El resultado de los peritajes que realiza el Ministerio Público Federal en torno a lo sucedido el lunes pasado en la Autopista del Sol, en inmediaciones del municipio de Chilpancingo, cuando policías federales y locales del estado de Guerrero desalojaron violentamente una protesta de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y dos de los manifestantes fueron asesinados, tardarán al menos dos semanas, debido a que no se localizó ninguna ojiva en el lugar, y ahora se trabaja con exámenes a las 120 armas que portaban los agentes policiacos, revelaron mandos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los funcionarios consultados indicaron que uno de los estudiantes fue abatido de un tiro en el cuello y el otro por un impacto en la cabeza, pero hasta el momento no se han determinado los calibres de los proyectiles, por lo que se trabaja en la identificación de la huella balística de cada pertrecho y de los agentes que accionaron sus armas. Además se prevé que para esclarecer la actuación y responsabilidad de cada elemento federal, ministerial o de seguridad pública local, en los próximos días se realizará una reconstrucción de hechos.

La PGR recibió hasta después de las 18 horas del martes las primeras muestras para iniciar los trabajos de identificación balística, y de acuerdo con los funcionarios entrevistados la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, comenzó a integrar la averiguación previa BRA/SC/06- /2743/2011, y en ella las primeras declaraciones de policías que intervinieron en el operativo y a dar fe de la toma de muestras de absorción de pólvora en aquellos que se considera accionaron sus armas de cargo.

La investigación, indicaron los entrevistados, requerirá muchos análisis y estudios de gabinete, que correrán a cargo de la Dirección General de Servicios Periciales, dada la complejidad de lo sucedido y luego que la primera revisión del video difundido por las autoridades del estado de Guerrero no aporta información de quién abrió fuego contra al menos uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y que fueron asesinados presuntamente por policías que participaron en el desalojo, sin que se haya determinado jurídicamente y pericialmente alguna responsabilidad.

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad Pública federal sostenía mediante una infografía que agentes de la Policía Ministerial de Guerrero habían sido los causantes de uno de los decesos, en tanto que las autoridades locales mantenían su postura de que los elementos de la Policía Federal cometieron abusos y también habían accionado sus armas.