Sucumbíos, Ecuador. A cuarenta años de su inicio, uno de los mayores crímenes ambientales sigue impune. Está asociado a la ciudad de Lago Agrio y la cuenca del río Aguarico, en la Amazonia norte, a escasos kilómetros de la frontera con Colombia. La explotación petrolera que emprendió Texaco (hoy Chevron) desde los años 70 dejó una devastación que nunca fue reparada.

La trasnacional petrolera sigue en batalla legal para eludir sus responsabilidades, y hoy pelea judicial y mediáticamente no sólo contra la población afectada, también con su ex aliado, el gobierno ecuatoriano. Esto, desde que los tribunales de la provincia de Sucumbíos dejaron de dar la razón a Chevron, la cual ha trasladado el litigio a los tribunales estadunidenses, pretendiendo ponerlos por encima de la justicia de una nación soberana.

Ermenegildo Criollo, jefe del pueblo cofán (a’i en su lengua), tenía seis años en 1964, cuando llegó Texaco. Hoy representa a su comunidad, Dureno, en la ya larga y tortuosa lucha por la reparación del daño infligido por la petrolera en sus tierras. A partir de 1967, la explotación contamina a todas las nacionalidades indígenas que vivimos aquí, expresa. Hasta hoy persiste una estela de padecimientos (cáncer, malformaciones congénitas, abortos, enfermedades crónicas y de la piel, muerte súbita) dejada por la negligencia de Texaco entre 1974 y 1992.

“No hablamos español todavía. Los americanos nos dieron comida, quesos, diesel; botamos los quesos en la selva, no los conocemos. Después de unos meses, las manchas de petróleo. Abandonamos la comunidad, todo se llenó de petróleo. La compañía se extendió más dentro en la selva. Empiezan las enfermedades.”

Durante un amplio recorrido por la región intoxicada, La Jornada visita con Criollo el pozo Lago Agrio 01, el origen de la desgracia. El primer chorro de petróleo tuvo 160 metros de alto, recuerda. Los gringos de la compañía lo celebraron bañándose en el petróleo. Más de cuatro décadas después, ahora bajo la escudería Chevron, los culpables siguen peleando en los tribunales contra los cargos por su conducta irresponsable durante 26 años de extracción petrolera, dejando un daño ambiental comparable –y con ventaja según sus críticos– al derrame de British Petroleum en el Golfo de México.

Texaco llegó a instalar 15 campos petroleros, 18 estaciones de separación, 339 pozos. Y dejó allí todo su tiradero al irse en 1992, de lo cual fue exonerada generosamente por el gobierno ecuatoriano en 1995. Todo el tiempo de su depredación, la empresa contó con el respaldo de los gobiernos nacionales, militares o civiles, y el respaldo del ejército ecuatoriano, que se asentó en toda el área para proteger los pozos de Texaco.

Con el petróleo no sólo llegó la militarización a la selva de Sucumbíos. Para los indígenas llegaron los desalojos, los predicadores y el Instituto Lingüístico de Verano, que reclutaría a Ermenegildo Criollo antes de que su pueblo, y los sionas, secoyas, hoaroani, kichwa y shuar, se percataran de lo que les vino encima. Sionas y secoyas casi se extinguieron. Ahora, Criollo ha viajado a Luisiana para hablar con los damnificados de Deepwater Horizon. Y encontró que la gente de Estados Unidos no tenía la menor idea de lo mal que se pone el daño.

Donald Moncayo, nacido en Lago Agrio y activista ambiental, resume el cataclismo que se abatió sobre la región. En 1970 empieza la colonización de Nueva Loja, lo que hoy se conoce como la ciudad de Lago Agrio, bautizada así por los petroleros yanquis en referencia a Sour Lake, viejo campamento suyo en Texas. El gobierno de Ecuador reparte tierras para gente de todo el país y promueve la colonización. En ese entonces se extiende la guerra en el sur colombiano, donde la petrolera tiene pozos. El gobierno decidió proteger a la petrolera con la colonización. Moncayo es hijo de esa colonización.

Decenas de miles colonos y todos los pueblos indígenas (desplazados también por los recién llegados) siguen damnificados. Pero resisten activamente. Criollo perdió en 1985 un hijo, nacido con graves malformaciones, y otro murió envenenado luego de nadar en un río contaminado. En 1993 comienza a luchar por su pueblo.

Moncayo señala que el petróleo contiene 2 mil componentes tóxicos, y que lo ocurrido en Lago Agrio es un extremo de descuido y voracidad extractiva. Diversos estudios (Amazon Watch, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos) han calculado que los esteros y ríos de la Amazonia en Sucumbíos y Orellana fueron contaminados con 17 millones de galones de petróleo, 19 mil millones de galones de agua de formación en un área inmensa de pantanos, lagunas y ríos, y 20 millones más de agua tóxica derramada en unas 950 piscinas a cielo abierto. Y los mecheros que arden día y noche destruyen la biodiversidad sin pausa.

En 1992 Texaco salió de Ecuador, luego de extraer mil millones de barriles de crudo, y sin haber reinyectado toda esa agua envenenada, según es regla desde hace más de medio siglo en todo el mundo. Texaco-Chevron, dice Moncayo, ha gastado millones de dólares en médicos, abogados y especialistas para desmentir y enmascarar los resultados epidemiológicos y ambientales. Lo irónico es que la tecnología de reinyección fue desarrollada precisamente por Texaco y hacia 1960 ya era aplicada en todo Estados Unidos.

Fue una invasión. Los trabajadores de Texaco venían de otras partes, sin vínculos con las comunidades, y los técnicos se alojaban en las bases militares que llegaron con ellos. Juntos arrasaron y avanzaron en la selva.

La defensa de Lago Agrio ha ganado importantes aliados, como Sting, figuras hollywoodenses y organismos internacionales, pero la agresividad jurídica de Chevron es sostenida, como refrendó este 31 de agosto desde su cuartel general en San Ramón, California, al celebrar que un tribunal administrado por la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, otorgara a la empresa 96 millones de dólares en una demanda contra Ecuador relacionada con las antiguas operaciones de Texaco, actualmente subsidiaria de Chevron. Dicho tribunal determinó que las cortes de Ecuador violaron las normas de derecho internacional al demorar de manera significativa los fallos en ciertas disputas comerciales entre la empresa y el gobierno ecuatoriano.

El poderoso juez Lewis Kaplan, de Nueva York, es otro aliado de Chevron. Según Luis Yanza, coordinador de la Asamblea de Afectados de Texaco, se trata de una situación extraordinaria, en la cual un juez estadunidense expresa un abierto desprecio por el sistema legal de un aliado y socio comercial de Estados Unidos, menosprecia a los ciudadanos que luchan para obtener justicia, e intenta ejercer jurisdicción por encima de los tribunales de nuestro país en una clara violación al derecho internacional.

Chevron-Texaco vio complicarse el escenario cuando el 14 de febrero de este año la corte de Sucumbíos falló en favor de 30 mil afectados que llevan la causa contra la trasnacional que ahora también se enfrenta con el gobierno de Rafael Correa y la justicia ecuatoriana, no tan dóciles como antes para proteger los derechos de los inversionistas estadunidenses en la selva amazónica.