A poco más de tres meses de que concluya su proceso de restructuración interna, después del cual se hará cargo de supervisar la protección de datos personales en manos de las empresas privadas del país, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) está prácticamente listo para asumir esta nueva facultad, y equilibrarla con la de lograr mayor transparencia en las diversas entidades del sector público.

Así lo afirmó en entrevista con La Jornada la comisionada presidenta de ese organismo, Jacqueline Peschard, quien habló también sobre los pendientes para lograr una mayor cultura institucional de rendición de cuentas en México, y sobre la aparente falta de interés del Poder Legislativo por abonar a dicha tarea.

Luego de que en julio del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Protección de Datos Personales, que otorgó al Ifai la atribución de regular información que controlan diversas empresas con fines comerciales, el instituto se lanzó a un proceso de restructuración y capacitación para todo su personal, de forma que éste conozca a fondo la nueva disposición y su reglamento, que debe estar listo a finales de este año, explicó Peschard.

El hecho de que el Ifai se encargue ahora de vigilar a las compañías privadas, además de propiciar la transparencia de las entidades de gobierno, ha sido un reto importante. Ya nos cayó la fecha clave (enero de 2012), pero logramos pasar este proceso con los mismos recursos que teníamos, si bien la Cámara de Diputados aprobó un aumento de 190 millones de pesos al presupuesto del organismo, con miras a terminar dicha tarea, sostuvo.

Legislación flexible

Este proceso, indicó la funcionaria, ha generado ciertas resistencias de algunos integrantes del sector privado, quienes preferirían autorregularse en vez de tener que obedecer una reglamentación federal sobre el tema, pero la ley es bastante flexible en ese sentido, ya que el Legislativo se propuso equilibrar la transparencia y la difusión de datos, con el fin de no obstaculizar tampoco las actividades económicas de las empresas.

Las nuevas disposiciones legales, indicó Peschard, también implican una mejor capacitación de los ciudadanos, puesto que ahora deben tomar en cuenta los riesgos de no cuidar sus datos personales.  

Uno de los retos principales de la ampliación de facultades del instituto, dijo, es no descuidar la parte de la transparencia, e incluso pugnar por que se avance hacia la rendición de cuentas y la evaluación de resultados de las políticas públicas.

Con todo y sus limitaciones, la Ley Federal de Transparencia (LFT) ha servido para que más de 98 por ciento de los sujetos obligados obedezcan las resoluciones del Ifai, puntualizó su comisionada presidente, si bien hay entidades gubernamentales –sobre todo la Procuraduría General de la República– que han sido muy renuentes a hacerlo.

Nos falta mucho para lograr una cultura de la transparencia en los servidores públicos. Todavía tenemos una cultura de la informalidad, cuando todas las tareas de un servidor público tendrían que documentarse. No sólo las decisiones que tomó, sino la forma en que llegó a ellas.

Una clara muestra es que todavía no existe en el país una ley de archivos, lo que impide saber con claridad cómo manejar ciertos documentos oficiales. Ya hay una minuta de ley en la Cámara de Diputados desde hace un año, y es un tema en el cual difícilmente alguien estaría en contra, pero hasta el momento sigue atorada, lamentó.

Lo mismo ocurre con las necesarias modificaciones a la LFT, que fortalecerían la labor del instituto. El tema quedará opacado por el presupuesto y los consejeros electorales, pero hay que seguir empujando en esto y no dividir nuestro trabajo, alertó.