Laicismo: cinco tesis

El debate sobre la relación entre el laicismo y la sociedad democrática actual viene ya siendo vivo en los últimos tiempos y probablemente cobrará nuevo vigor. En cuestiones como ésta, en que la ceguera pasional lleva a muchos a tomar por enemistad diabólica con Dios el veto a ciertos sacristanes, conviene clarificar los argumentos. A ello quisieran contribuir las tesis siguientes, que no pretenden inaugurar mediterráneos, sino sólo ayudar a no meternos en los peores charcos.
1) Durante siglos, ha sido la tradición religiosa –institucionalizada en la iglesia oficial– la encargada de vertebrar moralmente las sociedades. Pero las democracias modernas basan sus acuerdos axiológicos en leyes y discursos legitimadores no confesionales, es decir, discutibles y revocables. Este marco institucional secular no excluye ni mucho menos persigue las creencias religiosas: al contrario, protege a unas frente a las otras. En la sociedad laica, cada iglesia debe tratar a las demás como ella misma quiere ser tratada... y no como piensa que las otras se merecen.
2) En la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse. De modo que es necesaria una disposición secularizada y tolerante de la religión, incompatible con la visión integrista que tiende a convertir los dogmas propios en obligaciones sociales. Lo mismo resulta válido para las demás formas de cultura comunitaria, aunque no sean estrictamente religiosas, tal como dice Tzvetan Todorov: “Pertenecer a una comunidad es, ciertamente, un derecho del individuo pero en modo alguno un deber; las comunidades son bienvenidas en el seno de la democracia, pero sólo a condición de que no engendren desigualdades e intolerancia” (Memoria del mal).
3) Las religiones pueden decretar para orientar a sus creyentes qué conductas son pecado, pero no están facultadas para establecer qué debe o no ser considerado legalmente delito. Y a la inversa: una conducta tipificada como delito por las leyes en la sociedad laica no puede ser justificada, ensalzada o promovida por argumentos religiosos de ningún tipo ni es atenuante para el delincuente la fe (buena o mala) que declara. Son las religiones quienes tienen que acomodarse a las leyes, nunca al revés.
4) En la escuela pública sólo resulta aceptable como enseñanza lo verificable (es decir, aquello que recibe el apoyo de la realidad científicamente contrastada) y lo civilmente establecido como válido para todos (los derechos fundamentales de la persona constitucionalmente protegidos), no lo inverificable que aceptan como auténtico ciertas almas piadosas. La formación catequística de los ciudadanos no tiene por qué ser obligación de ningún Estado laico, aunque naturalmente debe respetarse el derecho de cada confesión a predicar y enseñar su doctrina a quienes lo deseen. Eso sí, fuera del horario escolar.
5) Se ha discutido mucho la oportunidad de incluir alguna mención en el preámbulo de la Constitución de Europa a las raíces cristianas de nuestra cultura. Dejando de lado la evidente cuestión de que ello podría implicar la inclusión explícita de otras muchas raíces e influencias, dicha referencia plantearía interesantes paradojas. Porque la originalidad del cristianismo ha sido precisamente dar paso al vaciamiento secular de lo sagrado, separando a Dios del César y a la fe de la legitimación estatal, es decir, ofreciendo cauce precisamente a la sociedad laica en la que hoy podemos ya vivir.
Coda y final: el combate por la sociedad laica no pretende sólo erradicar los pujos teocráticos de algunas confesiones religiosas, sino también los sectarismos identitarios de etnicismos, nacionalismos y cualquier otro que pretenda someter los derechos de la ciudadanía abstracta e igualitaria a un determinismo segregacionista. Por lo demás, la mejor conclusión teológica o ateológica que puede orientarnos sobre estos temas se la debo a Gonzalo Suárez: “Dios no existe, pero nos sueña. El Diablo tampoco existe, pero lo soñamos nosotros” (Acción-Ficción).

* Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Versión editada del artículo del mismo nombre, publicado el 3 de abril de 2004, en el diario El País.

S U B I R