A la entrada de Cherán, juno de 2011
El pulso aymara
Ni hidroeléctricas ni minas en Perú
Gianni Proiettis. Lima, Perú. Los aymaras de los Andes, un pueblo-nación dividido entre Perú y Bolivia, nunca fueron fáciles de someter. Ahora mostraron su capacidad de lucha al ganar una importante controversia: detuvieron el proyecto para una central hidroeléctrica en el río Inambari. Un decreto de la secretaría de Energía y Minas a mediados de junio anuló la concesión de la obra, que había suscitado la resistencia compacta de los habitantes del Altiplano.
Los aymaras de la región de Puno -la misma que comprende el Titicaca, el lago más alto del mundo y vital reserva de agua-, organizados en el Frente de Defensa de los Recursos Naturales del sur de Puno, comenzaron a movilizarse un mes atrás. Desde entonces, han practicado las formas duras de lucha que comparten con otros pueblos indoamericanos, como el bloqueo de las arterias viales y fluviales que atraviesan sus territorios.
Estas y otras medidas de presión sobre las autoridades –huelgas, manifestaciones, plantones, bloqueo del puente internacional del Desaguadero que une Perú con Bolivia, a orillas del Titicaca-, lograron la cancelación del proyecto, cuya realización había sido concesionada a la compañía Egasur (Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur), filial del consorcio brasileño Igesa. La central, diseñada para producir dos mil 200 megavatios, hubiera tenido un costo de 5 mil millones de dólares, pero sólo la mitad de la energía producida se hubiera quedado en Perú, lo demás se hubiera destinado a Brasil.
El subsecretario de energía, Luis González Talledo, afirmó incluso que de ahora en adelante las concesiones a empresas transnacionales tendrán que pasar por la aprobación de los pueblos afectados, a través de una consulta “libre e informada”, como lo estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El subsecretario olvidó puntualizar que una ley del Congreso, que asume el convenio 169 en la legislación nacional –aprobada luego de la matanza de Bagua en junio de 2009, con la cual el gobierno creía acallar las protestas amazónicas- fue bloqueada por el presidente Alan García y yace, en espera de revisión, en la tierra de nadie entre el Congreso y la presidencia.
Sin embargo, lo que prevalece en estos días en el amplio y compacto movimiento popular es la satisfacción de haber detenido el proyecto colosal de la central del Inambari, útil para el hambre de energía de la región, pero nefasto para el medio ambiente y las poblaciones locales.
Mauricio Rodríguez, presidente regional de Puno, se declara satisfecho por la decisión gubernamental: “El proyecto de la central hidroeléctrica hubiera no sólo dañado la seguridad y la vida de la región, también habría interferido con la autopista Interoceánica (aún incompleta, que a través de Bolivia y Brasil conecta el Pacífico con el Atlántico), que pasa justo por donde querían construir la central. Cien kilómetros de autopista hubieran acabado bajo el agua, donde hay tierras fértiles, biodiversidad y 10 mil habitantes”.
El triunfo de la resistencia popular sobre el proyecto del río Inambari, que no es definitivo, sólo una tregua temporal, no ha desmovilizado al movimiento, puesto que no renuncia a los otros dos objetivos: el saneamiento del río Ramis y la suspensión definitiva de las concesiones mineras en la región. El frente puneño no pretende eliminar todas las actividades extractivas, petrolíferas y mineras, tiene conciencia del valor del recurso. Sin embargo exige –con la fuerza que dan el derecho a la vida y la defensa del territorio- que estas actividades sean desarrolladas de manera responsable, consultando y beneficiando a las poblaciones locales con derechos históricos sobre su hábitat por ser pueblos originarios, y tratando de reducir al mínimo el impacto ambiental. Es factible, a no ser por la devastadora voracidad de las compañías transnacionales y la escasa transparencia de las concesiones.
Mientras en la provincia de Carabaya, que fue centro de la agitación en mayo, la gente celebra sin bajar la guardia y las escuelas reanudan clases, en Ayaviri, en la provincia de Melgar, comienzan huelgas y bloqueos viales para que se cancelen los permisos a tres empresas mineras.
La actitud aparentemente conciliadora del gobierno contradice lo que pasó en Lima el 15 de junio: el presidente del Frente de Defensa de Puno, Walter Aduviri, quien estaba en la capital junto con otros siete dirigentes para dialogar con el gobierno, luego de no ser recibido por ninguna autoridad se vio sitiado en unos estudios televisivos, donde había participado en un debate. Afuera, la policía pretendía detenerlo en cumplimiento de una orden judicial.
Aduviri contó con la protección del gerente de Panamericana tv y de dos congresistas recién electos, acorralado en la doble condición de líder y vocero de un movimiento, pero acusado de delitos perpetrados por manifestantes el 26 de mayo en Puno, aunque existan muchos testimonios sobre la presencia de infiltrados en aquella protesta.
Alan García, quien dejará la presidencia el próximo 28 de julio a Ollanta Humala, jugó la misma movida de hace dos años con el movimiento indoamazónico: primero invita al diálogo, luego saca las esposas. Sin embargo, las órdenes de aprehensión contra los dirigentes aymaras fueron canceladas.
“No soy un delincuente”, dijo Aduviri al abandonar la estación televisiva. “Defender los recursos naturales no es cosa de delincuentes”.
Más de doscientos militantes del Frente habían pasado la noche enfrente de la emisora para impedir la captura de su líder. Alberto Pizango, dirigente de aidesep, la mayor organización de indígenas amazónicos, llegó a expresar el apoyo del movimiento indoamazónico. Millares de simpatizantes ya preparaban manifestaciones en la ciudad de Puno en caso de que arrestaran a Aduviri.
Mientras que en Lima continuaba el diálogo entre los líderes puneños y los representantes del gobierno, éstos anunciaban la publicación de cinco decretos que, entre otras cosas, cancelaban la concesión a la minera canadiense Bear Creek en la zona de Santa Ana y ordenaban (y financiaban) el saneamiento del río Ramis. Sin embargo, el conflicto en el departamento de Puno está lejos de haberse solucionado.
El 25 de junio, miles de manifestantes contra la minería ocuparon el aeropuerto en Juliaca (Puno) un día después de que la policía antidisturbios mató a cinco activistas. Horas antes de la ocupación, el gobierno revocó el permiso a Bear Creek, en un intento por convencer a los indígenas de suspender las protestas, que se han extendido por más de un mes. La minera anunció que demandará al gobierno peruano para recuperar su concesión. Los indígenas insistieron en su derecho a aprobar o rechazar las operaciones de minería en sus comunidades, denunciaron a las empresas por la contaminación y advirtieron que seguirán resistiendo la industria minera.
Gianni Proiettis, periodista italiano de Il Manifesto, capturado en Chiapas por el gobierno mexicano hace pocos meses, y deportado.
