sufragar sus gastos escolares.

Angélica afirmó que según funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano estatal, el fideicomiso se agotó y las becas se suspenderán pronto. Nos dicen que ya no nos ayudarán, que se acabó el dinero, que ya no hay suficiente. Si eso pasa, mis hijos ya no podrán seguir yendo a la escuela y terminar una carrera para que puedan salir adelante. Si no pudieron hacernos justicia, por lo menos que no nos quiten la ayuda para nuestros hijos. Si los asesinos estuvieran en la cárcel, no pidiéramos nada, añadió.

La también viuda Concepción Hernández Gutiérrez, quien perdió a su esposo, Martiniano Calleja, y a su hijo Leyber, reprochó que la ayuda de los gobiernos federal y estatal no fue suficiente para su familia, porque una de sus hijas, Mireya, murió de anemia aguda en 2009, cuando contaba con 14 años de edad.