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Perú: promulga Humala ley que da más voz a los pueblos indígenas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de septiembre de 2011, p. 23

Lima, 6 de septiembre. El presidente peruano, Ollanta Humala, promulgó este martes una ley que busca darle más voz a los pueblos indígenas frente al desarrollo de proyectos mineros y energéticos.

Humala firmó la ley en la localidad selvática de Bagua, un lugar emblemático tras de que hace dos años murieron allí más de 30 indígenas durante una protesta contra leyes que promovían la explotación de los recursos naturales sin consulta a las etnias.

Hoy estamos dando un paso importante, lo que es la construcción de una nación, de una república, dijo Humala en discurso transmitido por la televisión estatal, ante cientos de indígenas muchos de ellos con trajes típicos.

Analistas creen que la ley debería frenar el malestar social de las etnias, golpeadas por la pobreza pese a que viven en zonas de vastas reservas naturales y de millonarias inversiones extranjeras.

Perú tiene proyectos por unos 50 mil millones de dólares en la próxima década, que podrían ir a otros destinos si persiste el rechazo de pobladores irritados por no sentir los frutos de la bonanza económica y temerosos de que afecten su medio ambiente.

Humala, un militar retirado que asumió a finales de julio, afirmó que la llamada ley de consulta previa traerá paz social y fomentaría el desarrollo y las inversiones de zonas olvidadas.

Según la ley, el gobierno y los nativos discutirán la viabilidad de un proyecto, y si no se alcanza un acuerdo corresponderá a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Empresarios mineros y energéticos apoyaron la promulgación de la ley, que aplicará parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La ley de consulta fue aprobada por el anterior Congreso pero recibió observaciones del ex presidente Alan García –un fuerte impulsor de las inversiones privadas en los sectores clave de minería y energía–, quien argumentó que la norma iba más allá al otorgar el derecho a veto a los proyectos.