l próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte, castigo excesivo, inhumano, cruel y degradante desde la perspectiva de los derechos humanos. El informe Condenas a muerte y ejecuciones 2010, publicado por Amnistía Internacional en marzo de 2011, señala que 96 países y territorios han ya abolido la pena de muerte para todos los delitos, México entre ellos, y que 34 naciones son consideradas abolicionistas de hecho. De los 58 países y territorios que la mantienen y aplican, sólo la mitad realizó ejecuciones. En 2010 se ejecutó a 527 personas en 23 países, y se dictó un mínimo de 2 mil nuevas condenas en 67 naciones. Debemos destacar que Estados Unidos (EU) es el único país del continente americano que mantiene y ejecuta la pena capital en varias de sus jurisdicciones locales, aunque en 2010, de 46 ejecuciones realizadas en ese país, 17 pertenecen sólo al estado de Texas.

Existen estudios que han señalado reiteradamente que la aplicación de este castigo en EU se hace de manera arbitraria, y que se ha condenado y ejecutado a personas cuya culpabilidad estaba en duda. Se condena a muerte a menores de edad y a personas con problemas mentales, además de que se aplica de manera discriminatoria por motivo de raza y condición social. Uno de los casos recientes fue el de Troy Davis, muy difundido en los medios de comunicación y que reabre el debate acerca de la aplicación racista de este castigo. Después de 20 años en el corredor de la muerte, Davis, de 42 años, afroestadunidense y condenado por el asesinato de un policía, fue ejecutado en el estado de Georgia el mes pasado. Ello a pesar de los indicios de su inocencia y de errores procesales cometidos durante su juicio. Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo y distintos líderes de opinión, incluidos el papa Benedicto XVI y el ex presidente Jimmy Carter, habían solicitado la conmutación de la pena.

En México diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos se han sumado a la lucha por la abolición de la pena de muerte. Una de ellas es la sección Mexicana de Amnistía Internacional, que mediante el Grupo 30 ha trabajado durante los últimos 20 años en favor de que la cancelen en todo el mundo. Amnistía Internacional México cuenta con gran número de miembros que defienden y promueven derechos humanos con su activismo. Estas personas participan de manera individual o mediante grupos, cuyo número depende del orden temporal como se crean. Así, el Grupo 30 surgió en 1991, y sus integrantes decidieron que aunque en México no se realizaban ejecuciones, era necesario borrar todo vestigio de este castigo en nuestra Constitución. Para ello se dieron a la tarea de elaborar documentos y realizar acercamientos con legisladores, a fin de impulsar, junto con otras organizaciones, la reforma constitucional que eliminó la pena de muerte del artículo 22.

Durante muchos años el Grupo 30 ha realizado actividades de educación y promoción de los derechos humanos y por la causa abolicionista, así como encuentros con organizaciones sociales, representantes gubernamentales, del sector académico y autoridades de otros países. Se ha dado también a la tarea de apoyar acciones en favor de cancelar la pena de muerte en los diversos países en que aún se aplica. Estados Unidos ha sido uno de sus países prioritarios por las razones ya mencionadas. A ello se suma la importancia del tema de la pena de muerte en la ya de por sí compleja relación México-Estados Unidos. Resulta que en aquella nación se encuentra 98 por ciento de los mexicanos en el extranjero. Y que entre 40 y 50 por ciento de los extranjeros condenados a muerte en EU son personas de origen mexicano. Motivo por el cual nuestro gobierno solicitó en 1999 una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la protección consular en casos que involucran la aplicación de la pena de muerte a extranjeros en EU. Como se sabe, la Corte emitió un fallo favorable para México, y posteriormente el Estado mexicano demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el Caso Avena y otros nacionales mexicanos. La CIJ reconoció que EU había violado el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Derechos Consulares, y que con ello había negado a México su derecho a defender a sus connacionales, y a éstos su derecho a disfrutar de la notificación consular y, por ende, a la protección de su gobierno. Aunque el gobierno del entonces presidente George W. Bush reconoció el fallo de la CIJ, el estado de Texas llevó el asunto ante la Suprema Corte de Justicia estadunidense, que anuló la orden del presidente Bush.

Ello en contra de lo que dicta el derecho internacional y la Convención de Viena sobre la obligación de los tratados. En julio de este año otro mexicano, Humberto Leal, fue ejecutado en Texas, a pesar de las solicitudes del gobierno mexicano, organismos de derechos humanos y del presidente Barack Obama de conmutar la pena; y nuevamente en contra de la sentencia de la CIJ en el caso Avena. A la fecha suman ocho los mexicanos ejecutados en Estados Unidos. Es evidente que aún existe mucho camino por recorrer para lograr la abolición mundial de la pena de muerte. Debemos tener cuidado de que en el contexto de las elecciones presidenciales en México no se recurra de manera irresponsable, desinformada y electorera en favor de la pena de muerte, como lo está queriendo volver a hacer, sin reparo alguno, uno de los partidos políticos.