El próximo lunes vence el plazo que dio el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicos Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) a los afiliados que obtuvieron un crédito por un monto superior al que les tocaba. No existe ningún acuerdo para que el organismo se desista de las más de mil denuncias penales que interpuso en contra de los empleados, ni para que éstos paguen la demasía.

Integrantes de la Unión de Trabajadores Afectados por Fovissste denunciaron que sus propuestas ni siquiera han sido escuchadas por las autoridades, que más bien se empeñan en sacarnos el dinero que otros se llevaron.

En conferencia de prensa, representantes de la organización comentaron que el pasado 17 de enero se reunieron con el vocal ejecutivo de Fovissste, Manuel Pérez Cárdenas, y algunos de sus colaboradores. Dijo que hasta ese día, únicamente 80 acreditados habían cubierto la demasía. Reconocieron que la estrategia de criminalizar a los trabajadores no funcionó como se esperaba.

Sin embargo, el funcionario tampoco aceptó que, con base en la ley, se restructure la deuda de los empleados, cuyos comprobantes de ingresos fueron alterados a fin de que pudieran obtener créditos hipotecarios por un monto superior. Los afectados aseguraron que el fraude lo cometieron los constructores de las viviendas, las sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles), las notarías e incluso representantes sindicales que gestionaron y tramitaron los préstamos. Nosotros sólo entregamos los originales de los documentos que nos pidieron.

Los afectados comentaron que presentaron varias alternativas, una de las cuales es que el fondo tome como pago de la demasía lo que se ha pagado durante los años pasados (desde 2008), para los empleados demandados penalmente, y el saldo se restructure con base en el salario actual de los acreditados.

Otra posibilidad es que el fondo acepte la reducción de la tasa de interés de 6 por ciento que pagan actualmente los empleados, a 4 por ciento, que es lo mínimo permitido por la ley, con la finalidad de que alcancen a cubrir la totalidad del adeudo en el plazo de 30 años máximo que también marca la legislación.

La unión sabe que la junta directiva de Fovissste tomó algunas decisiones a mediados de esta semana, pero hasta ayer el organismo no les había informado nada de manera oficial. En apariencia se trata de ampliar a 25 años el plazo máximo para que se cubra la demasía, pero “eso significaría que aceptáramos pagar dos créditos, uno con los descuentos directos al salario –el crédito normal– y otro por la demasía y con una tasa de interés más alta”.

A la conferencia de prensa también asistió una trabajadora, quien en junio de 2011 fue aprehendida y encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla. Dijo que además de padecer los malos tratos de las y los custodios durante cinco días, para obtener su libertad condicional presentó una fianza de más de 270 mil pesos.

Pero para ello, uno de sus hermanos tuvo que hipotecar una casa y ahora tengo a mi familia encima, porque la casa se puede perder. Yo no tengo para pagar ese dinero, ni la supuesta demasía, dijo.