La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, afirmó que la investigación en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington, Manuel Cavazos y Eugenio Hernández está por concluir y en pocas semanas se darán a conocer los resultados, aunque también aceptó que el Ministerio Público no ha solicitado que rindan declaración sobre los presuntos delitos que se les imputan.

Entrevistada de manera atropellada antes de que recibiera la medalla Doctor Fernando Castellanos Tena, otorgada por los Colegios de Profesores en Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, la funcionaria dijo que la indagatoria está en curso y rechazó que existan tintes políticos.

Asimismo, anunció que en breve la PGR informará de la investigación que se sigue en contra del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, por el endeudamiento de su entidad y la falsificación de documentos para obtener créditos ilegales por más de 31 mil millones de pesos.

Morales Ibáñez recibió el reconocimiento de la Facultad de Derecho al igual que el procurador mexiquense, Alfredo Castillo, y el ex procurador y actual candidato de la izquierda a jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.

Durante su discurso, tras la imposición de la medalla, la procuradora recordó que el jurista Castellanos Tena, maestro emérito y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que en los estados democráticos, el orden social ha de darse en un marco de certidumbre que impida el empleo discrecional de la fuerza pública.

Agregó que una justicia politizada, dirigida o presionada desde el poder, es propia de los regímenes autoritarios, no de los democráticos, por lo que las normas del derecho penal sustantivo no deben aplicarse en forma arbitraria o caprichosa, sino de modo sistemático y ordenado.

Para concluir, Morales refirió que “no se puede ni se debe aceptar como argumento para aplicar la ley la violación a ésta y a los derechos humanos, pero tampoco se puede concebir que el Estado y sus autoridades dejen a su suerte a los ciudadanos en manos de criminales; esa es la peor de las cobardías.

Es por ello que estoy convencida de que las acciones del gobierno en la lucha contra la delincuencia son legítimas, ya que están encaminadas a brindarles seguridad a los ciudadanos.