FOTO: Carlos Cisneros / La Jornada |
El campo en la contienda electoral 2012
El 30 de marzo iniciaron formalmente las campañas electorales para ocupar la Presidencia de la República en 2012-18. Los tres principales candidatos, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición PRD - PT - Convergencia - Movimiento Ciudadano; Enrique Peña Nieto, del PRI-PVEM, y Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional, han hecho expresos sus planteamientos y propuestas para el agro, y en general para el medio rural por diversas vías.
En las páginas siguientes desplegaremos las posturas de los tres candidatos. Es mayor el espacio que dedicamos a la de López Obrador porque es el único que ha presentado un diagnóstico amplio de la situación del campo; el único que ha hecho propuestas y compromisos específicos por rubro, y que ha dado a conocer su gabinete agropecuario: Víctor Suárez Carrera, como titular de la Secretaría de Agricultura, y María Luisa Albores González, en la cartera de Reforma Agraria, quienes a su vez han presentado ya públicamente sus programas respectivos y han recogido reacciones de diversos representantes y actores del medio rural, reacciones que habrán de enriquecer las propuestas de política pública.
Y AMLO es el único que se ha comprometido con un plan para el campo, el Plan de Ayala para el Siglo XXI, elaborado vía consultas regionales donde participaron más de un centenar de organizaciones sociales y campesinas.
|
|
Nueva “revolución verde”, plantea Peña Nieto
FOTO: Archivo |
Si bien la plataforma electoral del PRI-Verde Ecologista para el próximo sexenio resalta el riesgo del desabasto alimentario por las crisis internacionales sucesivas de precios altos y por los efectos en la producción derivados de fenómenos climatológicos, el principal énfasis en el tema del campo lo hace en la pobreza de los campesinos y dice que ésta “responde a problemas concretos de productividad”.
Se propone, por tanto, impulsar una “segunda revolución verde”, así como un política de desarrollo territorial y de eliminación de la pobreza rural, “con programas de desarrollo comunitario vinculados al cuidado del medio ambiente, agroturismo, silvicultura y artesanía, que incorpore, entre otras acciones: la eliminación de la desigualdad social y la heterogeneidad productiva del medio rural; micro-financiamiento en proyectos productivos en zonas marginadas; apoyo a iniciativas comunitarias productivas, medioambientales y artesanales, especialmente de mujeres, jóvenes e indígenas”.
La oferta de “una segunda revolución verde en el país será, dice, primero a nivel de regiones y después de microrregiones, para aumentar la producción de alimentos, incrementar los inventarios y combatir la especulación”. Pero no da detalles de lo que entiende por “revolución verde” ni reflexiona sobre el cuestionamiento serio que ha sufrido la Revolución Verde, que fomentó un uso excesivo y nocivo de agroquímicos. Cabe destacar que la Confederación Nacional Campesina (CNC), el principal brazo rural del PRI, tiene una alianza de negocios con Monsanto, el gigante trasnacional de semillas transgénicas, y ha expresado su apoyo a esta tecnología, en identificación con el concepto de “nueva revolución verde”. Así que la interpretación de este punto es que el PRI daría un impulso a la polémica transgenia.
El PRI-PVEM ofrece “un esfuerzo sin precedente de educación y capacitación para la mano de obra adulta del campo; favorecer la movilidad de la mano de obra del campo en forma deliberada” y “apoyar los esfuerzos de los productores en la tecnificación y compactación de las unidades de producción”, esto último además con un marco jurídico adecuado.
Además de generar movilidad en la tierra, el PRI plantea cambios estructurales en un programa clave, el Procampo, y en la Comisión Nacional del Agua, para incorporar enfoques ambientales y de manejo del recurso agua.
En el conjunto de su plataforma, afirma que la desigualdad social y la miseria “son el mayor lastre para nuestro desarrollo y constituyen una enorme deuda social de nuestra democracia”, y por ello a lo largo del documento resalta el tema de la pobreza.
En el rubro de sector agropecuario, afirma que es necesario impulsar al máximo la producción nacional “y proponernos el objetivo de la seguridad alimentaria” para que los productores rurales vivan mejor, pero también para asegurar a los mexicanos alimentos de calidad y con precios accesibles.
Puntualmente propone dar una visión de largo plazo a las estrategias productivas; diferenciar los instrumentos orientados a combatir la pobreza rural de los enfocados a la producción y la productividad; contar con una red de seguridad al ingreso de los productores “con un marco legal que brinde certidumbre al sector y permita ordenar los mercados”, dice. Aunque no menciona precios de garantía o precios de indiferencia o precios mínimos, sí habla de contar con precios justos en adquisiciones y ventas a los agricultores.
