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Deben protegerse derechos de toda la población, dice a universitarios la ministra de la SCJN

Requiere México medidas drásticas para recuperar la paz social: Sánchez Cordero
 
Periódico La Jornada
Viernes 11 de noviembre de 2011, p. 14

México atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia: crisis en la seguridad nacional, altos niveles de delincuencia y la cada vez más dura y acérrima lucha contra el crimen organizado, que hacen urgente tomar decisiones para recobrar la paz social que tanto anhelamos.

Aseveró lo anterior la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero, quien consideró que se requieren medidas drásticas, pero dentro del marco de un Estado constitucional, democrático y social de derecho en el que se tutelen y protejan las garantías fundamentales de toda la población.

Al dictar ayer una conferencia en el tercer Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación, la ministra añadió que la recomposición social que necesita México no es cosa fácil, tampoco será algo a corto plazo. Se requiere –dijo– del esfuerzo y la participación de todos los actores políticos y sociales, a todos los niveles.

Ante jóvenes universitarios de instituciones públicas y privadas del país, indicó que frente a la situación de inseguridad general que vivimos, no se trata de asumir una postura fatalista, sino de despertar y tomar medidas drásticas, pero dentro de lo estrictamente necesario, para afrontar la grave situación que vivimos como colectividad, actuando de manera valerosa.

Se trata –dijo– de sanear y remover los elementos que están descomponiendo a nuestro país y evolucionar para lograr lo que al final aspiramos, que es la paz, la vida, la seguridad, la tranquilidad y la felicidad.

Destacó la reciente reforma al artículo primero constitucional, que establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y los tratados internacionales firmados por México, así como el fallo de la SCJN en el caso Rosendo Radilla, producto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de este luchador social guerrerense en la década de los 70 del siglo pasado.

Dijo que a partir de ahora, los jueces locales y federales están facultados para no aplicar leyes que contravengan los derechos humanos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales, y en lugar de ello aplicar directamente la Carta Magna.