José Luis Soberanes Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostiene que la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Pro-Víctima) no tiene sustento legal y puede ser impugnada por el Congreso, es decir, puede recurrir a la vía de inconstitucionalidad, porque el presidente Felipe Calderón invadió las facultades de los legisladores.

Incluso, la propia CNDH podría impugnarla por la vía constitucional, porque las funciones que desempeñará ya existen en otras dependencias. El Presidente creó una nueva dependencia como si nos sobrara el dinero.

Especialista en derecho constitucional, Soberanes Fernández asevera que esa nueva instancia que por decreto creó el presidente Calderón es un mamotreto y un elefante blanco, como muchos que ha creado este gobierno sólo con fines mediáticos. Esto obedece a que el presidente Calderón está en campaña de cara a las elecciones de 2012.

Cuestiona el ex ombudsman nacional: ¿por qué recurrió a un decreto para crear la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, y no a través de una iniciativa de ley que le diera sustento legal, ya que el Congreso debería aprobarla, rechazarla o modificarla? Se fue por la vía fácil, por eso digo que es una respuesta meramente mediática.

Sin interés de hacer justicia

Desde su creación –agrega–, vía decreto, se nota que no existe un interés real del Ejecutivo en apoyar y hacer justicia a las miles de víctimas que hoy existen en el país producto de la guerra contra el crimen organizado. Es una mera salida.

Insiste: ¿por qué acuso esto?, porque ya se sabe que un decreto puede fácilmente ser derogado por el mismo Ejecutivo o por el próximo presidente, ya que no se trata de una ley; con ello no está garantizada la continuidad de esta instancia en el próximo gobierno. Desde mi punto de vista, fue una mera respuesta a la presión del movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia, pero no va al fondo del problema.

Abunda Soberanes: “si realmente el Ejecutivo tuviera voluntad de que se atendiera a las víctimas del delito, hubiera empezado por sancionar a los servidores públicos –policías federales, militares y ministerios públicos– que violaron derechos humanos, y ahí están las recomendaciones de la propia CNDH, que demandan reparación del daño, castigo a los responsables e insta a fincarles procesos penales”.

Insiste en que Pro-Víctima es una mera salida y respuesta mediática. Esto es una llamada al fracaso, y lástima, porque a quien se nombró como titular, Sara Irene Hererrías, es una mujer inteligente, y ahí se pierde su trabajo.

La nueva procuraduría, advierte el ex titular de la CNDH, es para dar la impresión de que Calderón está preocupado en el último año de su gobierno por las víctimas, ya que en cinco años no se preocupó; entonces lo veo como una respuesta a Sicilia, por el movimiento tan fuerte que encabeza.

–¿Pro-Víctima corre el riesgo de desaparecer, como ocurrió con la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado?

–Por supuesto, porque, insisto, se crea con fines mediáticos.