Propone también una política de almacenamiento, que asegure el abasto de alimentos y precios remunerativos al campesino. Una política para elevar la productividad de las actividades agroalimentarias; un marco jurídico agrario que favorezca la compactación de superficies; un modelo que promueva la integración de los productores y la generación de economías de escala.
Ofrece: aumentar la inversión en conservación y mantenimiento de presas y distritos de riego; ahorrar el agua que se pierde en filtración y evaporación e incorporar con ello nuevas áreas al cultivo; aumentar el gasto en investigación y desarrollo agropecuario y agroalimentario; promover el financiamiento, la asistencia técnica, el desarrollo tecnológico y la capacitación.
“Habrá que revisar Procampo y adecuarlo a las circunstancias actuales del país con un enfoque diferenciado, ecológico y productivo. Es indispensable una reforma de fondo de la Comisión Nacional del Agua, cuya intervención es obsoleta, centralista e ineficiente, para desarrollar un marco institucional que permita una política integral del uso del agua en el sector”.
El texto también dice que la agricultura y la ganadería en México requieren una transformación profunda, para lograr la seguridad alimentaria, la generación de empleos locales y el fortalecimiento de un sector primario internacionalmente competitivo.
Aspectos donde la plataforma del PRI coincide con la del PAN son diferenciar los apoyos destinados a la agricultura de los que buscan combatir la pobreza rural; ampliar los apoyos para lograr los cambios de cultivos de baja a alta rentabilidad económica.
El documento deja ver la intención de modificar la injusta distribución actual de los subsidios agrícola –que favorecen al norte y a los productores comerciales–, pero no lo explicita suficientemente. Lo que dice es que “canalizaremos de manera preferente los apoyos de gobierno a los campesinos para que puedan resolver su problemática productiva, de comercialización y de empleo e ingreso de forma sustentable y permanente; aseguraremos la atención a la población más pobre del campo (población indígena, jornaleros y avecindados); orientaremos programas y subsidios gubernamentales al campo para evitar su carácter regresivo.
Otras propuestas que hace el PRI pero sin argumentar; sólo como un largo rosario de promesas son generar mayor infraestructura y equipamiento para producción, almacenamiento y transformación de la producción primaria; impulsar la modernización del sector rural apoyando la difusión de nuevas técnicas y procesos productivos; asistencia técnica a pequeños y medianos productores: incorporación de tecnologías modernas y adecuadas de siembra; programas de fertilización; fomentar la organización de los productores para tecnificar la agricultura y comercializar sus productos, así como la incorporación de mejoramientos genéticos; ampliación y rehabilitación de la infraestructura de riego para mejorar la productividad de los pequeños productores; rehabilitación de los distritos de riego para disminuir drásticamente la pérdida actual de agua generada por falta de tecnología de costo accesible y alta rentabilidad; apoyo al suministro de combustibles y energía eléctrica aplicada a la producción a tarifas adecuadas, y generación de proyectos productivos integrales de impacto alimentario y generación de empleos e ingresos en zonas de alta marginación, entre otros.
El campo en méxico, la gran esperanza: Seguridad alimentaria, rentabilidad y sustentabilidad
| Con la intención de contar con las propuestas
priistas de política pública para
el campo y reflexiones al respecto, La
Jornada del Campo buscó una entrevista
vía el equipo de prensa de Enrique
Peña Nieto, pero ésta no fue posible.
Por ello, decidimos reproducir aquí los
planteamientos que este candidato
expresa en el libro que se le atribuye:
México, la gran esperanza (diciembre
2011, editorial Grijalbo). |
|
|
Las preocupaciones principales de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI-Verde Ecologista, en materia de política rural son: la pobreza extrema, la seguridad alimentaria, la migración internacional y el calentamiento global. Estos son grandes desafíos, dice en su libro México, la gran esperanza, y por eso, agrega, “hoy más que nunca es fundamental revalorar la importancia del campo” e impulsar su reactivación, con mecanismos tales como la renovación generacional de los campesinos, el aumento de empleos e ingresos rurales, la reconversión productiva hacia cultivos de mayor valor; el aprovechamiento de la tecnología para producir más, y el reordenamiento de los asentamientos rurales para permitir el acceso a servicios a la población rural.
FOTO: Archivo |
Peña Nieto reconoce que la población rural está en desventaja frente a la urbana en el goce de los derechos de acceso efectivo a la salud, educación de calidad, seguridad social, una vivienda digna y trabajo, lo cual les impone la pobreza o la migración y eso “es insostenible” e implica desaprovechar el potencial productivo de estas personas y de los recursos naturales, así como acentuar nuestra dependencia alimentaria del exterior en el momento mismo que los precios de los alimentos tienden al alza.
Su propuesta es “construir una política de Estado de largo plazo que incluya a gobierno, centros de investigación, organizaciones campesinas, productores y comercializadores”, para alcanzar cinco objetivos: justicia, productividad, rentabilidad, sustentabilidad y seguridad alimentaria.
En resumen, el libro plantea alcanzar la justicia con seguridad social universal que garantice un piso mínimo de protección ante enfermedades, el desempleo y la vejez. Dice que ello incentivará el relevo generacional de propietarios de tierra en edad avanzada para quienes su parcela es su única “pensión”, contribuyendo a retener en el campo a la población más joven, emprendedora y propensa a migrar.
También propone la generación de empleos locales y elevar los ingresos rurales. Para eso, habla de impulsar la penetración de servicios financieros en los sectores productivos rurales, como el agropecuario, mediante esquemas innovadores de crédito, fomento al ahorro y seguros. Y propone –como desde hace ya varios sexenios los políticos lo dicen– la asociación y cooperación entre pequeños y medianos productores para superar la baja productividad del minifundismo y generar economías de escala. También prevé un reacomodo de los subsidios gubernamentales al campo “para que lleguen a los pequeños productores con menores recursos”.
FOTO: Archivo |
“Es necesario revertir la tendencia actual de tratar a los campesinos como ‘pobres’ y no como ‘productores’. Es decir, los pequeños productores sí reciben apoyos gubernamentales para mitigar la pobreza, pero no son beneficiarios de programas productivos para generar riqueza”.
En el punto de rentabilidad, habla de generar articulación entre los eslabones de las cadenas productivas, y consolidar un sistema de información de precios del mercado accesible a todos los productores, a fin de inducir la reconversión productiva de cultivos de poco valor comercial hacia los de mayor rentabilidad.
En cuanto a la sustentabilidad, sugiere que, de ganar el PRI la Presidencia, se impedirá que los rendimientos de las cosechas se incrementen “a costa de la destrucción de bosques y selvas”; la mayor productividad será por medio de la innovación científica, tecnológica y organizativa, donde la ampliación de los sistemas de irrigación vaya acompañada del uso eficiente del agua y se fortalezcan las actividades productivas alternas al sector agropecuario, como el turismo, el comercio de artesanías, la gestión forestal sustentable y el pago por servicios ambientales.
Sobre garantizar la seguridad alimentaria, dice que es algo indispensable para el bienestar de todos los mexicanos y además “condición fundamental para la soberanía y la estabilidad política y social del país”. El libro que firma Peña Nieto presume lo que han hecho países latinoamericanos como Chile y Brasil: “han aprovechado la creciente demanda internacional de materias primas a su favor. Brasil, por ejemplo, que desde hace décadas invierte de manera prioritaria en el desarrollo y la aplicación de tecnología agrícola, pasó de ser un país importador neto de alimentos a convertirse en un exportador agroindustrial líder en el mundo. Hoy en día, Brasil tiene relación con mercados como la Unión Europea, China, Estados unidos y Japón, y el sector agroindustrial es un importante motor de su economía, aportando 225 por ciento del PIB y empleando a uno de cada tres trabajadores brasileños”.
FOTO: Archivo |
El libro toca el tema rural también en su apartado de pobreza. Allí plantea que “una solución a fondo contra la pobreza extrema es evitar la dispersión poblacional”, fenómeno predominante en el medio rural. Cita el Censo de Población 2010 para decir que más de 2.2 millones de mexicanos viven en más de 120 mil localidades de menos de cien habitantes. “Esto significa que en promedio cada localidad tiene 18 habitantes”. Esto dificulta –y a veces imposibilita– la prestación de servicios básicos a esta población, encarece su consumo y la excluye de mercados (laborales, financieros, de bienes y servicios) en perjuicio de su bienestar.
Por ello, dice, es importante ofrecer a la población actualmente aislada de los centros de servicios la oportunidad de acceder a ellos a través de la creación de nuevos asentamientos rurales que reúnan a las familias hoy dispersas. “En estas comunidades sería posible llevar al campo los beneficios asociados a la urbanización y a la expansión de las clase medias, como los servicios de agua, hospedaje, hospitales con equipo y recursos humanos suficientes y escuelas equipadas y conectadas a internet. Además, la integración de familias crearía un mercado que abriría oportunidades de ingreso a muchos de sus habitantes, quienes tendrían más alternativas productivas sin necesidad de abandonar las previas”. |
|
|
